Mendoza invertirá más de $5.800 millones en tecnología de seguridad para sus cárceles
Cornejo autorizó los llamados a licitación pública para blindar las comunicaciones en el Complejo Almafuerte con inhibidores de señal y expandir el sistema de monitoreo provincial con la adquisición de 1.200 nuevas cámaras.
Mendoza formalizó una fuerte inyección presupuestaria destinada a la modernización tecnológica de sus sistemas de control policial y del Servicio Penitenciario Provincial. A través de dos decretos, se autorizó de manera oficial la apertura de dos licitaciones públicas clave que, de forma conjunta, totalizan un presupuesto oficial superior a los 5.800 millones de pesos.
El primero faculta a la División Compras de la Dirección de Logística del Ministerio de Seguridad y Justicia a iniciar el proceso licitatorio para la adquisición e instalación del sistema de inhibición integral de comunicaciones para el Complejo Penitenciario Almafuerte I y Almafuerte II. La medida busca responder de forma directa a la necesidad de neutralizar el uso de telefonía móvil y conectividad clandestina dentro de los penales, una de las principales herramientas utilizadas por las organizaciones delictivas para coordinar ilícitos desde el interior de los establecimientos carcelarios.
El presupuesto total asignado para este sistema de bloqueo técnico se fijó en la suma de 3.625.000.000,00 de pesos. Las actuaciones administrativas revelan un dato económico de relevancia institucional: la autorización original firmada por el Gobernador contemplaba una proforma presupuestaria tasada en 2.500.000,00 de dólares estadounidenses.
No obstante, las direcciones contables del ministerio dejaron constancia de que, si bien el monto original en moneda extranjera se mantuvo inalterado, el presupuesto oficial expresado en pesos debió recalcularse al alza respecto de las proyecciones previas debido a las variaciones en la cotización de la divisa internacional ocurridas entre el origen del trámite y su formalización legal.
Por otro lado, la administración provincial dio luz verde al llamado a licitación pública para la compra de mil doscientas cámaras de videovigilancia destinadas a expandir la cobertura de control en el espacio público bajo la órbita del Sistema de Videovigilancia Provincial. El presupuesto asignado para esta partida tecnológica asciende a los 2.182.500.000,00 de pesos.
El expediente contable de esta segunda licitación expone una optimización de los recursos por parte de la Subsecretaría de Tecnología Aplicada a la Seguridad. El diseño original del decreto autorizaba un fondo de 1.500.000,00 de dólares para la adquisición de 1.000 cámaras de video.
Sin embargo, del análisis técnico posterior de las ofertas y cotizaciones del mercado de tecnología de seguridad, las dependencias gubernamentales determinaron que el mismo volumen presupuestario autorizado permitía ampliar la compra en 200 unidades adicionales. De este modo, el requerimiento definitivo se adecuó a 1.200 cámaras manteniendo intacto el techo del financiamiento oficial otorgado por la cartera de Hacienda y Finanzas.
Ambas contrataciones cuentan con el aval técnico de las áreas logísticas, la conformidad jurídica de la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y Justicia y la intervención del servicio administrativo de la Contaduría General de la Provincia. La cobertura financiera total de las dos normativas será atendida de manera directa con cargo a las cuentas generales del presupuesto provincial vigente para el ejercicio del año 2026.
