El Gobierno buscará recuperar más de un millón de dólares desviados en el programa "Jóvenes emprendedores"
El Ejecutivo provincial anunció que impulsará una demanda civil para recuperar más de un millón de dólares de recursos públicos presuntamente sustraídos mediante el programa Jóvenes Emprendedores. Aseguran que la investigación permitió detectar una o
El Gobierno de Entre Ríos confirmó que avanzará con una demanda civil para recuperar más de un millón de dólares correspondientes a fondos públicos presuntamente desviados en el marco del programa Jóvenes Emprendedores, luego de que exfuncionarios de la gestión anterior confesaran delitos vinculados a la causa durante el proceso judicial.
El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, sostuvo que la maniobra investigada "no fue un problema administrativo ni de créditos irregulares", sino que se trató de "una banda delictiva organizada para estafar al Estado". Además, destacó que desde el inicio de la investigación el Gobierno colaboró con la Fiscalía aportando documentación y recuperando pruebas que, según indicó, algunos de los implicados intentaron destruir antes del cambio de gestión.
Bernaudo afirmó que las maniobras se habrían desarrollado durante aproximadamente cuatro años y abarcarían alrededor de 750 casos, de acuerdo con los relevamientos realizados. También cuestionó que las irregularidades se hayan mantenido durante distintas gestiones ministeriales sin ser detectadas por los mecanismos de control.
Por su parte, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, explicó que la investigación comenzó tras una auditoría del Tribunal de Cuentas, cuyos antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía de Estado y posteriormente a la Oficina Anticorrupción, desde donde se presentó la denuncia penal que dio origen a la causa.
Rodríguez Signes señaló que, además de colaborar con la investigación judicial, la Fiscalía de Estado se constituyó como actor civil para reclamar el resarcimiento económico del perjuicio ocasionado. Precisó que la legislación vigente impide al Poder Ejecutivo actuar como querellante en la causa penal, por lo que el objetivo será recuperar judicialmente los fondos presuntamente sustraídos.
