Entidad nacional de jueces cuestiona la suspensión por el Consejo de la Magistratura del camarista Lineras
La Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina cuestionó la acusación y suspensión preventiva del juez chaqueño Gustavo Lineras, y sostuvo que
La Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina expresó su "profunda preocupación" por la Resolución N° 394, dictada el 18 de junio de 2026 por el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de la provincia del Chaco, mediante la cual se dispuso la admisión de una acusación y la suspensión preventiva del juez Gustavo Rodolfo Lineras, integrante de la Cámara Primera en lo Criminal de la II Circunscripción Judicial.
A través de un comunicado difundido este lunes, la entidad advirtió sobre lo que mplica la medida y señaló que resulta "particularmente preocupante que el ejercicio de la función jurisdiccional pueda dar lugar a la activación de mecanismos disciplinarios cuando lo que se encuentra en discusión es, sustancialmente, el contenido de una decisión judicial".
Según indicaron, de los antecedentes públicos del caso surge que "la acusación tiene origen en discrepancias respecto de una sentencia dictada en el marco de una acción de hábeas corpus preventivo". En ese sentido, sostuvieron que "cualquier respuesta disciplinaria basada exclusivamente en el criterio adoptado por el magistrado importa un serio retroceso en materia de garantías constitucionales".
La Red también cuestionó los fundamentos de la resolución al considerar que "desnaturaliza el proceso de enjuiciamiento al fundarse en la mera presentación de una denuncia fiscal" y advirtió sobre la intención de transformar "un desacuerdo procesal" en conductas de gravedad institucional.
Asimismo, remarcó que las decisiones judiciales cuentan con mecanismos específicos de revisión previstos por la ley y afirmó que "la utilización de mecanismos disciplinarios como una instancia paralela para cuestionarlas compromete seriamente la independencia judicial".
En otro tramo del documento, la organización recordó que cuando se pretende atribuir responsabilidad a un magistrado por el contenido de sus decisiones, "los estándares nacionales e internacionales exigen una fundamentación especialmente rigurosa" y que "no basta la existencia de una discrepancia interpretativa".
Además, sostuvo que "la admisión de una acusación con la consecuente suspensión preventiva de un magistrado constituye una medida de indudable gravedad institucional", por lo que requiere "una motivación reforzada, particularmente sólida y sustentada en elementos objetivos y verificables".
Finalmente, la Red de Juezas y Jueces Penales reafirmó que "se afecta la independencia judicial allí donde la interpretación del derecho se convierte en motivo de persecución o sanción disciplinaria" y alertó que una medida de estas características puede generar "un efecto disuasorio sobre el conjunto de la judicatura" y afectar la capacidad de los jueces para ejercer sus funciones con independencia.
