La AGN admitió que en ocho años no realizó ni una sola auditoría directa sobre fondos nacionales en Entre Ríos | Análisis
La Auditoría General de la Nación reveló a ANALISIS que la tarifa de Salto Grande, la deuda provincial, los programas alimentarios, las obras viales de los últimos siete años y el destino de millones de dólares de préstamos internacionales ejecutados
La AGN respondió un extenso pedido de acceso a la información pública presentado por ANÁLISIS.
La Auditoría General de la Nación reveló a ANALISIS que la tarifa de Salto Grande, la deuda provincial, los programas alimentarios, las obras viales de los últimos siete años y el destino de millones de dólares de préstamos internacionales ejecutados en la provincia quedaron, a partir de 2018, fuera de cualquier verificación del máximo órgano de control externo del Estado nacional. La AGN respondió de esta manera un extenso pedido de acceso a la información pública presentado por este medio y el resultado es, en sí mismo, una radiografía del abandono del control federal sobre la provincia.
La respuesta llegó firmada por el prosecretario legal de la AGN, Emiliano Alberto Suaya, mediante la Nota 164/26-PL, fechada el 3 de julio de 2026, en el marco de la Actuación 150/26. El propio organismo admitió la demora en contestar: la atribuyó a la "diversidad de órganos consultados atento el tenor de su consulta". Es que el pedido, formulado al amparo de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, abarcaba diez puntos: el listado completo de informes de auditoría con asiento, alcance o impacto material en Entre Ríos desde el 1 de enero de 2018; las auditorías sobre la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y la aplicación de la Ley 24.954; las obras y el mantenimiento de Vialidad Nacional sobre la red vial con asiento en la provincia; los beneficios previsionales de ANSES con domicilio entrerriano; los programas alimentarios y de asistencia social ejecutados en territorio provincial; los convenios entre la Nación y Entre Ríos; las auditorías sobre deuda pública y operaciones de crédito con impacto provincial, en particular el Bono ERF25 y los procesos de reestructuración; las obras públicas nacionales financiadas con préstamos del BID, el Banco Mundial y la CAF; el régimen previsional de los Veteranos de Guerra de Malvinas; las denuncias y comunicaciones de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas vinculadas con asuntos entrerrianos; y el Plan Anual de Acción de Auditoría vigente.
Para responder, la AGN -que preside el abogado Juan Manuel Olmos- activó toda su estructura: la Secretaría Legal y Técnica giró el requerimiento a las comisiones de supervisión y de allí bajó a gerencias y departamentos de control. El expediente que se conformó con las respuestas -remitido a este medio en varios correos electrónicos por el volumen de los archivos- permite reconstruir, pieza por pieza, qué miró y qué no miró el organismo que preside el control externo del sector público nacional respecto de una provincia que en el mismo período recibió transferencias multimillonarias, tomó y reestructuró deuda, ejecutó préstamos internacionales y atravesó dos cambios de gestión.
La confesión más nítida aparece en el memorando del Departamento de Control del Sector Comunicaciones, pero se repite con distintas palabras en casi todas las dependencias: el departamento aclaró que no posee auditorías cuyo objeto se encuentre específicamente circunscripto a la provincia y que, si bien existen informes aprobados por el Colegio de Auditores Generales que contienen referencias, datos o menciones vinculadas con Entre Ríos, "ninguno de dichos informes implicó la realización de tareas y/o procedimientos de auditoría directamente sobre dicha jurisdicción". Las referencias identificadas, explicó, "surgen accesoriamente del análisis integral realizado respecto del objeto auditado". Dicho de otro modo: cuando Entre Ríos surge en un informe de la AGN, aparece de costado, como una fila más en un cuadro de distribución geográfica de un programa nacional.
El silencio más significativo es el de Salto Grande. Uno de los puntos del pedido requería expresamente las auditorías sobre el cumplimiento de la Ley 24.954 y sobre la liquidación efectiva de la tarifa diferencial de energía que esa norma prevé para Entre Ríos, además de la aplicación del Fondo de Aplicaciones. La respuesta del Departamento de Control de los Sectores de Energía y Agua, firmada por Luciano Molluso, fue lacónica: "no obra en este Departamento información que encuadre en el requerimiento de marras". Ninguna otra dependencia del organismo aportó nada sobre el punto. La conclusión es inevitable: en al menos ocho años -y todo indica que en un plazo mucho mayor- la Auditoría General de la Nación jamás verificó si la tarifa diferencial que la ley garantiza a los entrerrianos por la energía de Salto Grande se liquidó efectivamente, ni cómo se administraron los fondos que el complejo hidroeléctrico binacional genera. Un reclamo histórico de la provincia, convertido en ley nacional en 1998, nunca tuvo control externo sobre su cumplimiento.
Algo similar ocurre con la deuda. El pedido apuntaba a las auditorías sobre operaciones de crédito con impacto en Entre Ríos, con mención expresa del Bono ERF25, el título con el que la provincia salió a los mercados internacionales y que luego debió reestructurar. El Departamento de Control de las Operaciones de Crédito Público y Sustentabilidad, a cargo de Juan Manuel Molfino, respondió que "no cuenta con la información requerida en los términos y alcances solicitados en la presentación". La única mención al ERF25 en todo el expediente aparece, paradójicamente, por la negativa: el Departamento de Control de la Seguridad Social aclaró, al repasar las auditorías del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, que en ninguno de los períodos auditados el FGS tuvo inversiones en ese bono. La reestructuración de la deuda entrerriana, uno de los procesos financieros más relevantes de la provincia en las últimas décadas, transcurrió sin que el órgano de control externo nacional le dedicara una sola actuación.
Donde sí aparecieron datos concretos -y valiosos- es en el endeudamiento con organismos financieros internacionales. El Departamento de Control del Endeudamiento con Organismos Financieros Internacionales, a cargo de María Carolina Chena, aportó un anexo con el detalle de la ejecución en Entre Ríos del préstamo BID 2851/OC-AR, el Programa Multisectorial de Preinversión IV, que financió estudios y proyectos ejecutivos en la provincia entre 2018 y 2022. Las cifras, ejercicio por ejercicio: 66.862 dólares en 2018, destinados al estudio integral de cuencas y drenajes urbanos de Diamante, al plan estratégico de turismo sustentable de Colón y al plan de desarrollo integral de Bovril; 444.671 dólares en 2019, que incluyeron los proyectos ejecutivos de agua potable, saneamiento cloacal y pluvial para los entornos de Viale y de Crespo, la factibilidad de la ampliación del Parque Industrial de Concordia y el diseño ejecutivo de la estabilización de barrancas de Hernandarias con defensa costera y conexión vial a Piedras Blancas; 78.369 dólares en 2020 y otros 57.223 dólares entre 2021 y febrero de 2022, período en el que se sumó el proyecto de agua y saneamiento del entorno de Paraná. En total, 647.127,05 dólares en estudios de preinversión ejecutados en la provincia entre 2018 y comienzos de 2022.
El dato que atraviesa todo el anexo es una frase repetida en cada ejercicio: "No incluido en muestra de auditoría". Es decir: la AGN registró los pagos, los volcó en sus informes de ejecución financiera del préstamo, pero nunca seleccionó los estudios entrerrianos para verificarlos. El caso más llamativo es el de Hernandarias: el diseño ejecutivo de la estabilización de barrancas, la defensa costera y la conexión vial con Piedras Blancas aparece facturando en cuatro ejercicios consecutivos -2019, 2020, 2021 y 2022- por un total de 219.260,03 dólares, siempre fuera de muestra. Cuatro años de pagos por un mismo estudio de preinversión, sin que nadie del control externo revisara qué se entregó a cambio ni en qué terminó el proyecto.
El mismo departamento informó otros dos frentes de financiamiento internacional con ejecución entrerriana. Por un lado, el préstamo BID 3249/OC-AR, del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos, que financió la Licitación Pública Nacional 03/2020 para la contratación del diseño, la construcción y la operación del Centro Ambiental Regional Nodo Concordia y el tratamiento del basural a cielo abierto de esa ciudad, con pagos iniciados en 2021 y extendidos hasta 2025. Por el otro, el préstamo BIRF 8093-AR, del Proyecto de Inclusión Socioeconómica en Áreas Rurales (PISEAR), con seis subproyectos de inversión rural en la provincia: comedores y equipamiento de cooperativas de pescadores de la zona sur de Concordia y de Benito Legerén, producción y agregado de valor de propóleos de la Cooperativa El Espinal, hortalizas de la Cooperativa Melibea, un proyecto de acceso a la alimentación de la Cooperativa Gurises del Barro y una sala de extracción comunitaria en Victoria. Sobre estos subproyectos, el departamento consignó que del reporte de pagos no surge que hayan sido obras públicas nacionales, aunque se identificaron como inversiones que podrían constituir obras de uso comunitario de carácter local.
Cuando la AGN sí llegó a mirar obras en Entre Ríos, lo que encontró no fue tranquilizador. El Departamento de Control del Sector de Infraestructura recordó que la Resolución 122/2022 aprobó la auditoría sobre la ex Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, con período auditado entre 2016 y fines de 2018, extendido hasta mediados de 2019 para las obras de la muestra. En esa muestra cayeron dos obras entrerrianas: las alcantarillas sobre los arroyos Coronel y Carrizo, en San José de Feliciano, con un monto de 1.226.227 pesos y un avance físico informado del 71 por ciento, y los desagües pluviales de la zona norte de Villa Elisa, primera etapa, por 2.000.000 de pesos y un avance del 35 por ciento, ambas ejecutadas por administración. El hallazgo 4.3 del informe constató una deficiente supervisión del cumplimiento y la coordinación de los planes de política hídrica nacional, así como del financiamiento, el control de marcha y la ejecución de las obras, y señaló específicamente, respecto de las dos obras entrerrianas, la ausencia del Informe Final de Obra. O sea, obras pagadas, avances parciales informados y ningún documento de cierre: el patrón que este medio viene documentando en la obra pública provincial se replica, según la propia AGN, en la nacional.
Los controles viales
En materia vial, la respuesta confirma un vacío que se superpone con los datos que ANÁLISIS ya había obtenido de la propia Vialidad Nacional. El organismo de control informó apenas dos auditorías con datos entrerrianos: la aprobada por la Resolución 204/2023, sobre la gestión de las tareas de conservación de rutas mediante el sistema de Mantenimiento por Administración, con período auditado entre enero de 2017 y marzo de 2019, que expone datos del Distrito Entre Ríos en varios cuadros y hallazgos; y la aprobada por la Resolución 16/2019, sobre el Programa 22 de Construcciones, que evaluó obras del período 2010-2015 y comentó específicamente la obra de la Ruta Nacional 127 en el tramo La Hierra-límite con Corrientes, sección kilómetro 259,27 a 292,23, expediente madre 593/12. Es decir: la gestión vial nacional en Entre Ríos posterior a marzo de 2019 -que incluye la paralización total de obras nuevas desde diciembre de 2023 y el traspaso de rutas a la Red Federal de Concesiones- no fue objeto de ninguna auditoría. Siete años de rutas nacionales entrerrianas sin control externo.
La Gerencia de Control de Transferencias de Fondos Nacionales, a cargo de Alejandro Einstoss, informó dos auditorías aprobadas sobre temáticas de interés para el pedido. La primera, por Resolución 18/24, examinó el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (PROGRESAR) en el período 2018-2019. La segunda es más reciente y más sensible: la Resolución 92/26 aprobó el informe sobre los fondos transferidos a gobiernos municipales a través del Programa 72, destinados al Plan Argentina Hace, en el ámbito del entonces Ministerio de Obras Públicas, con período auditado 2020-2022. Se trata, ni más ni menos, que del programa con el que el gobierno nacional anterior canalizó transferencias directas a municipios para pequeñas y medianas obras durante la pandemia y los años posteriores, un esquema cuya discrecionalidad en la distribución fue señalada en todo el país. El informe completo está publicado en el buscador de la AGN y su cruce con los municipios entrerrianos beneficiarios será materia de una próxima entrega.
Sobre la ANSES, el Departamento de Control de la Seguridad Social, a cargo de Javier Bosch, enumeró diez resoluciones aprobadas desde 2023 en las que Entre Ríos aparece mencionada. El patrón se repite: la provincia figura porque es una de las no adheridas al régimen previsional nacional y recibe, por el artículo 27 de la Ley 27.260 de armonización previsional, transferencias del presupuesto nacional para cubrir el déficit de su caja de jubilaciones; esas transferencias se exponen en las auditorías de las cuentas de inversión 2018, 2019 y 2020, siempre sin hallazgos. Entre Ríos también aparece en las auditorías del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los períodos 2018, 2019 y 2020-2021, porque el mutuo a la provincia forma parte de la cartera de préstamos a provincias del FGS; en el período 2020-2021, el informe registra la reestructuración de la deuda con todas las provincias. Completan la lista las auditorías del programa de créditos de ANSES, del programa de Reparación Histórica, del ATP y del IFE, donde la provincia figura en los cuadros de distribución geográfica. En ninguno de los diez informes hubo un solo hallazgo referido a Entre Ríos, lo que habla menos de la salud del sistema que del carácter tangencial de esas menciones: nadie auditó los beneficios previsionales con domicilio entrerriano, que era lo que el pedido requería. Tampoco hubo respuesta alguna sobre el régimen previsional de los Veteranos de Guerra de Malvinas y la aplicación del Decreto 509/88, otro de los puntos expresos del requerimiento.
En comunicaciones, la AGN ratificó el material que este medio ya había trabajado a partir de la respuesta del propio ENACOM: las resoluciones 115/2026 y 116/2026, sobre el ejercicio 2024 del ente, con observaciones sobre proyectos en barrios populares de varias jurisdicciones -entre ellas Entre Ríos- y sobre la penetración territorial de los controles de calidad de servicio; la Resolución 182/2024, con observaciones a la implementación de los programas financiados por el Fondo del Servicio Universal, que alcanzaron localidades entrerrianas; y la Resolución 3/2022, el informe especial sobre el estado de implementación de la Red Federal de Fibra Óptica de ARSAT, que analizó los criterios de determinación de las zonas alcanzadas. El dato nuevo es que el Plan Anual de Acción 2026 incluye dos proyectos de seguimiento de las recomendaciones sobre el Fondo del Servicio Universal y sobre la REFEFO, aún en curso, cuyas conclusiones el organismo dijo no poder anticipar.
El resto de la estructura aportó poco o nada. El Departamento de Control del Sector Transporte no elaboró informes específicos sobre la provincia y solo identificó lo que describió como datos colaterales, relativamente antiguos y dispersos: cifras del uso de la tarifa social del SUBE en Paraná en la auditoría de la Resolución 114/2021, la ubicación de Entre Ríos en el sexto lugar nacional en parque automotor de cargas en 2019 según la Resolución 146/2023, y estadísticas de pasajeros del Aeropuerto de Paraná en la auditoría sobre las líneas aéreas low cost aprobada por la Resolución 47/2024. El Departamento de Control de Ingresos Públicos informó que no registra antecedentes vinculados con el objeto del pedido desde 2018, y aclaró que el proyecto en curso sobre la gestión de las Áreas de Control Integrado, pese a que existen ACIs en la provincia, no evalúa aspectos vinculados con lo requerido. En el sector financiero, el relevamiento solo identificó las auditorías contables de rutina sobre el fideicomiso residual del ex banco provincial, bajo órbita del Banco de la Nación Argentina, correspondientes a ejercicios de la década pasada y sin señalamientos vinculados con la provincia. Los departamentos de control de gestión de la administración central, de organismos descentralizados y de transferencias a provincias respondieron, cada uno por su lado, que de sus antecedentes no surgen informes sobre los asuntos consultados.
Dos episodios del trámite interno merecen registro. El primero: la Gerencia de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos debió corregirse a sí misma. Mediante el Memorando 111/26, su titular, Martín Varela Rezzano, dejó expresamente sin efecto la respuesta que la propia gerencia había confeccionado semanas antes, tras advertir, en lo que describió como una relectura, que correspondía informar también las actuaciones con período auditado parcialmente coincidente con lo requerido. La primera versión de la respuesta, en otras palabras, era más pobre que la que finalmente llegó a ANÁLISIS, y solo el celo de una segunda lectura interna evitó que información pertinente quedara fuera. El segundo episodio es una omisión transversal: ninguna dependencia respondió el punto del pedido referido al estado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes con referencias entrerrianas -cuáles fueron cumplidas, cuáles parcialmente y cuáles incumplidas-, ni el referido a denuncias, alertas o comunicaciones de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas sobre asuntos de la provincia. Tampoco hubo una sola línea sobre programas alimentarios y de asistencia social ejecutados en territorio entrerriano, otro punto expreso del requerimiento, en años atravesados por escándalos como el de los comedores de Concordia.
Como respuesta al punto sobre la planificación, el Departamento de Planificación Operativa remitió el listado consolidado de catorce resoluciones con menciones entrerrianas y el enlace al Programa de Acción Anual 2026, publicado en el sitio del organismo. La nota de elevación final recordó, además, que todos los informes aprobados por el Colegio de Auditores Generales están disponibles en el buscador público de auditorías de la AGN.
El balance final excede el detalle de cada memorando. Entre Ríos ocupa un cono de sombra en la arquitectura del control público argentino: la AGN solo audita organismos y programas nacionales, y cuando esos programas tocan la provincia, la mención es accesoria, estadística, sin trabajo de campo; el control de los fondos nacionales una vez que ingresan al circuito provincial queda en manos del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, cuya integración y cuyos tiempos son materia conocida de esta revista. En el medio, quedaron sin auditar la tarifa de Salto Grande y su fondo de aplicaciones, la reestructuración de la deuda provincial, siete años de gestión vial nacional en rutas entrerrianas, los programas alimentarios y los beneficios previsionales con domicilio en la provincia. La Ley 27.275 funcionó: el organismo respondió, con demora reconocida pero con amplitud. Lo que la respuesta revela es que, durante ocho años, sobre buena parte de lo que la Nación hizo -y dejó de hacer- en Entre Ríos, nadie estuvo mirando.
