Diputados debate el Súper RIGI y abre una pulseada por inversiones - Informe Digital
El proyecto promete beneficios fiscales y cambiarios para grandes inversiones y reaviva la discusión por el costo para provincias y pymes.
El debate en la Cámara de Diputados sobre el Súper RIGI pone en juego algo más que un régimen de promoción: define si la Argentina avanzará con un esquema de beneficios excepcionales para atraer inversiones superiores a los USD 1.000 millones. La discusión, que concentra a legisladores, empresas y gobernadores, también tiene impacto directo en provincias como Entre Ríos, que miran de cerca cómo se repartirán costos, ventajas y oportunidades.
El proyecto, impulsado por el Gobierno nacional, lleva el nombre de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias y apunta a sectores que hoy no tienen desarrollo local o están en etapa experimental. Según publicó Infobae, el ministro de Economía, Luis Caputo, lo presentó como una herramienta para acelerar la transformación productiva y captar capitales estratégicos.
Nuevas industrias como eje
El texto habilita el ingreso de proyectos vinculados a actividades industriales, tecnológicas y de servicios asociados a infraestructura digital estratégica que no existan en el país o estén en fase experimental. Entre los rubros alcanzados aparecen inteligencia artificial, biotecnología avanzada, semiconductores, energías renovables, autos eléctricos y cadenas de valor ligadas a baterías de litio o paneles solares.
Quedan afuera las ampliaciones o modernizaciones de emprendimientos ya instalados. La apuesta oficial es atraer inversiones que dejen capacidad productiva nueva y empujen cadenas de valor locales con mayor contenido tecnológico.
Una barrera de entrada alta
Para entrar al régimen, cada proyecto deberá comprometer una inversión mínima de USD 1.000 millones en activos computables. El piso supera ampliamente al del esquema anterior, que variaba entre USD 200 millones y USD 600 millones según el sector.
La exigencia apunta a filtrar iniciativas de gran escala y a dejar el beneficio en manos de empresas con espalda financiera para mover capitales de magnitud.
Arranque rápido y obras en dos años
El proyecto obliga a ejecutar al menos el 20% del monto comprometido en los primeros dos años desde la adhesión. La idea es evitar anuncios vacíos y forzar un avance concreto en el corto plazo.
Ese requisito busca traducirse en obras, compras de bienes de capital y contratación de mano de obra desde el inicio mismo del plan.
Menos impuestos y amortización acelerada
Uno de los beneficios centrales es la baja de la alícuota de Ganancias al 15% para los Vehículos de Proyecto Único, las sociedades creadas para cada emprendimiento. Es una tasa inferior a la del régimen general y también más baja que la del RIGI anterior.
Además, el esquema permite amortización acelerada de inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, con una deducción del 60% en el primer año y del 20% en cada uno de los dos siguientes. También habilita a computar quebrantos sin límite de tiempo y a transferirlos a terceros después de cinco años.
Dividendos con menor carga
El proyecto fija una alícuota del 3,5% sobre dividendos y utilidades distribuidas por los Vehículos de Proyecto Único. Con eso busca reducir la presión fiscal sobre la rentabilidad y mejorar la competitividad frente a otros destinos de la región.
La lógica oficial es simple: hacer más atractiva la radicación de capitales de largo plazo en sectores considerados estratégicos.
Exenciones para importar y exportar
El Súper RIGI prevé exención total de derechos de importación y exportación para los bienes incluidos en el plan de inversión y para los productos generados por el proyecto. En la práctica, elimina trabas arancelarias para traer maquinaria, insumos o tecnología y para sacar al mercado externo lo producido.
La medida apunta a bajar costos de instalación y operación, y a facilitar el acceso a equipamiento global.
Menor carga laboral para nuevos puestos
El texto establece una alícuota única del 10% para las contribuciones patronales vinculadas a nuevas relaciones laborales generadas por los emprendimientos. El incentivo busca empujar la contratación de personal y la creación de empleo formal asociado a las inversiones aprobadas.
También introduce un marco previsional más flexible para proyectos de tecnología y manufactura avanzada.
Treinta años de estabilidad
La estabilidad normativa es una de las garantías más fuertes del esquema. El régimen asegura que las condiciones tributarias, aduaneras, de seguridad social y cambiarias se mantendrán durante 30 años desde la adhesión.
El texto suma mecanismos de resolución internacional de controversias para reforzar la seguridad jurídica de los inversores.
Menos obligación de comprar en el país
A diferencia del RIGI original, el Súper RIGI elimina la obligación de contratar proveedores locales por un mínimo del 20% de la inversión. Las compras nacionales sólo podrán exigirse en condiciones equivalentes a las del mercado internacional.
Ese cambio abre una discusión sensible para provincias y empresas proveedoras, porque reduce la integración local en las nuevas cadenas productivas.
Tope a impuestos provinciales y tasas municipales
El proyecto fija un máximo del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias adheridas e impide que los municipios apliquen tasas sobre ventas generadas por los proyectos. También prohíbe nuevos gravámenes locales y condicionamientos previos para presentar recursos o demandas administrativas y judiciales.
La intención es evitar que la carga fiscal subnacional neutralice los incentivos nacionales y asegurar un entorno competitivo para inversiones de gran escala.
La pulseada política detrás del proyecto
La discusión en Diputados generó expectativa en el sector empresarial y en gobernadores de provincias con potencial para captar inversiones en tecnología y energías renovables. También pone sobre la mesa qué compromisos fiscales deberán asumir las provincias para adherir al régimen y cómo se repartirá la competencia por esos proyectos.
Según fuentes parlamentarias, el oficialismo busca reunir consenso para aprobar la iniciativa antes del cierre del período legislativo. El tratamiento avanza en paralelo a otras negociaciones económicas, como el pago a los holdouts, en un clima de fuerte tensión entre bloques y representantes regionales.
El régimen vigente, sancionado en la Ley Bases y activo hasta agosto de 2027, ya suma 38 proyectos presentados, 14 aprobados y un volumen comprometido de USD 107.176 millones, concentrados sobre todo en energía y minería. El nuevo esquema apunta a cambiar ese perfil y llevar los incentivos hacia sectores de frontera tecnológica.
La apuesta oficial es que el país gane terreno en la carrera global por inversiones de alto riesgo y alto valor agregado. La discusión, sin embargo, deja abierta una pregunta de fondo: cuánto está dispuesto a resignar el Estado para tentar capitales que todavía no llegaron.
