Argentina busca frenar un fallo que la obliga a pagar US$ 1.800 millones
El Gobierno argentino presentó un pedido formal ante una corte del distrito de Columbia, en Estados Unidos, con el objetivo de evitar que la Justicia de ese país reconozca una sentencia emitida en Londres que obliga a la Argentina a pagar alrededor de US$ 1.800 millones, entre capital e intereses, en el marco del denominado caso del Cupón PBI. El fallo fue dictado por la Justicia británica y determinó que el Estado argentino manipuló los datos de crecimiento económico difundidos por el INDEC durante la gestión kirchnerista, con el fin de mantenerlos por debajo del nivel que hubiera activado el pago de los intereses correspondientes al año 2013. El reclamo se originó durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y tiene como principal demandante al fondo Palladian Partners, junto a otros tenedores, que ahora buscan que la sentencia sea reconocida en Estados Unidos. De prosperar ese planteo, los beneficiarios del fallo podrían avanzar sobre activos argentinos embargables en ese país para ejecutar el cobro. Desde la Procuración del Tesoro, organismo encargado de la defensa legal del Estado, señalaron que la Argentina resistió activamente la ejecución del fallo y sostuvo su postura jurídica en base a los límites que establece la legislación estadounidense en materia de inmunidad soberana. Ante la falta de pago, los beneficiarios de la sentencia firme emitida en Londres recurrieron a la Justicia norteamericana. En ese contexto, el analista Sebastián Maril, director regional de Latam Advisors, indicó que el Fondo Monetario Internacional sostuvo que la Argentina debía resolver esta situación, al considerar que ya no existen instancias judiciales adicionales. En un informe reciente, el FMI recomendó continuar con gestiones de buena fe para alcanzar un acuerdo rápido sobre las condiciones de reembolso del fallo. Sin embargo, luego de la publicación de ese documento, los beneficiarios de la sentencia desmintieron al organismo internacional y afirmaron que no existen negociaciones en curso con la República Argentina para regularizar el pago mediante un plan.
