Salud mental: advierten barreras para acceder a atención especializada en el interior de Entre Ríos
El Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos analizó dificultades de acceso a servicios especializados en distintas localidades del interior provincial, especialmente en situaciones que requieren internación o tratamientos de mayor complejidad, se informó a Diario El Enfoque.
El tema fue abordado durante el plenario realizado el jueves 25 de junio, en el que también se avanzó en la organización de la presentación del informe de gestión 2025 sobre la situación de la salud mental en Entre Ríos.
La actividad se llevará a cabo el jueves 2 de julio en la Casa de la Cultura de Entre Ríos y estará dirigida a organismos, instituciones y sectores vinculados con el abordaje de la salud mental en la provincia.
Durante el encuentro se informó sobre situaciones relacionadas con niños, niñas y adolescentes que enfrentan dificultades para acceder a servicios especializados, en particular en algunas localidades del interior. También se planteó la necesidad de fortalecer la articulación entre los distintos efectores de salud para que los traslados y derivaciones contemplen las necesidades de cada persona y favorezcan, cuando sea posible, la continuidad de los tratamientos en el ámbito comunitario.
El plenario también recibió informes sobre instituciones de distintas ciudades entrerrianas, entre ellas el hospital de Santa Elena, en el departamento La Paz, y una comunidad terapéutica privada de Concordia.
En la ciudad, además, se informó sobre reuniones mantenidas con el servicio de Salud Mental del Hospital Felipe Heras y con la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Comunitaria.
Otro de los problemas abordados fue la dificultad de usuarios ambulatorios para asistir a turnos programados debido al costo del transporte público. La situación fue planteada a partir de reuniones con el área de Trabajo Social del Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná.
El Órgano de Revisión de Salud Mental está integrado por representantes del Estado provincial y organizaciones de la sociedad civil, y tiene entre sus funciones el seguimiento de las condiciones de atención y el resguardo de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud mental.
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