Pergamino: absolvieron a productores y condenaron a dos exfuncionarios - Informe Digital
El fallo del Tribunal Oral Federal 2 de Rosario cerró una causa por fumigaciones y dejó en pie las cautelares.
El Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario absolvió a los productores y al aplicador acusados por fumigaciones en Pergamino, pero condenó a dos exfuncionarios municipales por fallas en los controles. La decisión, que cierra un proceso de ocho años, vuelve a poner en el centro el conflicto entre producción agropecuaria, salud pública y responsabilidad estatal.
Según publicó La Nación, los jueces no encontraron prueba suficiente para sostener condenas penales contra Fernando Cortese, Mario Roces, Víctor Hugo Tiribó, José Grattone, Carlos y Hugo Sabatini, ni contra el ingeniero agrónomo y aplicador Cristian Taboada. En cambio, responsabilizaron a Mario Daniel Tocalini y Guillermo Nicolás Naranjo, exjefes de la Dirección de Ambiente Rural, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Los condenados recibieron dos años de prisión en suspenso e inhabilitación especial por cuatro años para ejercer cargos públicos. Además, deberán cumplir tareas comunitarias vinculadas con la salud o la protección ambiental.
El tribunal dejó un punto clave en la sentencia: la absolución de los productores no implica negar daños ambientales o sanitarios. Durante la lectura del veredicto, los magistrados sostuvieron que está probado que la exposición a químicos usados en la actividad agropecuaria provocó perjuicios en la salud de Sabrina Ortiz, su familia y otros vecinos de distintos barrios de Pergamino.
Pero aclararon que esa conclusión no alcanzaba para condenar penalmente. A su criterio, durante el juicio no se logró demostrar con certeza quién realizó cada aplicación cuestionada ni cuál fue la participación concreta de cada acusado en los hechos investigados.
No estamos acá para defender la actividad agrícola a costa de sacrificar la salud pública, dijo el juez Román Lanzón al fundamentar la decisión. También cuestionó a la acusación fiscal por apoyarse, según el fallo, en generalidades y conclusiones sin sustento probatorio.
Los jueces remarcaron que para condenar no bastaba con probar que hubo aplicaciones de fitosanitarios o restos de agroquímicos. Era necesario acreditar el nexo causal entre la conducta atribuida a cada imputado y la contaminación denunciada.
También sostuvieron que, mientras se respete la zona de exclusión, la fumigación con productos habilitados no está prohibida. En ese marco, entendieron que la acusación debía demostrar que las aplicaciones se hicieron fuera de las áreas permitidas o con intención de contaminar.
Otro eje del fallo fue la normativa de Pergamino. El tribunal afirmó que antes de la ordenanza municipal de 2014 casi no había regulaciones específicas sobre fumigaciones y que luego comenzaron a aplicarse controles. También señaló que las medidas cautelares dictadas por la Justicia Federal ayudaron a reducir los padecimientos denunciados por vecinos.
La ordenanza 8126/14 regula las aplicaciones de fitosanitarios en todo el partido, delimita zonas de prohibición, exclusión y amortiguamiento, y fija mecanismos de control y sanción. Productores de la región sostienen que esa norma dejó entre 800 y 1200 hectáreas en exclusión total y entre 10.800 y 12.000 hectáreas bajo amortiguamiento, con un fuerte impacto económico para el distrito.
Para el tribunal, el principal reproche penal recayó sobre quienes debían controlar el cumplimiento de esa normativa. Consideró que Tocalini y Naranjo no ejercieron una fiscalización efectiva y respondieron de manera insuficiente frente a los reclamos reiterados de los vecinos.
Los magistrados hablaron de un control aparente sobre las fumigaciones y remarcaron que ambos funcionarios conocían la regulación porque contaban con la capacitación técnica necesaria para sus cargos.
El fallo también ordenó remitir copia al Ministerio Público Fiscal de San Nicolás para que investigue el accionar del entonces intendente de Pergamino y de otros funcionarios que pudieron haber intervenido durante el período analizado.
Además, dispuso mantener vigentes las medidas cautelares dictadas por el Juzgado Federal de San Nicolás hasta que la sentencia quede firme. Eso significa que las restricciones actuales seguirán aplicándose mientras el fallo pueda ser revisado por instancias superiores.
En el tramo final, los jueces marcaron los límites del derecho penal para resolver conflictos ambientales. Un juez penal no es un superhéroe, afirmaron, al sostener que la protección del ambiente requiere políticas públicas, regulación y decisiones de otros poderes del Estado.
La Nación intentó obtener la opinión de uno de los productores mencionados en el fallo, pero hasta el momento no respondió.
