Vialidad: amplían la causa por sobreprecios y dádivas - Informe Digital
La Fiscalía sumó hechos y apunta a 18 contrataciones; las defensas objetan la medida y frenan pericias clave.
La investigación por presuntas maniobras de sobreprecios y dádivas en la Dirección Provincial de Vialidad dio un paso más: la Fiscalía amplió la apertura de causa y sumó nuevos hechos imputados a funcionarios y empresarios. La medida reavivó el planteo de las defensas, que la cuestionaron formalmente.
El expediente se abrió a partir de una denuncia presentada por las autoridades de Vialidad y, según la información difundida, ya había derivado en allanamientos, secuestro de documentación, computadoras y celulares. Del análisis de ese material surgieron al menos 18 presupuestos, licitaciones y contrataciones bajo sospecha por sobreprecios y posibles retornos.
El fiscal Gonzalo Badano notificó a las partes la modificación de la causa caratulada NN S/ Fraude a la Administración Pública (denuncia de Donda Exequiel Matías). En ese escrito, la acusación sostiene que en Vialidad se habrían tramitado expedientes en violación de la ley de contabilidad pública, con contrataciones direccionadas, presupuestos por encima de los valores de mercado y un circuito que habría facilitado el pago de porcentajes a funcionarios.
Funcionarios y empresarios bajo la lupa
La Fiscalía atribuye un rol central a Ignacio Difiori, jefe del Departamento I Suministro, a quien señala como quien dio curso a las contrataciones y definió las personas invitadas. También apunta a Julián Gervasoni, jefe del Departamento II Gestión de Contrataciones, y a Raúl Caraballo, jefe del Departamento II Técnico, por su intervención en las decisiones y en la elaboración de presupuestos que habrían quedado por encima del mercado.
Entre los casos enumerados aparece la compra de lubricantes iniciada en septiembre de 2019. Según la acusación, se presupuestó la operación en $26.413.750 y luego se adjudicó a Arcrosa SA y Agrovial Paraná con montos que, de acuerdo con los auditores de la DPV, incluían sobreprecios de $13.798.103,25 y $11.997.183,03, respectivamente.
Los casos más llamativos
Otro episodio bajo análisis es la contratación directa con la Cooperativa de Trabajo del Centro Ltda. para comprar 2.084 camisas, 2.084 pantalones y 1.059 botines. La Fiscalía sostiene que se terminó abonando un precio superior al de mercado estimado provisoriamente en la denuncia en un 635,76%.
También quedó bajo la lupa la compra de los llamados botines de oro. En ese expediente, iniciado en septiembre de 2024, primero se estimó un presupuesto de $154.860.000, luego se redujo a $59.595.000 y más tarde apareció una oferta de $49.166.490. La licitación no fue finalizada ni pagada.
La causa incluye además la compra de repuestos para una retroexcavadora New Holland, donde la Fiscalía habla de una competencia simulada entre oferentes y de un acuerdo previo con funcionarios de Vialidad. En otro tramo, se investiga la adquisición de 2.000 caños de hormigón armado, adjudicada por $344.001.653,18, con un perjuicio al erario público estimado en $68.144.643,10.
La prueba digital sigue trabada
La investigación todavía tiene medidas pendientes, entre ellas las pericias sobre los celulares secuestrados. Ese punto quedó en discusión por la oposición de las defensas y será tratado próximamente por la Cámara de Casación Penal de Paraná.
En la lista de imputados siguen las mismas nueve personas: Ignacio Agustín Difiori, Julián Efraín Ascaino Gervasoni, Raúl Andrés Caraballo, Natalia Ileana González, Gustavo Horacio Meynet, Carlos Diego Gustavo Gómez, Roberto Osvaldo González, Horacio Alfredo Fernández y Daniel Antonio Forlin.
Las defensas cuestionaron la ampliación de la apertura de causa mientras la Fiscalía insiste en que hubo un mismo modus operandi en distintas contrataciones entre 2021 y 2024. Ahora, la discusión quedó planteada en un expediente que sigue sumando volumen y tensión judicial en Entre Ríos.
