Confirman pena a proxenta que amenazó a jueces y reincidió bajo arresto - AHORA Entre Ríos
Casación Federal confirmó la condena de siete años para el comerciante que amenazó a jueces y sus familias para obtener una absolución.
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la unificación de penas impuesta a Carlos Darío Antonio Montiel, alias Pito, un comerciante de 51 años oriundo de Concordia, condenado por varios delitos entre ellos por explotación sexual y amenazas a jueces federales.
Según el fallo al que accedió AHORA, el tribunal rechazó el recurso de la defensa y confirmó la pena única de siete años de prisión de cumplimiento efectivo, tras evaluar la gravedad de los delitos cometidos y su falta de apego a las normas.
La primera condena que recibió Montiel fue el 29 de octubre de 2012, por explotación sexual a cuatro años de cárcel. Concretamente, por la captación de la víctima de 19 años en un hecho que ocurrió entre el 4 y el 7 de mayo de 2009, cuando una joven radicó denunció que un hombre y una mujer la fueron a buscar a su casa en la localidad de San Vicente, provincia de Misiones, bajo la promesa de un trabajo digno. En realidad, la habían llevado engañada para ejercer la prostitución en el prostíbulo El Desafío, de Concordia.
Se realizó el juicio en 2012, transcurrieron los testigos y finalmente los alegatos del fiscal general José Ignacio Candioti, un día viernes.
Durante el fin de semana, Montiel, desde la Unidad Penal N° 1 de Paraná, llamó a los teléfonos particulares de dos de las integrantes del Tribunal Oral Federal: Lilia Carnero y Noemí Berros. A las 13 del 26 de octubre, llamó a Mariana Montefiori, hija de la jueza Carnero, y le pidió que le transmitiera un mensaje a su madre: Que se deje de joder con Carlos Montiel porque si no los iba a hacer mierda a todos, le dijo. Le siguieron varios llamados más de igual tenor, exigiendo a las magistradas que lo absuelvan. No me importa nada, yo manejo la droga y prostíbulos en Concordia, se jactaba.
Finalmente, fue condenado, pero lo dejaron libre hasta que el fallo quedara firme y luego Montiel no fue encontrado para ser llevado a prisión. Estuvo prófugo hasta que lo detuvieron en agosto de 2014.
En junio de 2021, fue condenado inicialmente a cinco años de prisión por el delito de coacciones calificadas. Según surge de los fundamentos del fallo, Montiel había amenazado de muerte a jueces del propio Tribunal Oral Federal de Paraná y a sus familiares con el objetivo de obtener una absolución en otra causa penal.
Lo que agravó significativamente su situación procesal fue su comportamiento posterior. Apenas unos días después de esa sentencia, el 25 de junio de 2021, y mientras cumplía prisión domiciliaria por razones de salud, Montiel volvió a delinquir. En esa ocasión, fue hallado responsable de tenencia simple de estupefacientes y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, lo que derivó en una segunda condena de tres años dictada por la justicia de Concordia en diciembre de 2022.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná fue el encargado de realizar la unificación de ambas sentencias en 2025. Para llegar al monto final de siete años, los jueces aplicaron el método composicional, descartando un criterio puramente aritmético que podría haber resultado en una sanción aún más gravosa.
La defensa pública de Montiel había impugnado este monto por considerarlo excesivo y alegó que se estaba violando el principio de non bis in ídem (no ser juzgado dos veces por lo mismo), argumentando que ya se habían ponderado las circunstancias de los delitos en las condenas individuales.
Sin embargo, los jueces de Casación Daniel Antonio Petrone, Javier Carbajo y Angela Ledesma respaldaron la decisión original. En su voto, el juez Carbajo destacó que Montiel no es una persona desocializada, ya que sabe leer y escribir, tenía trabajo y una familia, condiciones que debieron haber operado como un incentivo para ajustar su conducta al derecho.
El tribunal hizo especial énfasis en que el imputado cometió nuevos delitos mientras gozaba del beneficio de la prisión domiciliaria, lo que demostró que dicha modalidad no fue aprovechada como una oportunidad para reencauzar su comportamiento.
Finalmente, la Cámara concluyó que la pena de siete años es idónea, necesaria y proporcional dada la entidad de los hechos. Además de la prisión, se mantuvo la multa de 53.220 pesos, la cual ya fue abonada con dinero decomisado durante los operativos policiales.
Con esta resolución, se cierra una etapa clave en el proceso judicial contra Montiel, reafirmando la severidad frente a delitos que atentan contra la integridad de los miembros del Poder Judicial
Las juezas hicieron la denuncia en el Juzgado Federal y comenzó a tramitarse, con abundante prueba, como escuchas telefónicas, la causa por los llamados extorsivos. Fue a juicio y en un acuerdo de abreviado Montiel recibió cinco años de prisión efectiva por Coacciones calificadas. Por problemas de salud, el hombre quedó con prisión domiciliaria en su casa de Concordia. Pero estaba de vacaciones, según observaban investigadores de Prefectura.