El STJ ratificó el cierre de la escuela de la Fundación Valdocco y rechazó restituir el financiamiento estatal - TN24
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chaco confirmó la legalidad del cierre de la unidad educativa perteneciente a la Fundación Valdocco y rechazó
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chaco confirmó la legalidad del cierre de la unidad educativa perteneciente a la Fundación Valdocco y rechazó los recursos extraordinarios presentados por la entidad y la Asesora de Niñas, Niños y Adolescentes N° 1, dejando firme la suspensión del financiamiento estatal.
La resolución fue adoptada por los jueces Néstor Enrique Varela, Alberto Mario Modi y Hugo Miguel Fonteina, quienes respaldaron el fallo previo de la Cámara de Apelaciones Multifueros.
En su decisión, el máximo tribunal provincial consideró que la Fundación no logró demostrar que la clausura de la institución educativa hubiera sido arbitraria o ilegal. Además, sostuvo que el Ministerio de Educación actuó dentro de sus facultades de supervisión y control del sistema educativo de gestión privada, a partir de informes técnicos que detectaron irregularidades administrativas, pedagógicas y financieras.
El STJ también determinó que la Fundación Valdocco no cuenta con legitimación para representar a la comunidad wichi como sujeto colectivo a los fines de exigir una consulta previa, al no acreditar una representación formal de ese pueblo originario.
No obstante, los magistrados remarcaron que la confirmación de las medidas administrativas no implica desatender la situación de los niños, niñas y adolescentes que residían en la institución.
En ese sentido, exhortaron al Estado provincial a garantizar, durante el proceso de clausura y reubicación de los menores, la protección integral de sus derechos, incluyendo el acceso a la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, la identidad cultural y la contención familiar.
El fallo señala que distintos organismos públicos ya intervienen mediante mecanismos de protección y seguimiento para asegurar la continuidad de las trayectorias educativas y el bienestar de los menores involucrados.
Finalmente, el STJ sostuvo que la resolución de los conflictos administrativos y la protección de los derechos de la niñez deben abordarse por vías diferenciadas, reafirmando que corresponde al Estado garantizar esas políticas a través de los organismos competentes.
