El Congreso avanza sobre la Ley de Tierras y abre la compra extranjera - Informe Digital
El proyecto elimina topes y cupos para extranjeros y reaviva la disputa por soberanía, agua y control ambiental.
El Gobierno argentino envió al Congreso un proyecto para reemplazar la actual Ley de Tierras y levantar las restricciones a la compra de grandes extensiones rurales por parte de extranjeros. La discusión pone en juego el control sobre la tierra, el agua y el alcance real de la reforma en un país donde la cuestión territorial sigue siendo sensible.
Diego Morales, director de litigio del CELS, explicó en Infobae A las Nueve que la norma sancionada durante el kirchnerismo tampoco fue verdaderamente eficaz, porque ya permitía armar sociedades con argentinos como intermediarios para capitales externos.
La reforma propone eliminar el tope del 15% para la compra de tierras por extranjeros, suprimir el cupo por nacionalidad y quitar el límite de superficie por región, que hoy llega a mil hectáreas en la zona pampeana. También habilitaría la adquisición de nacientes y ojos de agua, algo que hasta ahora estaba vedado para compradores extranjeros.
El paquete legislativo incluye además cambios en la Ley de Expropiaciones. Según Morales, eso obligaría al Estado a pagar más si necesita tierras para obras de infraestructura, al tiempo que amplía la capacidad de empresas y personas extranjeras para comprar suelo rural al eliminar los límites vigentes.
Las objeciones al proyecto
Morales sostuvo que no hay una demanda relevante de inversores extranjeros que justifique la reforma. Recordó además que el registro creado por la ley nunca llegó al tope del 15% y que el esquema ya contemplaba controles considerados razonables.
Por su parte, Juan Ignacio Liebana, obispo de Chascomús y miembro de la Pastoral Social Nacional, advirtió en el streaming de Infobae que la medida pone en riesgo, también, la biodiversidad. Planteó su preocupación por el acceso a fuentes de agua dulce y por la posibilidad de que la reforma facilite proyectos extractivistas sin desarrollo local ni protección ambiental.
Morales señaló que el Estado necesita tierras para planificar proyectos económicos, pero advirtió que la propiedad comunitaria indígena está reconocida en la Constitución y que el país todavía no tiene una ley específica que la regule. Hay muchos temas asociados a vastos sectores de la población que no tienen una seguridad jurídica sobre las tierras que ocupan y en las que producen, subrayó.
Control y antecedentes de las operaciones
La aplicación de la Ley de Tierras permitió, en los hechos, mecanismos para eludir las restricciones mediante sociedades integradas por argentinos que actuaban como intermediarios.
Morales confirmó: Lo importante tal vez de la ley es que tenía un registro y en ese registro estaban identificadas a qué empresa pertenece cada una de esas tierras. Explicó que algunas compras de grandes extensiones, como las de Benetton o Lewis, se concretaron antes de la vigencia de la ley, mientras que otras fueron posteriores y recurrieron a entramados jurídicos.
El debate sobre la transparencia de las operaciones sigue abierto. Morales remarcó que el Estado puede investigar la titularidad real de la tierra usando el registro existente, aunque admitió la dificultad de detectar testaferros o beneficiarios finales en algunos casos.
En relación con la gestión ambiental y el control sobre los recursos naturales, Liebana advirtió sobre la falta de precisión de la normativa propuesta respecto de áreas sensibles como nacientes y cursos de agua. Consideró que hay que desarrollar otras capacidades de control ambiental y alertó por la reducción de recursos estatales para fiscalización y combate de incendios.
Debate político y posibles impactos
El oficialismo busca los votos necesarios para aprobar la reforma, después de retirar algunos artículos polémicos vinculados a desalojos inmediatos, en respuesta a los reclamos de organizaciones sociales y eclesiásticas. Morales confirmó que el Gobierno modificó el proyecto para limitar el juicio sumarísimo de desalojo, dejándolo restringido a casos de falta de pago y no a comunidades con ocupación histórica.
La discusión parlamentaria se da en medio de tensiones entre quienes priorizan la inversión extranjera y quienes defienden el control estatal sobre recursos estratégicos. Morales resumió el eje del debate: No es un tema con los extranjeros, sino un asunto acerca de qué quiere planificar el Estado con relación a un bien como la tierra.
El debate seguirá en el Congreso, con una sesión prevista para la semana del 13 de julio. Organizaciones sociales, referentes de la Iglesia y legisladores críticos reclaman un análisis más profundo sobre el impacto social, ambiental y económico de una reforma que podría cambiar de manera sustancial el régimen de tenencia de tierras en la Argentina.
