La Rioja y San Juan chocan por un proyecto minero de US$18.000 millones - Informe Digital
La disputa por el cobre reactivó un viejo conflicto limítrofe y abrió un cruce político que puede terminar en la Justicia.
Un proyecto minero de cobre valuado en 18.000 millones de dólares volvió a encender la disputa territorial entre La Rioja y San Juan, un conflicto histórico que ahora suma peso económico y proyección judicial. Según publicó Infobae, ambas provincias avanzaron en los últimos días con medidas legislativas sobre el área donde se desarrollaría la explotación.
La tensión creció porque la iniciativa se ubica en una zona cuya jurisdicción está en discusión desde hace décadas. Para La Rioja, parte de ese territorio fue incorporado a San Juan durante la dictadura de Juan Carlos Onganía y esa modificación nunca tuvo legitimidad suficiente.
El trasfondo cambió con la magnitud del negocio en juego. La posibilidad de una mina capaz de generar empleo, infraestructura y regalías millonarias devolvió al centro de la escena una controversia que durante años quedó relegada a ámbitos administrativos y judiciales.
En ese marco, el gobernador riojano Ricardo Quintela promulgó una ley provincial que ratifica el rechazo a los límites fijados en tiempos de facto. Luego defendió la decisión en su cuenta de X y sostuvo que la soberanía territorial de La Rioja exige una defensa irrestricta.
Del otro lado, San Juan respondió con la Ley de Desarrollo Local Minero, aprobada por su Legislatura para fortalecer la participación de trabajadores y empresas locales en los proyectos extractivos. Marcelo Orrego también salió a respaldar la norma y a marcar que la jurisdicción sanjuanina no está en discusión.
Los límites rigen hace 57 años y el propio Congreso confirmó su vigencia en 2014, planteó el gobernador sanjuanino, al rechazar que una provincia pueda modificar unilateralmente sus fronteras por ley propia.
Las diferencias se endurecieron también entre funcionarios. Desde San Juan, el jefe de asesores Rodolfo Colombo calificó la movida riojana como una bravuconada y cuestionó su sustento legal. En La Rioja, el asesor general de Gobierno, Pedro Goycochea, negó que el planteo busque una confrontación con los sanjuaninos y dijo que apunta a discutir la validez jurídica de las decisiones tomadas durante la dictadura.
Con el proyecto de cobre en marcha y el interés económico creciendo alrededor de la zona, la pulseada quedó abierta y podría terminar en los tribunales, con eventual intervención del Congreso Nacional o de la Corte Suprema.
