Trump premia a productores que adopten agricultura regenerativa - Informe Digital
El USDA lanzó incentivos para maíz y soja con trazabilidad y medición de carbono; busca abrir mercados y pagar más.
El gobierno de Donald Trump lanzó un plan para acelerar la adopción de la agricultura regenerativa en Estados Unidos con incentivos económicos para los productores. La medida apunta a que quienes incorporen estas prácticas de manera voluntaria puedan acceder a nuevos mercados y obtener un mayor valor por el maíz, la soja, el sorgo y la canola destinados a biocombustibles.
Según publicó La Nación, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) definió la iniciativa como el esfuerzo impulsado por el mercado más importante jamás realizado para recompensar a los agricultores estadounidenses. El objetivo es que las prácticas regenerativas puedan traducirse en mejores precios dentro del negocio de los biocombustibles.
La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, sostuvo que la nueva regulación busca ampliar las oportunidades económicas para el sector sin imponer nuevas obligaciones. La Regenerative Feedstock Rule del USDA pone a los agricultores, y no a los burócratas de Washington, al volante. En lugar de imponer mandatos, estamos creando oportunidades de mercado, afirmó.
Según explicó, los productores que elijan implementar prácticas regenerativas tendrán nuevas oportunidades para obtener precios premium, reducir sus costos de producción, mejorar la salud del suelo y fortalecer la rentabilidad de largo plazo de sus explotaciones.
La nueva regulación comprende al maíz, la soja, el sorgo y la canola de primavera, e incorpora un sistema para medir la intensidad de carbono de cada lote, junto con requisitos de trazabilidad, auditorías y verificación a lo largo de toda la cadena comercial.
Como parte de la iniciativa, el USDA también presentó una nueva versión del USDA Feedstock Carbon Intensity Calculator, una herramienta que permitirá cuantificar el impacto de distintas prácticas agrícolas sobre las emisiones de carbono. Los productores podrán usar esos reportes al comercializar materias primas elegibles con los productores de biocombustibles participantes.
El organismo señaló que la calculadora permitirá medir el aporte de prácticas como los cultivos de cobertura, un manejo más eficiente de los nutrientes y distintas estrategias de conservación del suelo, entre ellas la siembra directa y la labranza reducida.
El Gobierno estadounidense destacó además el potencial que tendrá la nueva regulación sobre los principales cultivos destinados actualmente a la producción de combustibles renovables. Según precisó, cada año se producen alrededor de 6000 millones de bushels de maíz para elaborar etanol, mientras que unos 1800 millones de bushels de soja se destinan a la producción de biocombustibles.
Además, indicó que el 68% de los productores de maíz ya implementa al menos una práctica regenerativa, porcentaje que asciende al 70% entre los productores de soja. A medida que aumente la participación, el USDA espera que la regulación amplíe las oportunidades de acceder a mercados con precios premium para productores de todo el país.
En el comunicado, el USDA sostuvo además que la medida se apoya en las políticas impulsadas previamente por la administración Trump para expandir el mercado de los biocombustibles. Recordó que el Gobierno habilitó la venta de E15 durante todo el año, estableció los mayores volúmenes obligatorios de combustibles renovables de la historia del país y extendió el crédito fiscal 45Z para combustibles limpios.
En ese contexto, el organismo afirmó que la orden ejecutiva y la nueva regulación constituyen el siguiente paso crítico al garantizar que los productores tengan un camino práctico para beneficiarse de esos mercados en expansión.
Las nuevas medidas también se apoyan en el Regenerative Pilot Program, un programa del USDA que destinó US$700 millones para promover prácticas destinadas a mejorar la salud del suelo, la calidad del agua y la productividad de largo plazo.
Según el balance oficial, esa iniciativa permitió elaborar más de 67.000 planes integrales de conservación, que abarcan más de 49 millones de acres, además de concretar más de 1500 contratos de conservación por un monto superior a US$200 millones.
