Buscan remover a una jueza por "un fallo estrafalario": ordenó a una provincia pagar mil millones de pesos por daño ambiental de una obra que nunca se hizo
Fue en San Luis, en una presentación de la Fiscalía impulsada por el gobernador Claudio Poggi.El monto corresponde a honorarios de los abogados de una agrupación ambientalista que rechaza un proyecto de acueducto de la gestión de Alberto Rodríguez Sa
El gobierno de San Luis impulsó este martes, a través de la Fiscalía de Estado provincial, la remoción de una jueza que le había impuesto al estado una regulación de honorarios por más de mil millones de pesos en una causa iniciada por daño ambiental por parte de una asamblea vecinal de la localidad de Juan Koslay por "una obra pública que nunca se realizó".
La demanda contra la jueza Cynthia Liliana Fernández Paz fue avalada por el gobernador Claudio Poggi quien acusó a la magistrada por ordenar "una regulación estrafalaria, desmedida y grotesca de honorarios contra el Estado Provincial".
La causa que generó la polémica fue iniciada por la Asamblea Ciudadana por el Vulpiani, un bosque de la localidad sanluiseña de Juana Koslay, donde en 2023 el gobierno del peronista Alberto Rodríguez Saá había adjudicado la obra del Parque Acueducto Vulpiani a la empresa Serving SRL para que levantara en un predio de 12 hectáreas edificios, un anfiteatro, sendores, miradores y plazas con una inversión de alrededor de 1.800.000.000 pesos.
Pero ese faraónico proyecto nunca llegó a ejecutarse y el juzgado Juzgado Civil, Comercial y Ambiental 5 de la Primera Circunscripción Judicial a cargo de Fernández Paz admitió en marzo último la regulación de honorarios de los abogados Gustavo Alfredo Quiroga e Ivana Romina Muzevich que llevaron la causa contra el Gobierno provincial con un altísimo valor del JUS.
El cálculo objetado, según la demanda a la que tuvo acceso Clarín, fue de 93.000 JUS, lo que equivaldría a más de 3.900.000.000 pesos, con lo cual para los abogados los honorarios llegarían a 1.198.961.208 pesos a pagar por parte del estado.
Ante ello, el gobernador Poggi remarcó que la jueza Fernández Paz dispuso "una suma superior a los $1.000 millones por el daño ambiental que podría haber producido una obra pública, obra que nunca se realizó y que por lo tanto no produjo ningún daño ambiental", en la zona conocida como Parque Acueducto Vulpiani (Juana Koslay).
"Cuando un funcionario público, en este caso una jueza, atenta contra el bienestar de todos los sanluiseños, asaltando los fondos públicos con acciones que ponen en riesgo el patrimonio de todos los contribuyentes y la normal prestación de los servicios del Estado, debe ser denunciado y enjuiciado dentro del estado de derecho", advirtió el mandatario.
Y, en un mensaje que publicó en sus redes sociales, sostuvo que la jueza "ha deshonrado con su conducta el cargo para el cual ha sido nombrada y el jurado de enjuiciamiento, dentro del estado de derecho y la constitución pero con la máxima celeridad posible, debe tomar medidas sobre este accionar".
En la presentación que realizó este martes la fiscal de Estado, María Fabiana Zárate, pidió la conformación de un jury de enjuiciamiento en la Legislatura para suspender preventivamente a la jueza y apuntó que en la provincia están convencidos que el trabajo de los profesionales debe ser recompensado, pero siempre dentro de los márgenes de la ley y bajo criterios objetivos y razonables, que es lo que no ha ocurrido aquí.
"La medida pretendida se fundamenta en la extrema gravedad de las conductas que son objeto de la denuncia principal promovida por esta Fiscalía de Estado", añadió el escrito y apuntó que encuadran en las causales de destitución por "desconocimiento inexcusable y grave del derecho y graves irregularidades en el procedimiento, que hayan motivado el desprestigio del Poder Judicial".
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