Defensoría del Pueblo: Mendoza mantiene una deuda institucional histórica
Un relevamiento nacional sobre presupuestos para el ejercicio fiscal en curso ubica a la provincia dentro del grupo de distritos que carecen de esta institución.
Mendoza continúa sin contar con una Defensoría del Pueblo constituida dentro de su estructura institucional, lo que se traduce en la total ausencia de partidas presupuestarias destinadas a funciones de control administrativo y resguardo de derechos colectivos para el periodo fiscal 2026. Así lo reflejó el informe elaborado por el Observatorio del Control Público de la Fundación Éforo, el cual analizó de forma comparada los recursos asignados a estos organismos en todo el país.
De acuerdo con el documento técnico incorporado en el estudio, "Relevamiento de la situación presupuestaria de las Defensorías del Pueblo en Argentina 2026", Mendoza posee una población estimada de 2.043.540 habitantes, consolidándose como el distrito demográficamente más grande del bloque de seis provincias de la Argentina que no han creado formalmente esta figura jurídica. Esta nómina es compartida con las jurisdicciones de Misiones, Entre Ríos, Salta, La Pampa y Santa Cruz.
El análisis advierte sobre las marcadas asimetrías del mapa federal en lo que respecta al acceso a mecanismos de garantías y representación ciudadana ante el Estado o sectores comerciales. Al no disponer de un presupuesto específico ni un organismo provincial, los ciudadanos mendocinos quedan excluidos de las estructuras de mediación y defensa técnica gratuita que operan en otros puntos del país.
Un debate histórico: el archivo de una deuda institucional
La ausencia de esta figura no es una problemática nueva para Mendoza, sino una discusión que arrastra más de una década de postergaciones legislativas y judiciales. Ya en un informe de archivo elaborado en 2013 por la Asociación Xumek, se exponían las severas dificultades estructurales que atraviesa la provincia para garantizar el derecho a la jurisdicción y el acceso a la justicia, especialmente para los sectores más vulnerables.
En aquel entonces, el diagnóstico de las organizaciones civiles ligadas a los derechos humanos ya señalaba que las herramientas estatales de contención resultaban insuficientes. El archivo histórico describe un persistente colapso en las Oficinas Fiscales y deficiencias en las Defensorías Oficiales, derivado de la escasez de recursos materiales y humanos, la falta de protocolos ante delitos graves y la revictimización en casos de violencia de género.
Desde el año 2013, la creación del Defensor del Pueblo en Mendoza se postulaba como una de las soluciones más urgentes y necesarias. De hecho, la instauración del organismo constituía una obligación internacional asumida por el Estado en el marco del acuerdo de solución amistosa por el caso de las Penitenciarías de Mendoza ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pese a que en aquel periodo existían numerosos proyectos legislativos para consagrar una institución provincial, independiente y autónoma para el control de la administración pública, ninguno logró prosperar en la agenda política local.
