La CPI cerró en Malí su mayor programa de reparaciones - Informe Digital
El plan alcanzó a miles de víctimas de Tombuctú tras la destrucción de mausoleos en 2012 y marcó un precedente.
El Fondo en Beneficio de las Víctimas de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció la finalización del programa de reparaciones en Malí por el caso contra Ahmad Al Faqi Al Mahdi, un cierre que llega justo cuando se cumplen 14 años de los ataques contra los mausoleos de Tombuctú. Para la comunidad local, el proceso deja una marca doble: reparación material y un precedente en la justicia penal internacional.
Entre junio y julio de 2012, durante la ocupación de Tombuctú por grupos armados vinculados a al-Qaeda, Al Mahdi participó en la destrucción de diez sitios emblemáticos de la ciudad, entre ellos los mausoleos de los santos y la mezquita Sidi Yahia. Esos espacios, considerados centros de peregrinación y símbolos espirituales, integraban el Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1988 por su valor en la expansión del islam y el conocimiento en África.
Tras su entrega a la CPI en 2015, el tribunal lo declaró culpable en 2016 del crimen de guerra por ataques deliberados a monumentos históricos y religiosos. La condena incluyó nueve años de prisión y una orden de reparación de 2,7 millones de euros para los damnificados. Según el Fondo, al 31 de marzo de 2026 el programa quedó completamente ejecutado, con la comunicación formal al tribunal y al gobierno de Malí realizada entre fines de abril y principios de mayo de ese año.
Indemnizaciones y memoria para víctimas y vecinos
El esquema de reparaciones se organizó en tres frentes: medidas simbólicas, individuales y colectivas. La dimensión simbólica se expresó en una ceremonia solemne realizada en marzo de 2021, con víctimas, autoridades nacionales y la UNESCO.
La etapa individual contempló compensaciones económicas para descendientes directos de los santos vinculados a los mausoleos destruidos y para personas cuya subsistencia dependía exclusivamente de esos sitios. Comenzó en abril de 2019 y terminó en junio de 2024, con alcance para casi la totalidad de los 1.691 beneficiarios identificados.
Las reparaciones colectivas apuntaron a la comunidad de Tombuctú, reconocida como afectada en lo moral y en lo económico, y buscaron restaurar parte del patrimonio cultural dañado. Entre 2022 y marzo de 2026, esas acciones beneficiaron a más de 70.000 habitantes, con apoyo de la UNESCO, la Fundación CIDEAL y la organización local CFOGRAD.
El Fondo destacó que la cooperación local fue clave durante cinco años para sostener el programa. El daño moral incluyó apoyo psicológico comunitario e iniciativas de memoria, como la construcción de dos memoriales Louha y Qâloum y una exposición permanente en el museo municipal de Tombuctú sobre los mausoleos.
Para el daño económico se financió un fondo que permitió desarrollar 70 proyectos liderados por grupos locales, además de tres iniciativas impulsadas por la Comuna Urbana para fortalecer medios de vida, habilidades y protección cultural. La restauración y protección de los mausoleos, junto con capacitaciones para custodios locales y un fondo de mantenimiento, completaron el esquema de preservación patrimonial.
Un precedente en la justicia internacional
El diseño del programa incorporó los principios de reparación de la CPI, con mecanismos participativos y sensibilidad frente al conflicto. También sumó una perspectiva de género que garantizó la inclusión sistemática de las mujeres en el proceso. La participación de las víctimas fue central: las consultas extensas definieron el enfoque de las reparaciones y reforzaron la transparencia y la apropiación local en cada etapa.
Entre los testimonios difundidos por el Fondo, una residente identificada como Fatoumata A sostuvo: Estas reparacionesmás allá de los logros materialesson un símbolo; un símbolo que nos permite contar a nuestros hijos lo que vivimos, que muestra la grandeza de Tombuctú y que recuerda que este crimen no debe repetirse.
La conclusión del programa se produjo en un contexto de seguridad complejo, lo que expone la resiliencia del sistema del Estatuto de Roma. Su ejecución requirió siete años de cooperación entre el Fondo y las autoridades de Malí, a través de comités directivos en distintos niveles. El presidente de la Junta Directiva del Fondo, Andres Parmas, afirmó que se trata de un precedente en la justicia penal internacional, al ser la primera vez que se otorgan reparaciones judiciales por ataques contra edificios protegidos de carácter religioso e histórico.
El financiamiento provino de aportes de Canadá, Alemania, Italia, Noruega y el Reino Unido, además de apoyos no restringidos de la República Checa, República Dominicana y Liechtenstein. Las cuotas de los Estados Parte del presupuesto regular de la CPI también sostuvieron el proceso judicial y componentes esenciales del programa.
El Fondo informó además que encargó una evaluación externa independiente para medir el impacto de las reparaciones en paz, seguridad, memoria, verdad y justicia.
En paralelo al cierre, la institución lamentó la reciente notificación de Malí a las Naciones Unidas sobre su retiro del Estatuto de Roma, efectiva desde el 30 de junio de 2026. Según el comunicado, esa decisión debilita el sistema de justicia reparadora que benefició a Tombuctú y complica las condiciones para futuras reparaciones vinculadas, entre otros crímenes, al caso Al Hassan. El Fondo reiteró su compromiso de trabajar con las autoridades malienses para ampliar el alcance de las reparaciones y dejar bases para futuras intervenciones.
