Bloque de concejales del PJ acudió al Tribunal de Cuentas por presuntas irregularidades en la contratación de la empresa VITSA
Las concejalas pertenecientes al bloque del Partido Justicialista, Carolina Amiano y Claudia Villalba, formalizaron una presentación institucional ante el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos (TCER). El objeto del recurso persigue que el órgano de control provincial audite de forma urgente la regularidad del procedimiento administrativo mediante el cual el Departamento Ejecutivo local adjudicó bajo vía de excepción el servicio parcial de recolección de residuos urbanos a la firma privada VITSA, un convenio que compromete partidas del erario público estimadas en más de 3.000 millones de pesos anuales.
La presentación ante las autoridades fiscalizadoras de Paraná se fundamentó en el vencimiento crónico de los plazos legales establecidos en la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, herramienta a la que debieron apelar las ediles ante la negativa del municipio a contestar los pedidos de informes originados en el Concejo Deliberante. Desde la bancada opositora señalaron que la retención de los expedientes afecta las facultades de contralor que poseen los representantes legislativos sobre los recursos de los contribuyentes.
Cronología express y sospechas sobre un presunto direccionamiento del convenio
De acuerdo con las declaraciones brindadas por la concejala Amiano, los indicios de anomalías administrativas comenzaron a registrarse desde el inicio del debate parlamentario que dio cobertura legal a las operaciones del operador privado:
Aprobación en simultáneo: El bloque del PJ recordó que el 19 de marzo pasado el oficialismo convalidó una ordenanza de emergencia ambiental de tratamiento express. El cuestionamiento radica en que los instrumentos de contratación y adjudicación directa en favor de VITSA se rubricaron el mismo día de la sesión.
Logística anticipada: Las legisladoras expusieron material fílmico y registros documentales que demostraron que la prestataria ya había alquilado galpones operativos en Concordia con un mes de antelación a la sanción de la emergencia, sugiriéndose la existencia de acuerdos previos al marco de excepción.
Actualizaciones mensuales: El canon mensual inicial asignado a la empresa privada se fijó en 250 millones de pesos. Las ediles advirtieron que las cláusulas contractuales blindan el margen de ganancia corporativo, disponiendo un reajuste trimestral indexado que este mes arrojará un incremento estimado por encima de los 40 millones de pesos.
Denuncias por deficiencias en las frecuencias de recolección y falta de respuestas
El planteo sustanciado ante el Tribunal de Cuentas solicitó la aplicación de criterios de celeridad procesal para evitar un potencial perjuicio sobre el patrimonio del Estado local. La oposición técnico-política denunció una parálisis institucional en los canales de comunicación de la comuna, asegurando que desde el período legislativo anterior las secretarías del Ejecutivo omiten dar respuesta a los requerimientos formales cursados por las comisiones internas del cuerpo deliberativo.
En el plano comunitario, Amiano ratificó que el esquema de recolección tercerizado no consiguió normalizar las prestaciones en la vía pública, acumulándose actas fotográficas y reclamos de frentes vecinales damnificados por el incumplimiento de los cronogramas de barrido y vaciado de contenedores. El trámite iniciado en el TCER busca determinar si la contratación por vía de excepción superó los estándares de legalidad vigentes en la Ley de Municipios de Entre Ríos o si, por el contrario, adolece de vicios de nulidad que obliguen a la intervención de la Justicia ordinaria.
