Deberían estar presos: fuerte reclamo contra los galgueros y la caza furtiva
El intendente de San Antonio de Areco, Francisco Ratto, y las entidades de productores denunciaron pérdidas económicas, violación de la propiedad privada y un feroz maltrato animal. Tras una serie de declaraciones a TN, exigen que la Justicia actúe c
El partido de San Antonio de Areco atraviesa una lucha diaria y silenciosa que pone en jaque la tranquilidad de sus parajes rurales.
El avance de la caza furtiva, motorizado centralmente por grupos que operan con perros galgos, dejó de ser un problema menor de convivencia para transformarse en un delito complejo que afecta la producción, vulnera la propiedad privada y agota los recursos de seguridad locales.
El drama es de tal magnitud que unificó el reclamo de los productores, las protectoras de animales y el gobierno municipal, quienes exigen de manera urgente reformas legislativas de fondo y un mayor acompañamiento por parte de la Justicia provincia.
La problemática escaló sensiblemente en el último tiempo.
En diálogo con TN, el intendente local, Francisco Ratto, graficó el hartazgo de la comunidad y la desprotección jurídica que sienten los municipios rurales ante este flagelo.
Lo que nos espanta es el maltrato animal hacia los perros; es una lucha diaria. La raza de galgo es muy maltratada, manifestó el jefe comunal.
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Ratto describió que la dinámica de los galgueros genera múltiples perjuicios: no solo incurren en la invasión de la propiedad privada, sino que sus perros corriendo por los lotes desatan desmanes en los rodeos, provocando daños directos a los animales de cría y severas pérdidas en la producción agropecuaria. Además, alertó que bajo la pantalla de la caza suelen registrarse robos en los establecimientos.
Por esta razón, la intendencia decidió endurecer los controles y avanzar en una legislación local más severa.
Nosotros estamos impulsando una nueva ordenanza en lo que son las multas y los daños que se provocan. Necesitamos que toda la provincia tenga una mirada más integral y más dura contra estas personas que maltratan a los animales y arruinan la producción de otros. Para mí, deberían estar presos los galgueros, disparó Ratto sin rodeos.
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El mandatario también remarcó el peligro que corren las activistas locales: Las chicas de las protectoras recibieron amenazas muy serias; necesitamos que la justicia nos acompañe.
El coto de caza de la región
Desde el sector productivo, el diagnóstico es igual de alarmante y desnudó falencias estructurales. Estanislao Ramos, presidente de la Asociación Regional de Productores Agropecuarios (ARPA), también dialogó con TN y señaló que el reclamo por medidas concretas lleva largo tiempo en la agenda gremial.
De acuerdo con el titular de ARPA, los ingresos ilegales a los campos se concentran con mayor agresividad durante los fines de semana, convirtiendo a Areco en un imán para cazadores furtivos de toda la zona norte bonaerense. Venían de Baradero, de Zárate, de San Andrés de Giles y de Capitán Sarmiento. Éramos el coto de caza de la región, describió Ramos.
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Esta invasión recurrente generaba un efecto colateral crítico sobre la operatividad de las fuerzas de seguridad: el desvío y derroche de recursos esenciales.
Nos dábamos cuenta de que estábamos gastando todo el gasoil de la Patrulla Rural en perseguir galgueros, cuando ese combustible podría ser utilizado para alguna cuestión mayor, más importante, como puede ser un robo, un asalto o sacar a una persona del campo un día de lluvia, argumentó con preocupación el dirigente agropecuario.
Ramos fue tajante al explicar a TN el problema de fondo: Hasta que los jueces no entiendan que ingresar a una propiedad privada es una invasión, y que esa es la primera instancia que tenemos que trabajar, la situación no va a cambiar.
El dirigente advirtió sobre la desprotección y el temor de las familias rurales, ya que mucha gente que vive en los establecimientos no quiere ir a sacarlos o pasar por una situación fea de enfrentamiento; no son situaciones agradables en la mayoría de los casos.
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Asimismo, deslindó de responsabilidades a los animales: El perro no tiene la culpa de nada, sino quien los maneja. Ellos usan al perro de escudo y como herramienta de caza. Lo que queremos es dejar de gastar recursos para correr a los galgueros.
El presidente de ARPA denunció además una preocupante impunidad en los procedimientos actuales, donde las contravenciones suelen quedar en la nada. Los cazadores dejan los autos en el ejido urbano y entran a cazar. Los patrulleros los encuentran y terminan usándolos como remis: los llevan hasta el auto y no pasa nada, no tienen un castigo.
Frente a este escenario, productores y autoridades locales llevaron el planteo al Gobierno bonaerense en una reunión con la Secretaría de Seguridad de la provincia, donde las autoridades provinciales coincidieron en todos los conceptos expuestos.
Un fallo histórico y una ordenanza inminente
El malestar y la urgencia regulatoria expresados por las autoridades y los productores locales tienen su correlato directo en una reciente y revolucionaria resolución de los tribunales bonaerenses.
En lo que fue calificado como un procedimiento histórico para la región, la Justicia ordenó, por primera vez en el partido, el secuestro y la entrega en custodia judicial de dos perros galgos que eran utilizados para la caza ilegal dentro de un establecimiento privado de San Antonio de Areco.
La medida fue impulsada de manera coordinada por el fiscal Lisandro Masson, titular de la UFI N.º 4 del Departamento Judicial de Mercedes, y ejecutada por el Comando de Prevención Rural (CPR), sentando un precedente inédito en la persecución del furtivismo dentro de las chacras de la provincia.
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Los animales rescatados fueron entregados en carácter de depositarias judiciales a los miembros de la asociación civil Corazones Vagabundos.
El informe de los médicos veterinarios que revisaron a los ejemplares aportó datos contundentes que respaldaron la drástica decisión de la fiscalía: a pesar de ser jóvenes, ambos galgos presentaban un severo deterioro físico, lesiones compatibles con maltrato, dolores crónicos y posibles hernias.
Los especialistas explicaron que el cuadro clínico denotaba prácticas habituales de la actividad clandestina, tales como la restricción prolongada de alimentos con el fin de incrementar de forma cruel el instinto de persecución de las presas durante las jornadas de caza.
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Sin embargo, lo que el activismo y los defensores de la seguridad rural celebraron como un límite a la impunidad, desató una violenta reacción por parte de los sectores que defienden la práctica clandestina.
La ONG local quedó atrapada en medio de una intensa ola de agresiones, insultos y amenazas que obligaron a sus integrantes a aclarar públicamente que ellos no realizaron la denuncia inicial, sino que intervinieron exclusivamente a requerimiento del fiscal Masson para salvar la vida de los caninos.
Actualmente, mientras la entidad que arrastra una deuda veterinaria millonaria y subsiste gracias a rifas busca desesperadamente hogares de tránsito que ofrezcan contención emocional a los animales, la fiscalía avanza sobre las responsabilidades penales de los infractores.
Para blindar legalmente al municipio, Ramos anticipó a TN que se implementarán cambios drásticos: Nos pusimos de acuerdo con el Intendente Ratto para que una serie de artículos de la Ley 10.081/83 se cumplan rigurosamente, porque esto es un delito que permite el decomiso de los perros.
Además, reveló que tomaron como modelo una herramienta exitosa de la región: Tomamos una ordenanza del partido de Las Heras que funciona bien y la enviamos al Concejo Deliberante para que le den celeridad a la cuestión.
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El dirigente aclaró que no hay intención de confiscar a ningún perro de forma arbitraria, sino que se busca proteger el respeto a la propiedad privada y evitar los graves desarreglos que estas invasiones provocan en establecimientos con hacienda y centros de reproducción equina.
El respaldo institucional y político contra el flagelo
El conflicto en San Antonio de Areco coincide con un fuerte pronunciamiento a nivel provincial que busca ponerle límites institucionales a estas bandas. En sintonía con las demandas de Ratto y Ramos, se conoció el documento oficial emitido por el Foro de Seguridad Rural Argentino (FOSERA) que manifestó su profunda preocupación por los reiterados hechos de caza furtiva en territorio bonaerense.
La entidad recordó la plena vigencia del Artículo 273 del Código Rural de la Provincia de Buenos Aires (Decreto-Ley 10.081/83), norma que prohíbe taxativamente la formación de cuadrillas de caza, la actividad nocturna y el uso de perros galgos o luces artificiales que atenten contra la fauna silvestre, vulnerando la propiedad privada y poniendo en riesgo la seguridad de las familias rurales.
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En tanto, el propio ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, fijó una postura contundente a través de su cuenta oficial de TikTok. En la publicación, el funcionario desmitificó la actividad y se alineó con el reclamo del campo: Muchos creen que la caza con galgos es un hobby, pero el daño es real. La caza con galgos lastima fauna, rompe el equilibrio ambiental y genera conflictos con productores, sentenció.
Asimismo, la máxima autoridad de la cartera de seguridad bonaerense apuntó contra el ingreso ilegal a los campos y justificó la intensificación de las tareas de prevención. Implica ingresar a campos privados sin permiso, causando pérdidas y riesgos para quienes trabajan la tierra. Por eso intervenimos: para frenar este tipo de prácticas ilegales, proteger la biodiversidad y la propiedad, remarcó el ministro, concluyendo con una premisa clave: Cuidar la fauna también es cuidar el campo.
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Ante este escenario de respaldo generalizado, el intendente Ratto reiteró la urgencia de que el Ejecutivo declare formalmente la veda de caza en el distrito, dado que la actual temporada agudiza el arribo de infractores de otras jurisdicciones. Necesitamos legislación que nos acompañe y leyes condenatorias frente a estos delitos. Estaría bueno que la legislación sea homogénea en el resto de la provincia para avanzar con firmeza, concluyó el jefe comunal.
