El Gobierno defendió la emergencia ferroviaria por el San Martín - Informe Digital
La AGN detectó fallas de control y mantenimiento; Transporte dijo que las observaciones ratifican el plan de recuperación.
El Gobierno salió a defender la Emergencia Ferroviaria, vigente desde 2024 tras el choque de trenes en Palermo, luego de que la Auditoría General de la Nación (AGN) señalara irregularidades en la Línea San Martín. La respuesta oficial buscó mostrar que el informe no desarma el rumbo de la gestión, sino que refuerza la necesidad de sostener las inversiones y los controles sobre un sistema que sigue bajo tensión.
La Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, sostuvo en un comunicado difundido en los últimos días que el Decreto 525/2024, publicado en junio de 2024, apunta a priorizar inversiones y acelerar intervenciones sobre los componentes más sensibles para la seguridad y la confiabilidad de los servicios.
Según esa comunicación, ya se realizaron más de 300 acciones en el sistema ferroviario, concentradas en infraestructura crítica, material rodante, señalamiento, comunicaciones, sistemas de seguridad y mantenimiento. Frente al informe de la AGN, la cartera respondió que las cuestiones difundidas públicamente coinciden, en gran medida, con los problemas estructurales que la actual gestión identificó desde el inicio y que motivaron la implementación de este programa integral de recuperación ferroviaria.
El organismo de control había detectado deficiencias en los mecanismos de fiscalización del mantenimiento y en las prácticas operativas del Tren San Martín.
Desde Transporte afirmaron además que las medidas en marcha avanzan en la misma dirección que varias de las recomendaciones de la AGN, orientadas a fortalecer los controles, el mantenimiento de la infraestructura y del material rodante, la actualización de la normativa técnica y la modernización de los sistemas de seguridad y señalamiento.
En ese marco, el organismo concluyó que las observaciones del ente de control no contradicen el rumbo adoptado por esta gestión, sino que reafirman la necesidad de continuar profundizando las acciones impulsadas en el marco de la Emergencia Ferroviaria.
En la Línea San Martín, durante este período se impulsaron distintas acciones para fortalecer la operación y mejorar el mantenimiento. Entre ellas, la compra de tres nuevas locomotoras, la primera adquisición de este tipo para la línea desde 2015, con el objetivo de mejorar la disponibilidad de material tractivo y brindar un servicio más confiable. Dos de esas unidades ya fueron incorporadas a la operación.
También avanzaron los procesos de compra de repuestos críticos y equipamiento técnico para el mantenimiento ferroviario. En paralelo, se ejecutan intervenciones vinculadas con la implementación del sistema de frenado automático ATS, la modernización del señalamiento, la recuperación de material rodante y obras prioritarias sobre la infraestructura ferroviaria.
Sobre algunos indicadores difundidos públicamente, la Secretaría aclaró que incluyen distintas categorías de eventos operativos y que su evolución no implica necesariamente un incremento de los eventos de mayor gravedad para la seguridad ferroviaria, como choques o descarrilamientos.
También señaló que parte de las variaciones registradas responden a hechos externos a la operación ferroviaria y que gran parte de las inversiones en curso comenzaron a desarrollarse a partir de la declaración de la emergencia, por lo que sus resultados deberán evaluarse a medida que avance el proceso de recuperación.
Las observaciones de la AGN surgen de una auditoría sobre la gestión del Ministerio de Economía, la Secretaría de Transporte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE), centrada en la Línea San Martín entre enero de 2023 y diciembre de 2024. Entre sus conclusiones, la AGN determinó que las medidas ejecutadas para revertir los incumplimientos detectados tuvieron una efectividad limitada.
El informe reconstruyó el funcionamiento del sistema sancionatorio vigente hasta 2023 y destacó que las observaciones de la CNRT no lograban generar cambios efectivos en la conducta de los operadores ferroviarios estatales. El propio organismo regulador había advertido que el régimen de control constituía un monótono y constante proceso administrativo que culmina en Llamados de atención semestrales por cada especialidad y por cada línea ferroviaria, medidas que en la práctica no permiten la configuración de datos objetivos concretos en los que puedan sustentarse políticas públicas, ni decisiones regulatorias válidas.
La CNRT también sostuvo que el procedimiento representaba un dispendio administrativo, y concluyó que el sistema impulsado por la Resolución 2210/15 no resultaría eficaz para la fiscalización y control de cuestiones referidas al mantenimiento, seguridad y accidentes del sistema ferroviario nacional. La auditoría reveló además que el cambio normativo introducido en 2023 dejó sin efecto expedientes sancionatorios acumulados durante varios años: en la Línea San Martín quedaron archivados 43 expedientes vinculados con sanciones impuestas entre 2017 y 2022 que habían sido recurridas por la operadora ferroviaria estatal.
El régimen sancionatorio fue reemplazado por un esquema denominado Control Evaluativo Integral, que eliminó las penalidades previamente dictadas y pasó a centrarse en mecanismos de seguimiento y evaluación del desempeño. La AGN observó, no obstante, que la nueva normativa tampoco establece consecuencias concretas cuando las anomalías detectadas durante las inspecciones no son corregidas, y que el régimen vigente se limita a indicar que se promoverán las medidas que se consideren necesarias para lograr la regularización de las mismas o las medidas de mitigación que correspondan.
La AGN concluyó que persisten debilidades regulatorias e institucionales que limitan la capacidad del Estado para asegurar que las observaciones de los organismos de control se traduzcan en mejoras concretas sobre la operación ferroviaria. El ente auditor advirtió que las herramientas disponibles para corregir irregularidades continúan siendo insuficientes para garantizar cambios efectivos en la conducta de los operadores y fortalecer la seguridad del servicio.
Sin embargo, desde la Secretaría de Transporte concluyeron: Hoy existe un plan de acción concreto, obras en ejecución y una estrategia integral orientada a recuperar infraestructura crítica, fortalecer la seguridad y mejorar la calidad del servicio para millones de usuarios. La Emergencia Ferroviaria no fue una reacción ante un hecho puntual. Fue una decisión estratégica para reordenar las prioridades de inversión del sistema ferroviario argentino, concentrando los recursos disponibles en lo más importante: garantizar la seguridad, mejorar la operación de los trenes y recuperar la infraestructura ferroviaria.
