Acusada de maltrato infantil con prisión domiciliaria por falta de espacio en comisarías
La Justicia dispuso la medida de forma excepcional debido a que las dependencias policiales de la localidad de Pico Truncado, no cuentan con instalaciones acondicionadas para el alojamiento prolongado de internas femeninas. Los menores afectados ya s
Un complejo panorama legal e institucional se desarrolla por estas horas en la zona norte de Santa Cruz, combinando una delicada investigación por violencia intrafamiliar con las históricas limitaciones de infraestructura del sistema de seguridad provincial. En este marco, la Justicia dispuso el beneficio de la prisión domiciliaria para una madre investigada por situaciones de maltrato, desatención y abandono hacia sus hijos.
La resolución del Juzgado interviniente se tomó tras constatar que las comisarías de Pico Truncado no disponen actualmente de celdas operativas o pabellones específicos que reúnan las condiciones normativas obligatorias para albergar a mujeres privadas de la libertad. Ante este impedimento técnico y logístico, se optó por la reclusión de la imputada en una vivienda particular mientras avanza el proceso penal.
Resguardo de los menores
Las actuaciones judiciales se iniciaron a partir de denuncias que alertaron a los organismos locales sobre el presunto estado de desamparo alimentario y las agresiones que habrían sufrido dos menores de edad en el ámbito de su hogar. A raíz de estas alertas, los equipos interdisciplinarios de Niñez, Adolescencia y Familia intervinieron de manera prioritaria para evaluar la integridad física y psicológica de los niños.
Con los primeros informes técnicos sobre la mesa, la Justicia ordenó de inmediato la detención preventiva de la progenitora y su pareja. No obstante, la imposibilidad de materializar su alojamiento en una celda común de la localidad motivó la necesidad de fijar un arresto domiciliario, una alternativa procesal que ha generado preocupación y debate entre los vecinos del sector.
Limitaciones de infraestructura
Esta situación vuelve a poner en relieve la recurrente problemática sobre el cupo edilicio y la falta de áreas de detención exclusivas para mujeres imputadas por delitos graves en las comisarías del interior provincial. Al verse descartada la permanencia de la acusada en una dependencia policial común por obvias razones de seguridad y reglamentación, el sistema judicial debió adaptar el cumplimiento de la cautelar.
A fin de mitigar riesgos durante esta etapa del proceso, las autoridades judiciales dispusieron la asignación de una estricta consigna policial permanente en el domicilio de residencia, sumada a una restricción de acercamiento absoluta de carácter obligatorio.
