La Ley Oñativia: cuando el Estado declaró que los medicamentos eran un bien social | El Dia
La legislación buscó garantizar el acceso a los remedios, controlar sus precios y transparentar el funcionamiento de la industria farmacéutica
Pocas decisiones del gobierno de Arturo Illia generaron tanta repercusión como la llamada Ley Oñativia. Para algunos, fue uno de los mayores avances en materia de salud pública de la historia argentina. Para otros, una inaceptable intervención del Estado sobre la actividad privada. Lo cierto es que, más de seis décadas después, aquella legislación continúa siendo una referencia obligada cada vez que se discute el precio de los medicamentos y el acceso de la población a los tratamientos.
En realidad, la denominada Ley Oñativia estuvo integrada por dos normas, las leyes 16.462 y 16.463, sancionadas por el Congreso el 23 de julio de 1964 e impulsadas por el entonces ministro de Asistencia Social y Salud Pública, el médico salteño Arturo Oñativia, con el respaldo del presidente Illia.
Su punto de partida era una definición que, para la época, resultaba revolucionaria: los medicamentos no debían ser considerados una mercancía más, sino un bien social al servicio de la salud pública. Bajo esa premisa, el Estado asumía la responsabilidad de intervenir para garantizar que fueran seguros, de calidad y accesibles para toda la población.
UNA INVESTIGACIÓN QUE ENCENDIÓ LAS ALARMAS
Antes de enviar los proyectos al Congreso, el Ministerio de Salud conformó dos comisiones de especialistas. Una de ellas analizó la composición de más de 20.000 medicamentos que se comercializaban en el país y detectó que muchos no contenían las sustancias que declaraban sus prospectos. La otra investigó la estructura de costos del sector y concluyó que numerosos precios se inflaban mediante maniobras contables que encarecían injustificadamente los productos.
Los resultados eran especialmente preocupantes porque, por entonces, las familias de menores ingresos destinaban cerca de dos tercios de su gasto en salud a la compra de medicamentos.
Con esos estudios como respaldo, Illia y Oñativia sostuvieron que el mercado farmacéutico no podía quedar librado exclusivamente a la lógica de la oferta y la demanda, ya que quienes necesitaban un medicamento lo hacían por una cuestión de necesidad y no de elección.
QUÉ ESTABLECÍA LA LEY
Las nuevas normas regulaban tanto la producción como la comercialización de medicamentos. Entre otras medidas, creaban el Instituto de Farmacología y Control de Drogas y Medicamentos, organismo que con el paso del tiempo se convertiría en el antecedente directo de la actual Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Además, el Gobierno congeló los precios de los medicamentos y exigió a las empresas farmacéuticas que presentaran declaraciones juradas con los costos reales de producción para justificar sus valores de venta.
Ninguna compañía aceptó hacerlo.
Paralelamente, el Ministerio revisó el registro nacional de medicamentos y comprobó que apenas poco más de la mitad de las especialidades farmacéuticas cumplían con los requisitos establecidos para continuar comercializándose.
LA REACCIÓN DE LOS LABORATORIOS
La respuesta de la industria farmacéutica fue inmediata. Los principales laboratorios nacionales y extranjeros impulsaron una intensa campaña pública contra la legislación. Medios de comunicación afines al sector advirtieron que las medidas provocarían el colapso de la industria y denunciaron un supuesto avance del Estado sobre la actividad privada.
La presión no quedó limitada al plano local. Durante las negociaciones para refinanciar la deuda externa argentina, algunos países acreedores y organismos internacionales reclamaron el levantamiento del congelamiento de los precios de los medicamentos como condición para avanzar en los acuerdos financieros.
Illia se negó.
Años después recordaría que, frente a esa exigencia, respondió que el Gobierno argentino no aceptaría condicionamientos externos sobre una política que consideraba esencial para proteger la salud de la población.
UNA LEY QUE SOBREVIVIÓ COMO SÍMBOLO
La resistencia que despertó la Ley Oñativia fue mucho mayor que una discusión técnica sobre el mercado farmacéutico. Para numerosos historiadores, el enfrentamiento con los grandes laboratorios y con poderosos intereses económicos contribuyó al creciente aislamiento político del gobierno de Illia y formó parte del clima que precedió al golpe de Estado del 28 de junio de 1966.
No casualmente, una de las primeras decisiones adoptadas por la dictadura encabezada por Juan Carlos Onganía fue derogar buena parte de la legislación y liberar nuevamente los precios de los medicamentos.
Pese a su breve vigencia, la Ley Oñativia dejó una huella profunda. Instaló la idea de que el acceso a los medicamentos formaba parte del derecho a la salud y que el Estado debía asumir un papel activo para garantizarlo. También sentó las bases del organismo que décadas después evolucionaría hasta convertirse en la ANMAT, encargada de controlar la calidad, seguridad y eficacia de medicamentos, alimentos y productos médicos en la Argentina.
Más de sesenta años después, la discusión sigue vigente. Cada vez que se debate cuánto deben costar los medicamentos, qué controles debe ejercer el Estado o hasta dónde llegan las responsabilidades de la industria farmacéutica, el nombre de Arturo Oñativia vuelve a ocupar un lugar central. Y, con él, una de las políticas públicas más recordadas del gobierno de Arturo Illia.
