La Defensoría General de la Nación respaldó el ingreso de mujeres al Politécnico Juan XXIII
El organismo pidió ratificar las resoluciones judiciales que ordenaron admitir alumnas en el único colegio técnico de modalidad exclusivamente masculina de S
La Defensoría General de la Nación se pronunció a favor de mantener los fallos que ordenaron al Instituto Politécnico Juan XXIII de Presidencia Roque Sáenz Peña permitir el ingreso de alumnas mujeres, al considerar que la exclusión por razones de género constituye una práctica discriminatoria.
El dictamen, firmado por el defensor general, Julián Horacio Langevin, y presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recomienda rechazar el recurso extraordinario federal presentado por la institución educativa y confirmar las decisiones adoptadas previamente por la Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peñay el Superior Tribunal de Justicia del Chaco.
La causa se inició en octubre de 2024, cuando un grupo de madres, representadas por la abogada Adriana Gisela De Langhe, promovió una acción de amparo luego de que el establecimiento se negara a inscribir a sus hijas, manteniendo una política vigente desde la creación del colegio, en 1967, que limitaba el ingreso exclusivamente a estudiantes varones.
En febrero de 2025, la Cámara Primera hizo lugar al amparo y calificó como discriminatoria la restricción, criterio que posteriormente fue ratificado por el Superior Tribunal de Justicia provincial.
Los argumentos del dictamen
Entre los principales fundamentos, la Defensoría General sostuvo que el Instituto no logró demostrar que la separación por género respondiera a un objetivo pedagógico válido y cuestionó que los argumentos utilizados se apoyaran en estereotipos sobre las diferencias entre varones y mujeres.
Además, destacó que el establecimiento recibe financiamiento estatal para la totalidad de su planta funcional, circunstancia que habilita un mayor control sobre sus políticas de admisión.
El dictamen también remarca que el Politécnico Juan XXIII constituye la única oferta educativa técnica de modalidad exclusivamente masculina en la zona, sin una alternativa equivalente para las mujeres, lo que agrava el carácter discriminatorio de la medida.
Asimismo, señala que dos de las niñas que impulsaron la acción judicial ya cursan sus estudios en la institución gracias a las medidas cautelares dictadas durante el proceso, mientras que las inscripciones continúan bajo supervisión judicial y de las autoridades educativas provinciales.
Un precedente de alcance nacional
El dictamen cita antecedentes de la Corte Suprema y tratados internacionales sobre derechos humanos, igualdad de género y acceso a la educación.
Si el máximo tribunal sigue esta recomendación, quedará firme el criterio que declaró discriminatoria la exclusión de mujeres del establecimiento y se consolidará un precedente de alcance nacional en materia de igualdad de oportunidades y acceso a la educación técnica, al tratarse del primer caso de estas características que llega a la Corte Suprema.
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