Un exfiscal, militares y expolicías, procesados por asociación ilícita en la dictadura
La jueza federal Zunilda Niremperger dictó el procesamiento para 14 exfuncionarios vinculados al Ejército, la Policía del Chaco, el Servicio Penitenciario F
La jueza federal N.º 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, procesó a 14 exfuncionarios y exintegrantes de fuerzas de seguridad por el delito de asociación ilícita, en el marco de una investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la provincia del Chaco.
La medida alcanza al exfiscal federal Roberto Mazzoni; al exjefe de Guardia de la Unidad Penitenciaria Federal N.º 7, Pablo Casco; a los militares retirados Luis Alberto Patetta, Ernesto Jorge Simoni, Aldo Martínez Segón, Germán Emilio Riquelme, Tadeo Bettolli, Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes y Jorge Carnero Sabol; y a los exintegrantes de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco José Francisco Rodríguez Valiente, Gabino Manader, Jorge Ángel Ibarra y José Marín.
La investigación tuvo un extenso recorrido judicial. Tras distintas resoluciones de falta de mérito y sucesivas apelaciones ante la Cámara Federal de Resistencia y la Cámara Federal de Casación Penal, la Fiscalía amplió en 2024 y 2025 el requerimiento de instrucción, reforzando la hipótesis de que existió una organización criminal estatal, jerarquizada y con una distribución funcional de tareas destinada a cometer delitos de lesa humanidad.
En una resolución de 166 páginas, la magistrada analizó el contexto histórico del terrorismo de Estado instaurado a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Allí sostuvo que el aparato estatal implementó un sistema represivo orientado a perseguir a personas identificadas como opositoras políticas, sindicales, estudiantiles o sociales mediante detenciones ilegales, torturas, cautiverios clandestinos, traslados y desapariciones.
Respecto de la provincia del Chaco, el fallo señala que el esquema represivo operó bajo conducción militar y con participación de fuerzas policiales, organismos penitenciarios y estructuras de inteligencia dentro del Área Militar 233. Según la resolución, distintas dependencias estatales fueron utilizadas para la detención, alojamiento, traslado e interrogatorio de personas perseguidas por motivos políticos, en una actuación coordinada que excedía la responsabilidad individual de cada agente.
Al resolver los procesamientos, Niremperger consideró que existen elementos suficientes, propios de esta etapa procesal, para atribuir a los imputados un aporte funcional al funcionamiento de una estructura organizada, estable y orientada a la comisión de los hechos investigados, por lo que dispuso su procesamiento como coautores del delito de asociación ilícita.
