Tuvo dictamen por mayoría el proyecto que regula el proceso de Juicio Político en la provincia | Análisis
La comisión de Asuntos Constitucionales dictaminó sobre el proyecto de ley que regula el instituto de remoción de altos cargos en Entre Ríos. La presidenta de la comisión, Gabriela Lena, especificó que el texto incorporó aportes de todos los bloques
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados de Entre Ríos emitió dictamen favorable (por mayoría, aunque desde el PJ indican que nadie de la oposición lo votó) al proyecto de ley que establece el marco procedimental definitivo frente a pedidos de Juicio Político para funcionarios de jerarquía en el ámbito provincial. La iniciativa parlamentaria busca fijar reglas claras, sistemáticas y pormenorizadas que delimiten las competencias de la Cámara Baja en su carácter de órgano de investigación y de la Cámara de Senadores como tribunal de sentencia. No obstante, habría alguna presentación desde el bloque justicialista, en próximas horas, marcando esa absoluta disidencia y la falta de apertura para debatir el tema, según supo ANALISIS.
Con el propósito de resguardar garantías esenciales como el debido proceso y la seguridad jurídica, el mecanismo regula aspectos ausentes en el texto constitucional actual, tales como las pautas de presentación de denuncias, plazos de la etapa probatoria y mecanismos formales de notificación, bajo la aplicación supletoria de las disposiciones procesales penales vigentes.
"Este proyecto de ley cumple en otorgar al proceso de juicio político un marco normativo claro, previsible y constitucionalmente consistente, que lo consolide como un instrumento de equilibrio institucional y no como un factor de incertidumbre o erosión del orden constitucional", fundamentó Lena, publicó Apf Digital.
Marco regulatorio del artículo 60º de la Constitución Provincial
La Comisión de Asuntos Constitucionales debatió en torno de un proyecto de ley, autoría del Poder Ejecutivo, que detalla los pasos para cumplir con el artículo 60º de la Constitución de Entre Ríos. La iniciativa reglamenta las condiciones para la derogación de normas generales emanadas de órganos provinciales, municipales o comunales cuya inconstitucionalidad hubiera sido declarada tres veces mediante sentencia firme del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
El texto estipula los requisitos que se deberán cumplir para habilitar el mecanismo, que se limita a acciones directas de inconstitucionalidad, sin incluir juicios de amparo. Se prevé la creación de un Registro de Sentencias y Cómputo de los fallos, que será digital, público y gratuito. Participaron del trabajo de comisión el secretario de Justicia de Entre Ríos, Julián Maneiro; el coordinador de Asuntos Legales Estratégicos de la Gobernación, Matías Plugoboy, y representantes del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER), Analía Coria y Pablo Tanger.
