La mora récord golpea a familias y frena el crédito - Informe Digital
La irregularidad trepó al 12,7% en mayo y los bancos endurecen préstamos mientras el Gobierno apuesta a la baja de la inflación.
La morosidad en los créditos de familias y empresas volvió a escalar en mayo y marcó un nivel inédito en dos décadas, con impacto directo sobre el consumo y el acceso al financiamiento. Según el último informe de la Central de Deudores del Banco Central, la irregularidad en el cumplimiento de obligaciones financieras subió del 12,1% en abril al 12,7% en mayo. En empresas, el ratio avanzó del 3,3% al 3,5%, mientras que el total de préstamos al sector privado alcanzó el 7,7%. El cuadro enciende una señal de alerta para el sistema financiero y para la recuperación de la actividad.
El deterioro de la capacidad de pago de los hogares ya dejó a más del 27% de quienes tomaron un préstamo fuera de las condiciones para volver a endeudarse. Son casi siete millones de personas que quedaron excluidas de nuevas líneas de crédito y de los canales habituales para regularizar su situación. La suma de saldos en mora, tanto en entidades bancarias como no bancarias, refleja una pérdida de solvencia extendida en todo el entramado social.
El golpe es más fuerte entre los jóvenes. El 40% de las personas menores de 35 años con créditos activos tiene al menos una obligación irregular. Entre los de 18 a 25 años, la mora llega al 42,8%; en el grupo de 26 a 35 años, al 39,3%. Después baja, aunque sigue en niveles altos: 31% entre los 36 y 45 años y 23,5% entre los 46 y 55.
En el segmento de entidades no financieras, que concentra cerca del 17% del crédito a familias, la mora trepó al 32,2% en mayo, frente a menos del 10% un año y medio atrás. La crisis ya no se limita al sistema bancario tradicional y se expande hacia otras formas de financiamiento, con efectos directos sobre los hogares.
En paralelo, los bancos privados redujeron la oferta de préstamos, endurecieron los requisitos de aprobación y evitaron actualizar los límites de las tarjetas de crédito. La estrategia apunta a limpiar carteras, preservar liquidez y bajar el riesgo en un contexto de consumo retraído y alta volatilidad macroeconómica.
El intento de los bancos por reflotar a sus clientes
La banca pública, en cambio, sostuvo el flujo de préstamos y lanzó programas para contener el avance de la mora. El Banco Provincia puso en marcha Ponete al día, un plan que permite regularizar deudas vencidas hasta el 31 de mayo con reducción de tasas, plazos de hasta 72 meses y condiciones ajustadas al perfil de cada cliente. El esquema distingue entre mora temprana y avanzada. Para atrasos de hasta 90 días y clientes que cobran sueldos, jubilaciones o pensiones en la entidad, la tasa anual es del 50%, con una baja al 39% para ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos. En casos de mora avanzada, la tasa cae al 31% anual. También ofrece una vía específica para refinanciar deudas con tarjetas de crédito, con tasa del 41% anual en 60 cuotas para atrasos de hasta 70 días y deudas de hasta 10 millones de pesos.
El foco está puesto en los sectores más vulnerables. Según datos oficiales del banco, en los primeros cinco meses del año se cerraron más de 66.000 acuerdos de recuperación de deuda por 234.000 millones de pesos, un salto del 157% frente al mismo período del año pasado.
La presión sobre los ingresos y la dificultad para llegar a los vencimientos ya se metió en la agenda política y social. Una encuesta reciente de la consultora Zentrix mostró que el 53% de los votantes del oficialismo ubica el peso de las deudas personales como su principal preocupación económica. Entre los opositores, lideran la incertidumbre económica y la pérdida de poder adquisitivo, seguidas por los ingresos y salarios. En ambos universos, el endeudamiento aparece como un problema de fondo.
La percepción sobre salarios e inflación también deja un dato inquietante: dos tercios de los votantes oficialistas creen que sus ingresos no le ganan a la suba de precios. Aun así, el 18,5% dice que puede ahorrar, una proporción tres veces mayor que la de los votantes opositores. En ese segmento, la posibilidad de ahorro es casi nula y la mayoría asegura que el sueldo sólo alcanza hasta el día 20.
Los bancos no muestran apuro por expandir el crédito hasta bajar el riesgo y depurar sus carteras. La falta de demanda, el estancamiento del consumo privado y la preferencia por colocar fondos en deuda pública explican la retracción. La única excepción es el crédito en dólares, que creció por el buen desempeño del comercio exterior y la prefinanciación de exportaciones. Algunas entidades presionan para flexibilizar las condiciones, aunque siguen vigentes las restricciones heredadas de la crisis de 2001.
En paralelo, varias provincias lanzaron programas de desendeudamiento para amortiguar el avance de la mora y aliviar la situación financiera de los sectores más afectados. La Ciudad de Buenos Aires aprobó un plan de refinanciación para deudas bancarias por préstamos personales y tarjetas de crédito, con tasas máximas del 35% y plazos de al menos 24 cuotas. El acceso está limitado a familias con ingresos inferiores a diez salarios mínimos y atrasos de entre 60 y 180 días. En la provincia de Buenos Aires, el Banco Provincia ofrece plazos de hasta 72 meses y tasas diferenciadas según el nivel de atraso. Santa Fe, Corrientes, Misiones y Córdoba aplicaron esquemas similares, con bonificaciones y condiciones especiales para empleados estatales, jubilados y trabajadores privados o autónomos.
El Congreso nacional mantiene en carpeta varios proyectos de desendeudamiento familiar impulsados por distintos bloques. El debate refleja la preocupación política y social por el crecimiento de la deuda y la necesidad de evitar una mayor exclusión financiera.
Desde el Gobierno, confían en que la marcha de la macro va a poner las cosas en su lugar. El portavoz presidencial Adrián Ravier aseguró en su primera conferencia de prensa que la recuperación del crédito depende de ganarle a la inflación y que la baja de tasas favorecerá la actividad económica, la inversión y el consumo.
El último dato de inflación, del 2,1%, alimenta las expectativas oficiales de que el próximo registro baje aún más y permita romper la inercia inflacionaria. Mientras tanto, la recaudación tributaria nacional muestra una caída real del 5,6% en comparación con el año anterior, lo que genera tensiones con los gobernadores y complica la posibilidad de alcanzar acuerdos fiscales entre la Nación, las provincias y los municipios.
