Condena por desvío de fondos en escuelas de Santa Elena tras una auditoría de la Caja de Jubilaciones
Una investigación iniciada a partir de controles y cruces de datos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos derivó en la detección de comprobantes apócrifos en aportes previsionales y culminó con una condena judicial por el desvío de fond
El presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, destacó que el caso se enmarca en la auditoría integral que el organismo lleva adelante desde 2024 sobre los aportes de colegios de gestión privada, con el objetivo de verificar declaraciones juradas, retenciones y depósitos previsionales.
Según explicó, el procedimiento incluyó cruces sistemáticos de información con el Consejo General de Educación (CGE), lo que permitió detectar inconsistencias entre registros de deuda y constancias de pago.
"En un cruce de datos con el CGE, a nosotros nos figuraba un período de un grupo de escuelas como deudor y al CGE le figuraba como que estaba pago, y se constató que los comprobantes que había rendido el apoderado legal eran apócrifos", señaló Bagnat
A partir de esa detección, la investigación derivó en el plano penal y en una causa que involucró a cuatro instituciones educativas de Santa Elena dependientes del Arzobispado de Paraná.
En ese marco, el exadministrador y apoderado legal de dichas escuelas, Víctor Adrián Godoy, aceptó una condena de tres años de prisión condicional y la devolución de 13,5 millones de pesos, tras reconocer su responsabilidad en la maniobra.
De acuerdo con la investigación judicial, Godoy habría desviado fondos públicos mediante transferencias a cuentas personales, generando un perjuicio económico estimado en 133 millones de pesos.
El caso se originó a partir de una denuncia del CGE, que detectó rendiciones falsas y pagos previsionales simulados correspondientes al período comprendido entre 2019 y agosto de 2024.
Bagnat remarcó que este hecho fue uno de los resultados de una serie de controles periódicos que realiza la Caja, que incluyen cruces de incompatibilidades, estados civiles y pensiones.
"Es uno de los tantos cortes de información que va produciendo la auditoría. Hay casos que se corrigen y otros que pasan al plano penal cuando se detecta un delito", explicó
El funcionario también subrayó que, más allá de la condena, las instituciones educativas deberán regularizar los aportes adeudados con intereses y mora, ya que los fondos deben ser restituidos al sistema previsional provincial.
Finalmente, destacó que los controles mensuales se han convertido en una herramienta de rutina para fortalecer la transparencia y prevenir nuevas irregularidades en el sistema.
Fuentes: Ahora davidricardo
