Cárceles saturadas y juzgados al límite en Entre Ríos - Informe Digital
Con 3.318 detenidos y más de 20 ingresos mensuales, la presión carcelaria ya desborda a los juzgados de Ejecución.
El sistema penitenciario de Entre Ríos está al borde de su capacidad y la presión ya no se siente solo dentro de las cárceles: también desborda a los juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. Hoy hay 3.318 personas bajo custodia provincial y el crecimiento sostenido ronda los 22 ingresos por mes, una carga que golpea a internos, trabajadores y al propio funcionamiento judicial.
La foto más cruda es la de una estructura que se sostiene por el esfuerzo cotidiano de quienes la integran. En el Servicio Penitenciario Provincial, en los juzgados y entre docentes y talleristas, la respuesta depende más de la voluntad que de los recursos. Mientras tanto, las reformas pendientes y la falta de personal agravan un cuadro que ya dejó de ser excepcional.
Una cárcel llena y servicios al límite
La Unidad Penal N° 1 de Paraná aloja a 1.048 personas. La sobrepoblación no solo tensiona la convivencia: también vuelve casi imposible garantizar atención básica. Hay casos de un solo médico para más de mil internos y una escasez marcada de operadores técnicos, lo que convierte cada jornada en una tarea de supervivencia operativa.
La presión no termina en los muros. En Concordia, los Juzgados de Ejecución deben seguir la situación de 1.211 internos penados, a los que se suman quienes cumplen prisión domiciliaria, libertad condicional, libertad asistida o medidas de seguridad. El volumen de expedientes crece y los equipos no alcanzan.
En Paraná el escenario tampoco da respiro: hay dos defensores para más de 1.000 presos, un fiscal y un relator que también cumple funciones de fiscal. En Gualeguaychú, aunque la carga es menor, los equipos judiciales además intervienen en causas preventivas y restricciones. Los jueces de Ejecución de Paraná, Concordia y Paraná atienden más de 20 audiencias por semana; Cecilia Bértora y Juan Lazzaneo están desbordados, mientras que Margarita Vacari tramita 431 causas en Gualeguaychú.
Penas cortas que no corrigen nada
El diagnóstico más duro aparece en la reincidencia de los delitos menores. El 34,42% de la población detenida está por delitos contra la propiedad o tentativas de robo. Allí pesan las llamadas penas cortas: condenas breves que, por la saturación y la falta de personal especializado, terminan siendo tiempo perdido.
Durante esos meses, muchas personas no acceden a tratamiento por consumo problemático ni a una oferta educativa sostenida. En adicciones, la situación es crítica: hay unidades penales que directamente no cuentan con psiquiatra.
Una autoridad del Servicio Penitenciario confirmó a Cuestión de Fondo (CdeF) que Paraná concentra los únicos dos psiquiatras activos: uno en la Unidad Penal Nº 1 y otro en la Nº 6. El resto de las unidades de la provincia no tiene ese especialista. Según explicó el funcionario consultado, la traba responde a una incompatibilidad administrativa y legal que impide trabajar en la cárcel y, al mismo tiempo, en otro organismo público.
A eso se suma el retroceso educativo. La falta de oferta escolar y de talleres en todas las cárceles se vincula, según el texto original, con los recortes que atraviesan el Consejo General de Educación, la UADER y la UNER. El resultado es previsible: personas que ya estaban excluidas del sistema educativo salen en la misma condición, o peor.
Más mujeres por narcomenudeo y presos federales baratos
La composición de la población detenida también expone otra tensión. Hay más internos por narcomenudeo, bajo la Ley Provincial 10.566, que por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737: 277 casos contra 238. En paralelo, el sistema provincial carga con presos federales por los que la Nación paga apenas 2.500 pesos mensuales por interno, una cifra que desde hace años genera malestar en la administración penitenciaria.
Entre las 145 mujeres detenidas, el 33,8% está presa por narcomenudeo. El dato refuerza la idea de que muchas ocupan los eslabones más débiles de la cadena del tráfico, expuestas a la persecución penal por venta minorista. Las mujeres están alojadas en Paraná y Gualeguaychú, donde se habilitó un espacio específico ante el límite de capacidad de la Unidad Penal Nº 6.
Delitos sexuales y prisión preventiva
Otro dato que sobresale es la composición de los delitos: los hechos contra la propiedad lideran con 34,42% de los casos, pero los delitos contra la integridad sexual ocupan el segundo lugar con 26,27%, por encima de los homicidios, que representan 22,43%.
De los 3.152 internos alojados en unidades penales, 456 están en prisión preventiva, cerca del 14,5%. La mayoría ya tiene condena, pero la cantidad de personas sin sentencia firme sigue marcando una carga constante para el Poder Judicial.
La concentración también es desigual: la Unidad Penal N° 1 de Paraná reúne casi un tercio del total provincial, con 1.048 internos, mientras que la UP8 de Federal aloja solo 132. En ese mapa, el Comité para la Prevención de la Tortura de Entre Ríos viene siguiendo de cerca la situación de los detenidos sin condena y las condiciones en comisarías, donde también se repiten denuncias por demoras en la comida y largas horas sin alimentación.
El cuadro general deja una conclusión incómoda: sin más personal, sin atención en salud mental, sin oferta educativa y sin alternativas para penas breves, la cárcel entrerriana seguirá produciendo más desgaste que respuestas.
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