Psicólogos no atienden por IOMA este viernes | El Dia
El Colegio regional reclama pagos que corresponden a prestaciones de marzo y abril. También, una mejora de los honorarios
Los profesionales de la psicología prestadores del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) llevarán a cabo una medida de fuerza por 24 horas este viernes, en reclamo por el atraso e incumplimiento en el cobro de sus honorarios profesionales. La suspensión de la atención fue ratificada por el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia de Buenos Aires-Distrito XI, desde donde precisaron que la obra social bonaerense aún adeuda las liquidaciones correspondientes a las prestaciones brindadas durante los meses de marzo y abril de 2026.
Un mes atrás, el Colegio ya había parado sus prestaciones un día por el mismo reclamo.
También se reclama una suba de los honorarios. Según el Colegio, entre lo que paga la obra social y el bono que se cobra al paciente, se suma unos 19 mil pesos por sesión, cuando la entidad fijó para sus matriculados en general un mínimo ético en 30 mil pesos.
El cuadro, se sostiene, generó la baja de 1.000 profesionales, sobre un total de 1.100, en un año.
Desde la entidad se indicó que ayer llegó un pago. Es algo muy parcial. La medida se mantiene, se indicó.
Durante los últimos meses IOMA suma reclamos y medidas de fuerza de la Agremiación Médica Platense por pagos atrasados. La Obra social rechazó cada planteo indicando que paga según lo convenido con la entidad. Esta semana también se abrió un frente con los propietarios de geriátricos. En la mesa de negociación apareció la problemática de los pagos y también, de parte de IOMA, un plan que cambiaría la cobertura de ese servicio.
También a mediados de la semana, la asociación NUBA, que trabaja la temática de la discapacidad movilizó a personas con discapacidad y familiares hasta la sede central de IOMA para reclamar el cumplimiento del cupo laboral para ese segmento.
Desde el Colegio de Psicólogos y Psicólogas calificaron la situación actual como inadmisible y expresaron que vulnera los derechos laborales de los prestadores. Asimismo, alertaron que el conflicto provoca una progresiva reducción de la cartilla disponible, afectando de manera directa a los empleados públicos -como el personal de la Policía y del Servicio Penitenciario- que enfrentan serias dificultades para sostener sus tratamientos.
