El Senado debate una polémica reforma sobre tierras rurales: evalúan límites a la compra por parte de extranjeros - Confirmado
La Cámara alta analizará este jueves el proyecto impulsado por el Gobierno que modifica la legislación sobre propiedad privada, desalojos, expropiaciones y manejo del fuego. Legisladores introdujeron cambios para evitar una apertura total a la adquis
La Cámara alta analizará este jueves el proyecto impulsado por el Gobierno que modifica la legislación sobre propiedad privada, desalojos, expropiaciones y manejo del fuego. Legisladores introdujeron cambios para evitar una apertura total a la adquisición de tierras por empresas extranjeras.
- POR AF PARA CONFIRMADO
El Senado de la Nación debatirá este jueves uno de los proyectos más controvertidos impulsados por el Gobierno nacional en materia de propiedad privada y uso de la tierra. La iniciativa, que originalmente proponía eliminar prácticamente todas las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, llegará al recinto con modificaciones incorporadas durante las negociaciones parlamentarias.
Fuentes legislativas señalaron que uno de los principales cambios en análisis contempla la fijación de límites a la cantidad de kilómetros o hectáreas que una empresa extranjera podrá adquirir dentro del territorio nacional. Además, en aquellos casos donde intervengan Estados extranjeros o entidades vinculadas a gobiernos de otros países, se estudia exigir no solo la aprobación de las provincias y del Poder Ejecutivo nacional, sino también el aval del Congreso.
La discusión estaba prevista inicialmente para el pasado 3 de junio, pero debió postergarse debido a las fuertes diferencias surgidas en torno a la eliminación de los topes establecidos para la compra de tierras rurales por parte de inversores extranjeros.
Un proyecto que modifica varias leyes
La iniciativa promovida por la administración nacional forma parte de un paquete de reformas que también alcanza aspectos vinculados a desalojos, expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego.
El texto fue elaborado bajo la órbita del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger, aunque sufrió modificaciones sustanciales durante su tratamiento legislativo. Entre ellas, quedó eliminado el capítulo referido a cambios en la ley de barrios populares y se reformularon varios artículos relacionados con extranjerización de tierras, expropiaciones, desalojos y regulación de áreas afectadas por incendios.
Los cambios en la compra de tierras
La versión original del proyecto eliminaba los límites vigentes para la adquisición de tierras por parte de extranjeros y establecía que las provincias serían las encargadas de autorizar las operaciones cuando no existiera participación directa de gobiernos extranjeros.
El texto reafirma que cada provincia mantendrá plena jurisdicción sobre los territorios comprendidos dentro de sus límites, conforme a lo establecido por la Constitución Nacional.
Sin embargo, ante las críticas planteadas por distintos sectores políticos y productivos, los senadores evalúan incorporar restricciones que limiten la concentración de grandes extensiones de tierra en manos de una sola empresa extranjera.
Asimismo, se mantiene la prohibición para que Estados extranjeros adquieran inmuebles rurales en Argentina. La restricción también alcanzará a empresas en las que un gobierno extranjero tenga participación accionaria o capacidad de decisión, así como a fondos fiduciarios integrados mayoritariamente con recursos provenientes de otros Estados.
El debate sobre la propiedad de la tierra ha generado históricamente fuertes controversias en Argentina, especialmente en provincias fronterizas o en regiones con importantes reservas de agua, recursos minerales y producción agropecuaria.
Desalojos más rápidos para casos de usurpación
Otro de los puntos centrales del proyecto está relacionado con los procesos de desalojo.
La iniciativa establece un mecanismo abreviado exclusivamente para inmuebles que hayan sido usurpados, mientras que para el resto de los casos se mantendrán los plazos actualmente vigentes.
Según el texto, el propietario podrá intimar formalmente al inquilino por falta de pago mediante una notificación dirigida al domicilio real o electrónico consignado en el contrato. Dicha comunicación será considerada válida incluso si el destinatario se niega a recibirla o si no puede concretarse por causas atribuibles al propio locatario.
Una vez vencido el plazo de intimación, fijado en diez días, el propietario estará habilitado para iniciar una acción judicial de desalojo, la cual deberá tramitarse mediante el procedimiento más breve previsto por la legislación vigente.
Cambios en las expropiaciones
La reforma también introduce modificaciones en el régimen de expropiaciones.
Entre los principales cambios se establece que la declaración de utilidad pública deberá ser interpretada de manera restrictiva y estar debidamente fundamentada por parte del Estado.
Los legisladores incorporaron además un límite del 30% para las indemnizaciones por lucro cesante. El proyecto original no contemplaba ningún porcentaje máximo para ese concepto, lo que había despertado cuestionamientos durante el debate parlamentario.
En cuanto a los intereses aplicables, se prevé que las compensaciones se actualicen utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más la tasa activa del Banco Nación a treinta días.
Qué cambia en la Ley de Manejo del Fuego
La iniciativa también modifica aspectos de la legislación vigente sobre áreas afectadas por incendios.
Se propone derogar el artículo que impedía durante treinta años el cambio de uso de las superficies incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas.
Respecto de los bosques nativos, continuará vigente la prohibición para modificar el destino de las tierras afectadas por incendios, aunque se eliminará el plazo de sesenta años que había sido incorporado por la ley impulsada durante la gestión legislativa de Máximo Kirchner.
La discusión promete convertirse en uno de los debates más relevantes de la agenda parlamentaria de las últimas semanas, ya que involucra cuestiones sensibles vinculadas a la propiedad privada, la soberanía territorial, las inversiones extranjeras y la protección de recursos estratégicos.
