La Corte debe definir si las propiedades de Cristina Kirchner salen a remate
Tras la confirmación del decomiso de bienes por 685.000 millones de pesos por la causa Vialidad, se espera el fallo que indique si los bienes decomisados será
La causa Vialidad ingresó en una nueva etapa judicial, centrada ahora en la ejecución patrimonial de la condena impuesta a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a los demás condenados. Tras quedar firme la actualización del monto del decomiso, el Tribunal Oral Federal Nº 2 comenzó a delinear el procedimiento para hacer efectivo el recupero de los bienes, aunque el proceso todavía depende de resoluciones que permanecen bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El objetivo del tribunal es avanzar sobre el patrimonio alcanzado por el decomiso para satisfacer la suma fijada judicialmente. Sin embargo, antes de ordenar el remate de inmuebles y otros activos, los jueces esperan que el máximo tribunal resuelva recursos de queja aún pendientes, vinculados con distintos planteos formulados por las defensas. Hasta tanto esas cuestiones no sean resueltas, la etapa de ejecución patrimonial permanece parcialmente condicionada.
La actualización del decomiso constituyó uno de los pasos más relevantes del expediente. La Corte Suprema dejó firme la revisión del monto, que pasó de aproximadamente 85.000 millones a unos 685.000 millones de pesos, cifra calculada sobre la base de informes periciales y de la actualización económica correspondiente. Esa decisión consolidó el crédito que el Estado busca recuperar mediante la ejecución de bienes.
El fiscal Diego Luciani impulsó la ejecución de ese decomiso y presentó una actualización posterior que ubicaría el monto total cercano a los 898.000 millones de pesos, producto de la evolución inflacionaria desde la anterior liquidación. Paralelamente, el Ministerio Público Fiscal continúa revisando el patrimonio disponible para garantizar que existan activos suficientes que permitan afrontar la obligación impuesta en la sentencia.
Entre los bienes identificados figuran inmuebles pertenecientes a Cristina Fernández de Kirchner, además de propiedades cuya situación jurídica involucra también a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. La inclusión de algunos de esos activos fue objeto de distintos planteos judiciales por parte de las defensas, que cuestionaron su incorporación al decomiso por considerar que pertenecen a terceros ajenos al proceso penal.
En paralelo, el tribunal también analiza una alternativa prevista por la legislación vigente: que determinados inmuebles no sean vendidos inmediatamente y puedan ser asignados al uso del Poder Judicial cuando reúnan condiciones para ello. Esa posibilidad deberá ser evaluada caso por caso antes de definir cuáles bienes serán destinados a remate público y cuáles podrían cumplir una función estatal.
La ejecución patrimonial alcanza igualmente al resto de los condenados en la causa Vialidad, ya que el decomiso fue dispuesto de manera solidaria. No obstante, la situación patrimonial de cada uno presenta diferencias. En el caso del empresario Lázaro Báez, gran parte de sus activos ya fueron objeto de otros procesos judiciales y de liquidaciones vinculadas a distintas causas, circunstancia que modifica el alcance práctico de la recuperación de bienes.
El Tribunal Oral Federal Nº 2 deberá definir ahora el mecanismo concreto para la realización de los bienes. Una vez despejadas las cuestiones pendientes en la Corte Suprema, podrá avanzar con las tasaciones definitivas, la designación de martilleros y la organización de los remates públicos que correspondan, conforme a las reglas procesales previstas para la ejecución de decomisos. El avance hacia esa etapa representa uno de los capítulos más relevantes del expediente iniciado hace una década.
Después de la confirmación de las condenas y de la actualización del monto del decomiso, el foco de la causa dejó de estar exclusivamente en las responsabilidades penales para concentrarse en el recupero económico de los fondos que la Justicia consideró afectados por las maniobras investigadas, que terminaron con estas ejecuciones patrimoniales derivadas de la causa de corrupción más grande en la historia judicial argentina.
