Menos accidentes y más juicios tensionan al sistema laboral - Informe Digital
La ART destaca avances en prevención, pero la litigiosidad sigue en alza y Santa Fe aparece entre las provincias más afectadas.
La Argentina atraviesa una paradoja en el sistema de riesgos del trabajo: bajan los accidentes y las muertes laborales, pero los juicios siguen creciendo y ponen bajo presión la sustentabilidad financiera y operativa del esquema.
A 30 años de la sanción de la Ley 24.557, que dio origen al actual sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), el sector reivindica avances en prevención y reparación, aunque advierte por el impacto de la litigiosidad sobre el financiamiento y la eficiencia del modelo.
Según la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), la reforma reemplazó un círculo vicioso por un circuito virtuoso: menos opacidad, más prevención; menos litigio como primera respuesta, más prestación oportuna; menos incertidumbre de costos, más previsibilidad para invertir y emplear.
De acuerdo con datos de la UART, en marzo había 10.116.346 trabajadores y 984.973 empleadores cubiertos. El promedio anual de 2025 muestra que el sistema protegió a 10,2 millones de trabajadores. Ese año se notificaron 536.140 casos globales y 358.573 accidentes y enfermedades profesionales, sin incluir accidentes in itinere.
La UART destacó que el mayor valor del sistema está en accidentes evitados, enfermedades prevenidas, muertes que no se produjeron y trabajadores que pudieron regresar a su actividad.
En paralelo, la litigiosidad no cede. En el primer cuatrimestre del año se acumularon 39.687 nuevos casos. Solo en abril se registraron 12.727 juicios y el volumen acumulado se ubica 2,3% por encima del mismo período de 2025, que ya había sido particularmente elevado. El dato semestral se conocerá a mediados de julio.
El reporte alertó que la judicialización sigue tensionando el financiamiento, la previsibilidad y la asignación eficiente de recursos. Y advirtió una paradoja institucional: mientras los indicadores de accidentabilidad y mortalidad muestran una mejora histórica, el volumen de demandas se mantiene alto y muchas veces desconectado de la existencia de incapacidad real o de diferencias técnicas sustantivas.
La UART también subrayó el contraste con países de referencia como España o Chile, donde la litigiosidad es mucho menor. En cambio, el modelo argentino combina estándares prestacionales elevados con un problema judicial severo.
El desafío para sostener el sistema tan valorado por empleadores y trabajadores radica en preservar su capacidad preventiva y reparadora, corrigiendo los desvíos que absorben recursos y generan incentivos contrarios al interés del trabajador, sostiene el informe.
La reforma de la seguridad social implementada en 1996 reemplazó un régimen fragmentado, donde la reparación era tardía y costosa y la prevención resultaba insuficiente.
Antes de la Ley 24.557, ante un accidente, el trabajador dependía de respuestas parciales: la obra social, el hospital público, la capacidad económica del empleador o un juicio de resultado incierto que conllevaba muchísimo tiempo.
La presidenta de la UART, Mara Bettiol, advirtió: La litigiosidad creciente desvía recursos que deberían financiar prevención, asistencia y reparación y menores costos.
Las prioridades urgentes
Para el sector, aplicar con consistencia las herramientas de la ley, fortalecer criterios médicos uniformes y desalentar incentivos que premian la judicialización por encima de la solución técnica son prioridades urgentes.
El sistema argentino se distingue por su integralidad. Brinda atención médica sin límite de gasto hasta el alta, prestaciones dinerarias por incapacidad laboral temporaria, indemnizaciones por incapacidad permanente, recalificación profesional y prestaciones por fallecimiento.
De acuerdo con estimaciones de la UART, la política de riesgos del trabajo salvó 20.000 vidas, evitó 5,1 millones de accidentes y proporciona más de 14 millones de prestaciones asistenciales y de seguimiento por año.
La Ley 27.348, sancionada en 2017, fortaleció la actuación de las Comisiones Médicas jurisdiccionales como instancia administrativa previa y obligatoria. El objetivo fue resolver de manera técnica y rápida casos que no requieren años de juicio.
No obstante, la entidad observa que la brecha entre el procedimiento administrativo y la sentencia judicial sigue generando incertidumbre y costos adicionales para el sistema.
Entre los desafíos futuros, el informe destacó la necesidad de reducir la litigiosidad evitable, ampliar la cobertura a trabajadores aún fuera del sistema, innovar en la salud laboral y profundizar la prevención basada en datos.
La agenda futura también exige reconocer cambios profundos en el mundo del trabajo. La digitalización, las plataformas, el teletrabajo, la robotización, la movilidad urbana, el envejecimiento de la población activa y la transición energética modifican la forma en que se producen accidentes y enfermedades profesionales, explicó.
Los próximos treinta años deben encontrar a la Argentina con más trabajadores cubiertos, más prevención, mejor información, criterios médicos uniformes y una reparación cada vez más cercana, rápida y justa, concluyó Bettiol.
El caso de Santa Fe
Santa Fe volvió a quedar en el centro de la escena por el crecimiento de la litigiosidad en el sistema de riesgos del trabajo. En abril de 2026 fue la jurisdicción de mayor incremento interanual entre las cinco provincias con más causas, con una suba del 24,9% frente al mismo mes de 2025.
Si bien otras jurisdicciones también mostraron variaciones significativas como Entre Ríos, con un incremento del 33%, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una suba del 9,4% interanual, Santa Fe alcanzó 2.241 nuevos juicios durante abril y acumuló 6.535 causas en el primer cuatrimestre del año, un 19,5% más que en igual período de 2025.
Ese salto en la litigiosidad impulsó la reciente aprobación de una reforma al Código Procesal Laboral provincial, orientada a reducir la cantidad de juicios que ingresan al sistema de ART.
Desde la UART destacaron que la modificación representa un paso importante para aportar mayor previsibilidad al empleo en Santa Fe y fortalecer la sostenibilidad del sistema. Entre los principales cambios introducidos por la reforma se encuentran:
- La reducción del plazo de caducidad para iniciar acciones judiciales a 90 días, cuando anteriormente era de dos años.
- El establecimiento de límites a los honorarios periciales.
- La creación de Cuerpos Médicos Forenses.
Para la entidad, estas medidas constituyen herramientas clave para revertir una dinámica de litigiosidad considerada desproporcionada y representan un avance decisivo para garantizar la sustentabilidad del sistema de riesgos del trabajo en la provincia.
