La Nación demandó a la Provincia para frenar el traspaso de aportes al IPS y llevar el caso a la Corte Suprema | El Dia
Sostiene que la medida invade competencias federales, desfinancia a la ANSES y genera un conflicto entre ambos sistemas jubilatorios. Además, pidió una medida cautelar para suspender la aplicación de la norma hasta que haya una sentencia definitiva.
El Estado nacional, a través de la Procuración del Tesoro y en representación del Ministerio de Capital Humano y de la ANSES, presentó ante la Corte Suprema una acción declarativa de inconstitucionalidad contra la Provincia de Buenos Aires y el Instituto de Previsión Social (IPS). El objetivo es que se declare inválido el artículo 59 de la Ley provincial 15.557, incorporado al Presupuesto bonaerense 2026, por considerar que vulnera la Constitución Nacional y la legislación previsional vigente.
En paralelo, el Gobierno solicitó una medida cautelar para que la norma quede suspendida mientras la Corte resuelve el fondo de la cuestión, al considerar que su aplicación produciría consecuencias de difícil reparación.
Qué cambia la ley cuestionada
La norma provincial amplía el universo de trabajadores obligados a aportar al IPS. Entre ellos incluye al personal de empresas y sociedades con mayoría accionaria de la Provincia o de los municipios, así como al personal docente extracurricular y no docente de establecimientos educativos privados reconocidos por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.
Hasta ahora, buena parte de esos trabajadores realizaban sus aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), administrado por la ANSES. Según la demanda, la reforma implica trasladar esos aportes al régimen previsional provincial.
Los argumentos de la Nación
El escrito sostiene que la Provincia excedió las facultades que le otorga la Constitución. Afirma que el Congreso Nacional ya reguló el régimen previsional mediante la Ley 24.241 y que todos los trabajadores del sector privado deben permanecer dentro del SIPA, salvo excepciones expresamente previstas por la Constitución.
La presentación remarca que el artículo 125 de la Constitución solo permite a las provincias conservar organismos previsionales para empleados públicos y profesionales, por lo que considera inconstitucional incorporar trabajadores regidos por la Ley de Contrato de Trabajo al sistema provincial.
Asimismo, sostiene que la reforma genera una "superposición de aportes" prohibida por el artículo 14 bis de la Constitución y afecta la sustentabilidad financiera del sistema nacional de jubilaciones.
El impacto económico que advierte el Gobierno
Uno de los ejes centrales de la demanda es el eventual perjuicio económico para la ANSES. Según el Estado nacional, si miles de trabajadores dejan de aportar al SIPA, el organismo perderá recursos, aunque seguirá obligado a financiar prestaciones previsionales y otros beneficios de la seguridad social.
La presentación también advierte que el cambio podría generar incertidumbre sobre futuras jubilaciones, liquidaciones de haberes y registraciones previsionales, además de afectar la estabilidad del sistema de reparto nacional.
Las actuaciones del IPS
Como parte de la demanda, la Nación incorporó distintas disposiciones dictadas por el IPS para poner en marcha la reforma. Según el escrito, el organismo ya reglamentó el alta de nuevos empleadores, fijó procedimientos para la liquidación de aportes y prorrogó los plazos de implementación debido a dificultades técnicas e informáticas.
También menciona una presentación realizada por el propio IPS ante ARCA, en la que solicita precisiones sobre el mecanismo para que los empleadores dejen de aportar al SIPA y comiencen a hacerlo al régimen bonaerense, lo que para la Nación demuestra que la aplicación de la ley es inminente.
El antecedente que cita la demanda
El Gobierno nacional recuerda que la Corte Suprema ya intervino en conflictos similares. En particular, menciona el precedente "Asociación Civil Escuela Escocesa San Andrés", en el que el máximo tribunal declaró inconstitucional una norma bonaerense que pretendía incorporar al IPS a trabajadores de establecimientos educativos privados, al entender que debían permanecer bajo el régimen previsional nacional.
Con esos antecedentes, la Nación solicita que la Corte vuelva a pronunciarse y declare la invalidez de la reforma impulsada por la Provincia.
Qué resolverá la Corte Suprema
La Corte Suprema deberá determinar si la Provincia puede ampliar el alcance de su sistema previsional e incorporar trabajadores que actualmente realizan aportes al régimen nacional o si, como sostiene la Nación, esa decisión invade competencias federales y contradice la Constitución.
Mientras se resuelve el fondo del litigio, el Estado nacional insiste en que la aplicación de la ley quede suspendida para evitar el traspaso de aportes y preservar el funcionamiento del sistema previsional administrado por la ANSES.
