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Multimedio Noticias 30/06/2026 08:47 5 min de lectura

El Gobierno adjudicó más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales: quiénes ganaron, qué implica el nuevo esquema y cuáles son las dudas que ya aparecen

Por Guillermo Apdepnur La medida quedó formalizada a través de la Resolución 706/2026 del Ministerio de Economía y representa uno de los pasos más fuertes del plan de reorganización vial impulsado por la gestión de Luis Caputo y el presidente Javier

Por Guillermo Apdepnur

El Gobierno nacional oficializó este viernes la adjudicación de dos tramos clave de la Red Federal de Concesiones, un sistema con el que busca transferir al sector privado la operación y mantenimiento de corredores estratégicos de rutas nacionales bajo un esquema de peajes y sin subsidios estatales.

La medida quedó formalizada a través de la Resolución 706/2026 del Ministerio de Economía y representa uno de los pasos más fuertes del plan de reorganización vial impulsado por la gestión de Luis Caputo y el presidente Javier Milei.

La concesión tendrá una duración de 20 años y abarca más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales distribuidas principalmente entre la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Según el Gobierno, el objetivo es reemplazar el modelo financiado por el Estado por otro sostenido íntegramente con inversión privada y cobro de peajes.

Qué empresas se quedaron con las concesiones

El denominado Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur fue adjudicado al consorcio conformado por:

Concret Nor S.A.

Marcalba S.A.

Pose S.A.

Coarco S.A.

Ese corredor incluye:

Autopista Riccheri

Autopista Ezeiza-Cañuelas

Autopista Jorge Newbery

Ruta Nacional 3

Ruta Nacional 205

Ruta Nacional 226

Se trata de una de las zonas viales más sensibles del país, no solo por el tránsito turístico hacia la Costa Atlántica, sino también por la circulación de cargas y conexión con el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Por otra parte, el llamado Tramo Pampa quedó en manos de Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A. y comprende la Ruta Nacional 5 desde Luján hasta su empalme con la Ruta Nacional 35 en La Pampa.

Cómo fueron las ofertas económicas

Uno de los puntos centrales de la licitación fue la tarifa base ofertada por cada grupo empresario.

Para el corredor Sur-Atlántico-Acceso Sur, la propuesta ganadora fue de $997 sin IVA. Las demás ofertas fueron:

Panedile Argentina + Supercemento + Eleprint: $1.057,85

Benito Roggio e Hijos + José Chediack: $1.230,57

Creditech + Construcciones Electromecánicas del Oeste: $1.248

CPC + Clear Petroleum: $1.297,52

Vial Agro + Fontana Nicastro: $1.322,31

En el Tramo Pampa, la oferta ganadora fue de $2.355,37, superando a:

CN Sapag + Víctor M. Contreras: $2.477,77

CPC + Clear Petroleum: $2.659,92

Merco Vial + Lemiro Pablo Pietroboni + Asesores Financieros Andalucía: $2.975

Según la resolución oficial, no hubo impugnaciones luego de la apertura de sobres económicos.

Qué deberán hacer las empresas

Los nuevos concesionarios tendrán facultades amplias sobre los corredores adjudicados. El pliego contempla:

Construcción de nuevas obras

Reparación y mantenimiento

Conservación vial

Explotación mediante peajes

Prestación de servicios al usuario

Administración integral de los corredores

Posibilidad de desarrollar actividades comerciales complementarias

Además, el esquema prevé que el Estado nacional no aporte subsidios directos para sostener la operación. El financiamiento deberá surgir de la propia explotación del sistema y de las inversiones privadas.

El argumento oficial: menos gasto público y más inversión privada

Desde el Ministerio de Economía sostienen que el modelo apunta a reducir el peso fiscal del sistema vial y trasladar el riesgo operativo al sector privado.

Caputo aseguró que el nuevo esquema permitirá mejores estándares de servicio y un sistema de gestión transparente.

El Gobierno también plantea que el esquema actual de rutas concesionadas venía mostrando problemas estructurales:

déficit operativo,

deterioro de infraestructura,

baja inversión sostenida,

dependencia de subsidios estatales.

Dentro de esa lógica, la administración Milei viene avanzando además con el proceso de privatización de Corredores Viales S.A., empresa estatal que administra gran parte de las rutas nacionales concesionadas.

Las dudas y cuestionamientos que ya genera el esquema

Aunque el anuncio fue presentado oficialmente como un avance hacia la modernización vial, el nuevo sistema también abrió interrogantes.

Uno de ellos pasa por el impacto tarifario futuro. Si bien las ofertas económicas sirvieron como parámetro de adjudicación, todavía resta conocer cómo evolucionarán los peajes en un contexto inflacionario argentino históricamente inestable.

También aparecen dudas sobre los mecanismos de control estatal. Aunque el Gobierno afirma que Vialidad Nacional actuará como órgano auditor, algunos especialistas advierten que la experiencia argentina en concesiones viales ha tenido antecedentes dispares, con contratos renegociados, obras demoradas y conflictos judiciales.

En redes sociales y foros también comenzaron a aparecer críticas vinculadas a la transparencia del proceso y al historial de algunas constructoras participantes. Parte del debate público gira alrededor de si realmente habrá mejoras visibles en seguridad y mantenimiento o si el esquema terminará trasladando mayores costos a los usuarios mediante peajes más altos.

El contexto político y económico detrás de la medida

La adjudicación forma parte de un plan mucho más amplio. Días atrás, Caputo había confirmado la apertura de sobres para otra etapa de la Red Federal de Concesiones que involucra más de 2.500 kilómetros adicionales en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, San Luis y La Pampa.

El Gobierno busca mostrar estas licitaciones como parte de una nueva matriz de infraestructura basada en inversión privada, en línea con la filosofía económica libertaria de reducción del gasto estatal.

El desafío, sin embargo, será demostrar en la práctica que el sistema logra algo que históricamente Argentina no consiguió sostener durante mucho tiempo: rutas mantenidas, obras efectivamente ejecutadas y contratos estables sin terminar dependiendo nuevamente del auxilio financiero del Estado.

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