Legislatura: Comunidad Organizada reclamó por seguridad vial, Zona Fría y falsas denuncias
El bloque Comunidad Organizada protagonizó una intensa participación en la última sesión de la Cámara de Diputados de La Pampa, donde expuso su posición sobre una serie de proyectos vinculados a la
El bloque Comunidad Organizada protagonizó una intensa participación en la última sesión de la Cámara de Diputados de La Pampa, donde expuso su posición sobre una serie de proyectos vinculados a la seguridad vial, la política energética, las falsas denuncias, los incentivos fiscales y la creación del Parque de Actividades Económicas de General Pico. Además, logró el compromiso del oficialismo para convocar al Consejo Provincial de Tránsito a brindar explicaciones ante la Legislatura.
Al respecto, la legisladora Sandra Fonseca expresó: Entendemos que la siniestralidad vial es una de las principales causas de muerte en el territorio pampeano. A pesar de ello, advertimos una grave irresponsabilidad de los organismos públicos encargados de cumplir la normativa vigente. Es importante recordar que nuestra provincia está adherida al Sistema Nacional de Seguridad Vial, creando el Consejo Provincial de Tránsito, integrado por los principales funcionarios responsables, con la obligación de reunirse periódicamente. Sin embargo, hace más de un año y medio que no están cumpliendo con esta función.
Agregó que Esta inacción es para evitar debatir cuestiones como la implementación de la RTO ilegal de la ciudad de Santa Rosa, como así también el tema de las fotomultas. Pero la realidad nos golpea en la cara. La reciente tragedia ocurrida en la intersección de la Ruta Provincial N.º 14 y la Ruta Nacional N.º 35, donde fallecieron cuatro personas oriundas de la localidad de 25 de Mayo, vuelve a evidenciar la falta de responsabilidad de los funcionarios encargados de la operatividad del sistema de seguridad vial en la provincia de La Pampa.
Finalmente sostuvo: Tienen inmovilizado un ámbito de la política pública que tiene que ver con la seguridad vial, y tenemos que evitar no solamente muertes, sino también que las personas sufran consecuencias en su salud integral. Tomo el compromiso del oficialismo, que este tema sea tratado de inmediato.
En relación con el tratamiento del proyecto de resolución por el que se solicita a los Senadores por La Pampa que voten negativamente el proyecto presentado de subsidios de gas a la Zona Fría, el diputado Maximiliano Aliaga, por Comunidad Organizada, expresó: Nuestro bloque no acompañará con su voto, porque nos negamos a convalidar el relato de la distracción y la victimización política. El oficialismo monta un escenario de indignación exigiendo fondos y subsidios al Gobierno Nacional bajo la bandera de la Zona Fría; sin embargo, oculta deliberadamente que La Pampa tiene las herramientas y los recursos propios para solucionar este problema, sin necesidad de mendigar al centralismo porteño. Somos una provincia productora que genera diariamente gas natural equivalente al consumo de 480.000 personas. Tenemos gas propio. Por estatuto y por contratos vigentes, nuestra empresa estatal Pampetrol SAPEM es dueña directa del 20 % de esa producción en boca de pozo. Ese 20 % representa el gas necesario para abastecer todos los días a 96.600 personas. Los últimos datos del INDEC reflejan que la pobreza en nuestra provincia afecta a 93.700 pampeanos. El 20 % del gas que ya está en manos de Pampetrol alcanzaría para subsidiar y cubrir al 100 % de los pampeanos que se encuentran por debajo de la línea de pobreza; incluso sobraría gas para atender a más de 3.000 personas adicionales. Ese gas, proveniente de las explotaciones en las que participa Pampetrol, podría destinarse como una verdadera política pública para garantizar el acceso al servicio a los sectores más vulnerables de la provincia. El fin del subsidio nacional de Zona Fría no es el verdadero problema, sino la falta de sensibilidad social y de planificación del Gobierno Provincial. El oficialismo prefiere vender ese 20 % del gas propio al sistema nacional para generar cajas financieras y sostener las estructuras políticas de la SAPEM, en lugar de destinar ese recurso estratégico a tarifas sociales subsidiadas para las familias vulnerables e incentivos para las pymes de nuestros parques de actividades económicas. Consideramos que presentar un proyecto de repudio es el camino fácil para lavarse las manos y culpar a otros.
Sobre el tratamiento de los proyectos mediante los cuales se expresa preocupación por iniciativas legislativas que, según sus autores, pretenden silenciar y culpabilizar a las víctimas, desalentar las denuncias y negar la violencia de género estructural -en el marco del debate sobre falsas denuncias- en el Senado de la Nación.
Sandra Fonseca manifestó: Nuestro bloque no considera que este tipo de medidas vaya a desalentar a las personas que denuncian con la verdad. No podemos desconocer que las falsas denuncias existen, en muchos casos como un mecanismo de coacción, tanto de varones como de mujeres. Se debe distinguir entre quien denuncia con la verdad, de buena fe y sobre un hecho cierto, y quien denuncia sabiendo que es falso, con un interés personal. Incluso, esto último también constituye un hecho de violencia, pues se trata de conductas absolutamente diferentes.
Comentó que Sostener que sancionar este delito con mayor severidad va a desalentar a las verdaderas víctimas implica partir de una premisa que no compartimos. Quien denuncia un hecho real no debería sentirse intimidado por una norma que únicamente sanciona a quien actúa con dolo, con malicia, con engaño y con conocimiento de la falsedad de la imputación. También es importante tener en cuenta la gravedad que tiene denunciar falsamente, no sólo respecto del correcto funcionamiento del sistema de administración de justicia, sino también por la destrucción de la vida de personas inocentes, afectando su vida personal, laboral y su reputación, generando daños inmensos, muchas veces irreparables, aun cuando posteriormente se demuestre su inocencia. Concluyó Fonseca.
Sobre el tratamiento del proyecto de ley del Poder Ejecutivo que modifica la Ley N.º 3.304 de Régimen de Incentivos Fiscales, el legislador Maximiliano Aliaga fundamentó: Mientras aquí se simula querer beneficiar localmente a la industria del software, a nivel nacional el oficialismo pampeano muestra su verdadera cara de atraso, sesgo ideológico y asfixia al sector tecnológico. Debemos denunciar con total firmeza que toda la línea política del Gobierno Provincial, actuando a través de su vocero en el Congreso Nacional, el diputado Ariel Rauschenberger, vota en contra y rechaza abiertamente el denominado Súper RIGI, con el argumento que otorga beneficios excesivos a cambio de casi nada, atacando un régimen aduanero, fiscal y cambiario pensado para atraer mega centros de datos y desarrollo tecnológico de nivel global al país. Es importante mencionar que esta herramienta nacional fue diseñada con el único fin de atraer inversiones masivas de vanguardia en la economía del conocimiento, el desarrollo del software, la infraestructura tecnológica de punta y la inteligencia artificial.
Asimismo, señaló: Consideramos que terminamos siendo cautivos del Banco de La Pampa para poder acceder al beneficio fiscal. Esto no es un incentivo; es un esquema de parcialidad sectorial y cautiverio financiero. Es una flagrante discriminación hacia el resto de la plaza financiera provincial. En nuestra provincia operan con total normalidad casi la totalidad de los bancos nacionales, tanto públicos como privados, generando empleo formal y prestando servicios a miles de pampeanos. Pese a ello, en este proyecto todas esas entidades bancarias son explícitamente discriminadas y dejadas de lado. El oficialismo crea un embudo comercial forzado y obliga a las empresas de tecnología a someterse en forma exclusiva al banco estatal local.
En la misma sesión también se trató el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se crea el Parque de Actividades Económicas de General Pico. Comunidad Organizada se abstuvo de votar. Al respecto, el legislador Maximiliano Aliaga expresó: Nuestro bloque tiene algunas objeciones importantes en relación con el articulado. Un ejemplo de ello es el artículo 7, respecto del plan maestro del CFI; y el artículo 8, que delega el costo de las obras a partidas presupuestarias que no están nominadas ni detalladas en forma específica en el presupuesto vigente. Por lo tanto, no obstruiremos el potencial desarrollo de General Pico votando en forma negativa, pero, desde nuestro punto de vista, no podemos convalidar con nuestro voto positivo el escaso respaldo documental y la falta de claridad fiscal que el pueblo pampeano exige, concluyó Aliaga.
