LLA dio marcha atrás con el proyecto de ecocidio en el Senado - Informe Digital
Retiró sus firmas tras el rechazo del agro y prometió rehacer la iniciativa antes de volver a llevarla al recinto.
La Libertad Avanza dio marcha atrás con el proyecto de ecocidio en el Senado y retiró las firmas que había puesto para habilitar su tratamiento. La decisión desactivó, al menos por ahora, una iniciativa que había generado fuerte rechazo en el agro por el alcance de las penas y su posible impacto sobre la actividad productiva.
La polémica se había disparado por un texto que buscaba incorporar el delito de ecocidio al Código Penal, crear un nuevo capítulo sobre delitos contra el ambiente y fijar penas de hasta 25 años de prisión en determinados casos. Según publicó LA NACION, los senadores libertarios que habían acompañado el dictamen resolvieron ahora retirar sus firmas.
La iniciativa había obtenido dictamen favorable en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, pero el contenido del proyecto encendió alarmas entre entidades agropecuarias y productivas. El principal reparo fue que podía abrir la puerta a sanciones penales amplias y a interpretaciones consideradas demasiado vagas.
Una de las sorpresas fue el respaldo inicial de Patricia Bullrich, dirigente históricamente cercana al sector agropecuario. Pero la propia senadora confirmó el giro del oficialismo: Ya sacamos las firmas de la iniciativa de ecocidio. Al mediodía no queda ninguna de LLA. Vamos a levantar este dictamen y llamar a los sectores, pero más adelante, dijo a LA NACION.
Junto con Bullrich también habían firmado Juan Carlos Pagotto, por La Rioja; Romina Almeida, por Entre Ríos, y Bartolomé Abdala, por San Luis. La propuesta había sumado además apoyos de legisladores del PRO, fuerzas provinciales y algunos senadores vinculados al peronismo, mientras que Carolina Losada la había acompañado en disidencia, junto con Nadia Márquez y Maximiliano Abad.
Antes de la marcha atrás, Bullrich había intentado bajar la tensión y aseguró que el texto iba a sufrir cambios profundos. Lo que hicimos fue firmar para habilitar el trabajo sobre el proyecto, pero va a tener muchas modificaciones; prácticamente va a ser otro proyecto, sostuvo.
La senadora explicó que el objetivo original era avanzar sobre los incendios intencionales y otros hechos de gravedad ambiental. Fundamentalmente, lo que se busca es que, cuando hay una sentencia firme sobre alguien que incendió un bosque, tenga consecuencias, afirmó.
También buscó despejar las dudas del sector productivo. De ninguna manera va a perjudicar al campo. No lo vamos a llevar al recinto si no está absolutamente claro que es para sancionar a quienes incendian bosques de manera intencional. No tiene nada que ver con lo productivo, señaló.
Qué decía el proyecto
La iniciativa había sido impulsada por la senadora Edith Terenzi, de Despierta Chubut, y proponía incorporar al Código Penal una figura para sancionar daños ambientales especialmente graves o irreversibles. El texto creaba un nuevo Título XIV, Delitos contra el ambiente, e incluía allí la figura del ecocidio.
Según la definición del proyecto, se consideraba ecocidio al daño irreversible o especialmente grave provocado sobre el ambiente en violación de normas de protección ambiental. Uno de los puntos más cuestionados era el esquema de sanciones: de tres a 10 años de prisión para daños especialmente graves, extensos y duraderos, y de cinco a 15 años cuando el daño fuera irreversible.
Las penas subían todavía más si había víctimas fatales: de cinco a 25 años de prisión si el delito provocaba la muerte de una persona, y un mínimo de 10 años si el resultado era la muerte de dos o más personas. Además, el proyecto incorporaba responsabilidad penal para empresas, con multas, suspensión de actividades, pérdida de beneficios estatales y restricciones para contratar con el Estado.
Otro de los puntos observados por las entidades rurales era que el delito podía configurarse no solo por conductas intencionales sino también por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los deberes a su cargo.
En los fundamentos, Terenzi sostuvo que el Código Penal argentino no contempla delitos ambientales como categoría autónoma y planteó que la degradación de los ecosistemas exige una respuesta penal clara, contundente y eficaz.
Sin embargo, apenas se conoció el contenido del proyecto comenzaron a multiplicarse las objeciones desde el sector agropecuario. La Sociedad Rural Argentina anticipó que se opondría a la iniciativa y advirtió que haría todo lo posible para impedir su tratamiento en el recinto.
Las críticas también llegaron desde la Federación de Acopiadores de Granos, que cuestionó la falta de precisiones sobre conceptos centrales como daño ambiental irreversible o daño ambiental especialmente grave, al considerar que podían dar lugar a interpretaciones arbitrarias.
Frente a ese escenario, el oficialismo optó por retirar las firmas y volver a empezar. Bullrich adelantó que la intención ahora es elaborar una nueva propuesta y abrir antes una instancia de diálogo con los sectores productivos para buscar consensos antes de insistir con una iniciativa sobre delitos ambientales.
