Un jubilado fue condenado a cuatro años de prisión por distribuir material de explotación sexual infantil
Se comprobó que el acusado envió 11 archivos a través de WhatsApp. El juez del caso le dictó la prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria, tal como lo solicitó la defensa y sin objeción de la fiscalía, ya que el hombre padece problemas cardía
Daniel Roberto Pino, un jubilado oriundo de Villa Aberastain, Pocito, fue condenado este jueves a una pena de cumplimiento efectivo. El juez Diego Sanz lo responsabilizó del delito de distribución de material de explotación sexual infantil, agravado por la edad de las víctimas (quienes son menores de 13 años), y lo condenó a cuatro años de cárcel.
Durante los alegatos, el Ministerio Público Fiscal -compuesto por el fiscal Eduardo Gallastegui y el ayudante fiscal Maximiliano Yanzón, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas- había solicitado una pena de seis años de prisión para el imputado.
Si bien el magistrado ordenó la detención inmediata de Pino, dispuso que se cumpla de forma domiciliaria. Esta morigeración de la pena se otorgó ante el pedido expreso de la defensa, que acreditó los graves problemas de salud de su cliente. La fiscalía no presentó objeciones ante la solicitud, por lo que el juez determinó que la medida restrictiva se extienda por seis meses en su vivienda, bajo la constante tutela de la Comisaría 7ma, dependencia encargada de verificar el cumplimiento del arresto.
Como el fallo aún no está firme, puede ser impugnado por las partes. Tras la resolución, la defensa adelantó que presentará objeciones; primero, tiene la facultad de apelar la medida cautelar impuesta y, posteriormente, una vez que se den a conocer los fundamentos de la sentencia el próximo 31 de julio, podrá recurrir el fallo principal.
Por otra parte, se constató que el condenado aparece en sus redes sociales junto a personas relacionadas al Concejo Deliberante de Pocito y otras figuras del entorno político del departamento. Incluso, el hombre se muestra como asistente a un encuentro de concejales realizado en marzo de 2024.
La causa penal se inició tras el hallazgo de al menos 11 archivos multimedia que contenían imágenes de abusos sexuales hacia menores de edad. Según consta en la investigación, el condenado utilizaba la aplicación de mensajería instantánea para difundir el material aberrante.
