Dura crítica del ruralismo a La Pampa: La carga siempre cae del mismo lado
Las entidades rurales de la Zona 8 de CARBAP pidieron revisar las nuevas resoluciones de Rentas y reclamaron mecanismos de fiscalización más acordes a la realidad productiva del campo.
El malestar del sector agropecuario con la presión fiscal y las exigencias administrativas sumó un nuevo capítulo de tensión, esta vez en el ámbito provincial.
Las entidades rurales integrantes de la Zona 8 de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) manifestaron su enérgico rechazo a la puesta en marcha de las Resoluciones Generales Nº 20/2025 y Nº 05/2026 emitidas por la Dirección General de Rentas de La Pampa.
Según advirtieron los productores, bajo la premisa de una modernización tecnológica, el Estado provincial está implementando mecanismos de control que asfixian financieramente a quienes invierten en la región.
El foco del conflicto radica en la aplicación del Control de Actividades Bajo Información (C.A.B.I.) y el nuevo Certificado de Cumplimiento Fiscal.
Las entidades rurales aclararon que, si bien comparten la necesidad de actualizar y hacer más eficientes los sistemas de fiscalización tributaria, las normativas vigentes terminan trasladando al contribuyente tareas de control que pertenecen estrictamente al propio organismo recaudador.
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El sistema opera mediante cruces automáticos de datos, obligando al productor agropecuario a justificar, explicar y acreditar de forma permanente situaciones operativas cotidianas que el algoritmo estatal califica como inconsistencias.
Desde la entidad ruralista hicieron especial hincapié en que los ciclos biológicos y productivos del campo no responden a la rigidez de un software de oficina.
Las ventas estacionales, la disparidad en los plazos de cobro y la volatilidad económica del sector agropecuario difícilmente puedan encasillarse en parámetros automáticos y uniformes.
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La utilización de coeficientes generales para monitorear actividades tan diversas como la ganadería de cría, el ciclo completo o la agricultura corre el riesgo latente de multiplicar las observaciones injustificadas, generando una parálisis burocrática insostenible.
Trabas burocráticas
La mayor contradicción denunciada por CARBAP radica en los efectos prácticos de la medida. A pesar de que el discurso oficial de la Dirección de Rentas sostiene que este nuevo esquema de cruce de datos no contempla la aplicación de sanciones directas, en la realidad la situación es muy distinta.
La presencia de cualquier observación en el sistema informático bloquea de manera inmediata la obtención del Certificado de Cumplimiento Fiscal. Este documento es un requisito obligatorio y excluyente para concretar numerosos trámites comerciales y gestiones administrativas indispensables para el funcionamiento diario de los establecimientos rurales.
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Para el arco productivo de la Zona 8, existían alternativas viables y mucho menos invasivas para optimizar la recaudación sin resentir la actividad privada. Desde la confederación señalaron que el sistema CABI debió haberse estructurado como una herramienta interna de análisis de riesgo para el fisco, estableciendo alertas previas, plazos razonables de regularización voluntaria y parámetros flexibles que entiendan la realidad económica de cada micro región pampeana.
El reclamo sectorial no se agota en el software de control, sino que desnuda un agotamiento estructural frente a un esquema tributario basado en retenciones, percepciones y adelantos de tasas que obligan a los productores a financiar de forma anticipada las arcas del Estado.
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Frente a este panorama, las sociedades rurales exigieron formalmente la suspensión o revisión de las resoluciones y la apertura urgente de una mesa de diálogo técnico. Al mismo tiempo, recomendaron a los productores asesorarse legal y contablemente para ejercer la defensa de sus derechos ante los requerimientos automáticos de la agencia de recaudación provincial.
