Milei busca blindar por ley al BCRA y cortar la emisión al Tesoro - Informe Digital
El plan toma como referencia a Perú: autonomía monetaria, sin financiamiento al fisco y con dólar de uso legal.
La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central será una de las prioridades del Gobierno en los próximos meses porque apunta a cerrar la canilla de emisión para financiar al Tesoro. El adelanto que Javier Milei les hizo a legisladores de La Libertad Avanza busca restringir al máximo o directamente prohibir esa vía, en contraste con el esquema vigente desde 2012, aunque el texto todavía no se conoce.
Hoy, el artículo 20 de la Carta Orgánica habilita al BCRA a otorgar adelantos transitorios al Gobierno nacional por hasta el equivalente al 12% de la base monetaria. Además, puede prestar hasta 10% de los recursos en efectivo de la recaudación obtenida durante los últimos doce meses.
A eso se suma una cláusula incorporada en la última modificación: en situaciones extraordinarias, cuando la situación o las perspectivas de la economía nacional o internacional así lo justificaran, el Central queda autorizado a financiar al Tesoro con otro monto adicional de hasta 10% de los recursos en efectivo de los últimos 12 meses.
El modelo peruano aparece como el antecedente que más se ajusta a los próximos pasos que quiere dar el Gobierno en materia monetaria y cambiaria. Perú implementó el esquema vigente a comienzos de la década de 1990, con Alberto Fujimori en el poder y como respuesta a la hiperinflación heredada de Alan García. Fue casi al mismo tiempo que el inicio de la Convertibilidad. La diferencia es que en ese país el modelo lleva más de 30 años sin cambios, mientras que el 1 a 1 duró poco más de diez años.
En Perú, la política monetaria quedó desde 1993 enmarcada en la Constitución Nacional, que establece la autonomía de su Banco Central junto con su propia Carta Orgánica.
Por ley, la autoridad monetaria tiene prohibido establecer regímenes de tipos de cambio múltiples. En otras palabras, no puede montar cepos cambiarios como los que rigieron en la Argentina. Además, el Central tiene vedado el financiamiento al sector público y la entrega de créditos sectoriales.
En ese esquema, el dólar tiene vigencia legal y puede usarse para cualquier transacción, con poder cancelatorio. Eso lo acerca al modelo de competencia de monedas que también impulsa el gobierno argentino.
Otro punto sensible es la transferencia de utilidades del Central al Tesoro, algo que sí hizo esta administración. Este año ese giro fue de $ 24,4 billones, producto de las ganancias obtenidas en 2025. Sin embargo, como parte de esas utilidades surgieron por la revaluación de las reservas al tipo de cambio oficial, muchos lo cuestionan porque lo consideran una forma encubierta de financiamiento al fisco.
La reforma de 2012, impulsada por la entonces presidenta del BCRA, Mercedes Marcó del Pont, introdujo cambios de fondo. El kirchnerismo puso especial énfasis en modificar el artículo 3, que definía como función primaria y fundamental de la entidad preservar el valor de la moneda. Esa definición fue reemplazada por un mandato múltiple que sumó promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.
Con ese giro, se buscó que el rol del Central no se limitara a contener la inflación, sino que también asumiera objetivos de crecimiento y empleo, pese a que esas funciones corresponden a otros organismos del Estado. Tanto pesó esa idea que Marcó del Pont mandó a cambiar el cartel de ingreso al edificio de Reconquista 266 para que se leyera el nuevo artículo 3.
