Juicio abreviado: exfuncionarios reconocieron el desvío de fondos públicos
Cuatro de los principales imputados en la causa conocida como «Jóvenes Emprendedores» reconocieron este lunes su participación en una maniobra de defraudación contra el Estado provincial de Entre Ríos, en el marco de un juicio abreviado que ahora deb
Cuatro de los principales imputados en la causa conocida como «Jóvenes Emprendedores» reconocieron este lunes su participación en una maniobra de defraudación contra el Estado provincial de Entre Ríos, en el marco de un juicio abreviado que ahora deberá ser homologado por el juez Mauricio Mayer.
Los acusados, Pedro Gebhart, Cristian Klein, Claudio Rosas Vico y Alejandro Usatinsky, admitieron haber integrado una estructura que desvió 100.886.972 pesos del programa provincial entre enero de 2018 y diciembre de 2022.
Como parte del acuerdo con la Fiscalía, aceptaron una pena de tres años de prisión condicional, la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y el compromiso de reintegrar, en forma conjunta, el monto histórico del perjuicio económico en un plazo de 60 días.
Según la acusación encabezada por el fiscal Gonzalo Badano, los exfuncionarios fueron responsables de 319 hechos de peculado reiterado, mientras que Usatinsky fue considerado partícipe necesario de la maniobra.
Cómo operaba la organización
La investigación sostiene que la organización utilizó el programa de apoyo a jóvenes emprendedores para gestionar créditos sobre proyectos inexistentes, empleando datos personales de estudiantes, desempleados y personas en situación de vulnerabilidad, a quienes se les hacía creer que accederían a ayudas estatales no reintegrables.
Una vez aprobados los expedientes, los fondos eran transferidos a los supuestos beneficiarios, quienes luego eran acompañados a retirar el dinero en efectivo. De acuerdo con la acusación, la mayor parte de esos recursos quedaba en poder de la organización, mientras que las personas reclutadas recibían montos muy inferiores.
La causa también describe la utilización de firmas falsificadas, facturas apócrifas, declaraciones juradas falsas y documentación adulterada para justificar los desembolsos y evitar observaciones de los organismos de control.
La investigación continúa
Pese al reconocimiento de responsabilidad de estos cuatro imputados, la causa sigue abierta respecto de otros acusados señalados como reclutadores o colaboradores de la maniobra, entre ellos Matías Balbuena, Lucila Magallanes, Aranzazú Acosta, Paula Yonas y Pablo Frutos, quienes aún deberán afrontar el proceso judicial.
La investigación judicial, hasta el momento, no atribuyó responsabilidades penales a las máximas autoridades políticas que estuvieron al frente de las áreas involucradas durante el período investigado, entre ellas Laura Stratta, Juan José Bahillo, Hugo Ballay y el exgobernador Gustavo Bordet, al concluir que no existen elementos que acrediten su conocimiento o participación en las maniobras investigadas. No obstante, el caso continúa generando interrogantes sobre los mecanismos de control que permitieron el presunto desvío de más de 300 créditos durante cuatro años sin que se detectaran irregularidades. (Análisis)
