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Ahora 29/06/2026 18:01 7 min de lectura

Jóvenes Emprendedores: acusados usaban a estudiantes y vulnerables para saquear al Estado - AHORA Entre Ríos

Pedro Gebhart, Cristian Klein, Claudio Rosas Vico y Alejandro Usatinsky admitieron haber montado una estructura delictiva para sustraer plata del erario público. En los próximos días la sentencia.

Jóvenes Emprendedores: acusados usaban a estudiantes y vulnerables para saquear al Estado - AHORA Entre Ríos
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CORRUPCIÓN Jóvenes Emprendedores: acusados usaban a estudiantes y vulnerables para saquear al Estado La pena acordada es de tres años de prisión condicional y la devolución entre los cuatro imputados de 100.000.000 de pesos. El juez Mayer dará a conocer su veredicto.

Escuchar noticia + Agregar AHORA en Junio 29, 2026

En una audiencia que marcó un quiebre en la causa conocida como Jóvenes Emprendedores, cuatro de los principales acusados reconocieron este lunes su responsabilidad en el saqueo de las arcas públicas provinciales. Pedro Gebhart, Cristian Klein, Claudio Rosas Vico y Alejandro Usatinsky firmaron un acuerdo de juicio abreviado en el que admitieron haber montado una estructura delictiva para sustraer 100.886.972 pesos del erario público de Entre Ríos entre enero de 2018 y diciembre de 2022.

Ante el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Mauricio Mayer, los cuatro implicados aceptaron una pena de tres años de prisión condicional, la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, y el compromiso de devolver el monto histórico detectado en la pericia mediante un depósito conjunto en un plazo de 60 días. Mientras que a los exfuncionarios se les imputó el delito de Peculado reiterado por 319 créditos irregulares, Usatinsky el único que no formaba parte de la planta estatal firmó como partícipe necesario.

Los condenados por corrupción en caso de prosperar el acuerdo son: Pedro Gebhart, de 38 años, abogado y escribano, quien era subsecretario de Desarrollo Emprendedor del Ministerio de Desarrollo Social y posteriormente, a partir de una modificación, secretario de Desarrollo Económico y Emprendedor que quedó bajo la órbita del Ministerio de Producción. Cristian Klein, de 44 años, con estudios terciarios incompletos, se desempeñaba como Director de Evaluación y Seguimiento de Proyectos. Claudio Rosas Vico, de 38 años, licenciado en Trabajo Social, era Director de Políticas y luego Director General de Desarrollo Económico Emprendedor. Hace unos días renunció a su cargo en el gobierno de Rogelio Frigerio de director del Servicio Administrativo Contable de la Secretaría de Turismo.

El único que no tenía funciones en el Estado es Alejandro Usatinsky, encargado de rastrear personas vulnerables.

Una dura acusación fiscal

La investigación penal preparatoria, liderada por el fiscal Gonzalo Badano, expuso una trama descorazonadora. La organización criminal utilizó un programa social estratégico, diseñado originalmente para incentivar el desarrollo de proyectos productivos en una franja etaria con serias dificultades de inserción laboral, como una caja negra para enriquecimiento personal.

Para lograrlo, los acusados no dudaron en valerse de la necesidad ajena. El entramado delictivo se dedicó a captar a estudiantes, personas sin trabajo y ciudadanos en situación de extrema vulnerabilidad económica que buscaban legítimamente un crédito para salir adelante. Aprovechándose de su buena fe, les solicitaban los datos personales bajo el engaño de que recibirían ayudas estatales no reintegrables.

Se cree que el dinero fue a parar a propiedades personales, familiares y amigos, viajes al exterior y fiestas. Las escuchas teléfonicas que difundió Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) dejan en claro la impunidad con la que se manejaban los imputados.

El modus operandi sistemático incluía proyectos ficticios con la confección de expedientes con emprendimientos inexistentes y firmas falsificadas. Retornos forzados, una vez que el Estado transfería los fondos, los beneficiarios eran acompañados al banco para retirar el efectivo. La organización se quedaba con el grueso del dinero y a las víctimas les entregaban migajas: sumas de entre 6.000 y 50.000 pesos. Además había rendiciones apócrifas, ya que se incorporaban facturas falsas, declaraciones juradas truchas y simulación de intimaciones de pago a correos electrónicos inexistentes para burlar los controles del Tribunal de Cuentas.

Siguen imputados

A pesar del avance que significan estas cuatro confesiones, la causa penal está lejos de cerrarse. La justicia aún debe determinar la responsabilidad y juzgar al resto de los integrantes de la estructura piramidal que fueron señalados como reclutadores territoriales o engranajes clave de la logística. Entre quienes restan ser juzgados se encuentran Tomás Osorio (exdirector de Políticas de Apoyo Emprendedor), Matías Balbuena sindicado junto a Usatinsky como coordinador de los reclutadores, Lucila Magallanes, Aranzazú Acosta, Paula Yonas y Pablo Frutos.

Algunos de los imputados dicen estar deprimidos o atravesando una situación de tristeza. ¿Será la misma depresión que sintieron las personas vulnerables usadas por los acusados?

Sin embargo, el dato que genera mayor indignación social es la absoluta impunidad y aparente ceguera con la que operó la banda. Durante los cuatro años en que se perpetró el millonario fraude, los máximos responsables políticos de las carteras ministeriales de las que dependía el programa supuestamente nunca se percataron del robo continuo al Estado provincial.

Por las jefaturas de esos ministerios pasaron figuras de alto peso político como Laura Stratta y Juan José Bahillo (entonces ministros de Desarrollo Social y Producción, respectivamente), el exministro de Economía Hugo Ballay, e incluso el exgobernador Gustavo Bordet, quien en las postrimerías de su gestión llegó a designar a Pablo Martín Giampaolo como coordinador de la cartera productiva.

Hasta el momento, la investigación judicial ha dejado al margen a la conducción política de la anterior gestión, concluyendo que ninguno de los ministros o secretarios de Estado tenía conocimiento o complicidad con el vaciamiento. Una conclusión que, en el plano del sentido común y el control de la gestión pública, sigue dejando abiertos severos interrogantes sobre cómo se pueden desviar más de 300 créditos simulados durante 48 meses sin activar una sola alarma en los despachos superiores.

TEMASCorrupciónJóvenes Emprendedoresjuicio abreviado COMPARTIR Seguí las noticias de AHORA en Google News SEGUÍ LEYENDO PARANÁ Frigerio encabezó la apertura del Consejo Federal de Seguridad Interior que sesionó en Entre Ríos

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