Lazzaneo asumirá como defensor de víctimas en Entre Ríos - Informe Digital
Dijo que la nueva figura dará representación gratuita y podrá intervenir en trata, abusos y casos federales.
Juan Ignacio Lazzaneo, juez de Ejecución de Penas de Concordia y flamante Defensor Público de Víctimas en Entre Ríos, explicó que la nueva función busca garantizar asistencia legal gratuita a personas en situación de vulnerabilidad y con escasos recursos para sostener un proceso penal. Lo hizo en el programa El Séptimo Día de Radio Plaza 94.7.
La designación fue formalizada por el Poder Ejecutivo nacional a través del Boletín Oficial y pone en marcha una figura inédita en la provincia. Según explicó, las defensorías públicas de víctimas fueron creadas por la Ley 27.372, de Derechos y Garantías de las Víctimas del Delito, sancionada en 2017 y luego reglamentada en el ámbito de la Defensoría General de la Nación.
A raíz de esa ley y su decreto reglamentario se crean, en el marco de la Defensoría General de la Nación, defensorías públicas de víctimas, justamente para asesorar y representar a víctimas del delito en forma gratuita, señaló. Agregó que el acceso depende de parámetros fijados por ese organismo, sobre todo la vulnerabilidad y la imposibilidad económica de afrontar un proceso penal.
El funcionario recordó que se prevé una defensoría por provincia y que el cargo para Entre Ríos había quedado vacante desde un concurso iniciado en 2018. Los concursos quedaron desiertos. Ya en otras provincias hay defensores de víctimas, por ejemplo, Salta, Jujuy, Chaco, La Pampa y Santa Fe, precisó.
Una querella propia para la víctima
Al diferenciar su tarea de la del Ministerio Público Fiscal, Lazzaneo remarcó que el fiscal representa el interés general de la sociedad, mientras que la defensoría se enfocará en la víctima concreta. Yo tendré la posibilidad de querellar como un querellante particular que puede intervenir en los procesos penales, independientemente del Ministerio Público Fiscal, sostuvo.
En esa línea, explicó que puede haber diferencias entre la estrategia de la Fiscalía y la voluntad de la víctima. El Ministerio Público Fiscal podría no coincidir con los intereses de la víctima o con hasta dónde llegar en la persecución penal. Incluso podría apartarse de la acusación y la querella particular continuar, indicó.
Trata y delitos federales, en la mira
Consultado sobre los casos que podrían llegar a la defensoría, mencionó como principales los delitos federales con víctimas directas, en especial la trata de personas. La provincia de Entre Ríos, por su extensión, es un escenario donde los mayores casos que se podrían encontrar son de Trata de personas, con cualquiera de las dos finalidades: explotación sexual o explotación laboral, afirmó.
También señaló que podría intervenir en delitos comunes ocurridos en ámbitos federales, como dependencias de fuerzas nacionales o universidades nacionales, y en situaciones de especial vulnerabilidad en las que pueda comprometerse la responsabilidad internacional del Estado.
Pedido de la víctima y reclamo de reparación
Lazzaneo aclaró que la intervención no será automática, sino a pedido de la persona afectada. Los defensores de víctimas intervenimos en la medida en que la víctima quiera ser representada o bien no tenga los recursos económicos para afrontar un proceso y quiera tener una representación legal, puntualizó.
Además, destacó que la figura tendrá peso en salidas alternativas del proceso penal y en los reclamos de reparación económica. Se ha hecho mucho hincapié en la participación de la defensa de víctimas en un juicio abreviado, dijo, y agregó que también podrá constituirse como actor civil para reclamar indemnización por los daños ocasionados.
Recordó, además, que en Entre Ríos ya hubo intervenciones de la defensa pública en representación de víctimas en causas vinculadas a explotación laboral. La función del defensor o defensora de víctimas también va a tener esto de poder conseguir una reparación sustentable por parte de los agresores o explotadores hacia las víctimas, expresó.
El debate sobre llevarla al plano provincial
Consultado sobre la posibilidad de trasladar esta figura al ámbito provincial, consideró que sería viable, aunque requeriría cambios en el Código Procesal Penal y en la ley del Ministerio Público. Yo creo que podría haber defensorías públicas provinciales, planteó.
Para el flamante funcionario federal, la discusión se vincula con el acceso efectivo a la Justicia. Citó el Pacto de San José de Costa Rica y sostuvo que la garantía central de este rol es que una representación gratuita viene a no dejar por fuera a personas que también tienen derecho a recurrir ante la Justicia.
En el tramo final, también advirtió que el proceso penal debe ser una herramienta de última instancia y vinculó buena parte de la conflictividad social con el consumo problemático de alcohol y estupefacientes, al que describió como un factor presente en gran parte de la población que atraviesa el sistema penal.
