Piden explicaciones por honorarios de un juicio de apremio fiscal - Informe Digital
Concejales de La Criolla reclamaron informes por una deuda de $112.630,15 que terminó en $475.000 por honorarios.
Concejales de La Criolla le pidieron explicaciones al intendente Ariel Stuker por un caso que expuso una diferencia difícil de justificar: una deuda tributaria de $112.630,15 terminó en $475.000 por los honorarios del abogado que intervino en un juicio de apremio fiscal. El planteo pone bajo la lupa el costo del cobro municipal y el rol del profesional que actuó en el expediente.
Los concejales del bloque Juntos por Entre Ríos presentaron un pedido de informes dirigido al presidente municipal tras detectar lo que describen como una marcada desproporción económica en un proceso iniciado contra un vecino. La discusión no gira solo en torno a la deuda original, sino al salto que produjo la regulación de honorarios.
De acuerdo con el documento elevado por Mesa de Entradas, la polémica se desató a raíz de un expediente que tramita ante el Juzgado de Paz dia. La alarma de los ediles se encendió al constatar que, mientras la deuda tributaria reclamada por el municipio ascendía a $112.630,15, los honorarios percibidos por el abogado interviniente hicieron que la suma escalara a $475.000. Eso llevó el monto final a más de cuatro veces el valor inicial de la tasa adeudada al Estado local.
Embargos sorpresivos y falta de información
En el caso puntual que motivó el reclamo, uno de los cotitulares del inmueble afectado se presentó voluntariamente ante la municipalidad al tomar conocimiento de la demanda y suscribió un convenio de cancelación de la deuda.
Sin embargo, días después, el otro cotitular del bien sufrió un embargo efectivo en su cuenta bancaria. Según argumentan los concejales, el contribuyente nunca fue advertido de que la medida cautelar también lo afectaba, ni se le notificó que el levantamiento de la restricción financiera no operaría de manera automática ni inmediata tras el pago.
El abogado del municipio, bajo la lupa
Otro de los puntos centrales que preocupa al bloque opositor es el rol institucional del abogado que percibió la cuestionada suma. Los concejales detallaron que el letrado firmó utilizando un sello que lo identifica como miembro de la propia Secretaría Legal y Técnica del Municipio.
Amparados en las facultades de control que les otorga el artículo 95 inciso h) de la Ley Provincial N° 10.027, los ediles exigieron al Ejecutivo que esclarezca en un plazo perentorio los siguientes puntos administrativos:
Situación contractual: precisar el carácter en el que interviene el abogado, detallando si es funcionario designado, personal contratado o apoderado externo, y remitir copia del decreto o contrato pertinente.
Financiamiento público: informar si el abogado percibe una remuneración fija con cargo al presupuesto municipal y bajo qué partida presupuestaria se imputa.
Historial de demandas: remitir un listado con la cantidad total de procesos de apremio fiscal iniciados por el Municipio de La Criolla durante los períodos 2024, 2025 y lo que va de 2026, identificando qué profesionales actuaron en cada caso.
Protocolos de atención: explicar si la comuna cuenta con un instructivo para informar debidamente a los ciudadanos sobre el estado de sus medidas cautelares al momento de regularizar sus deudas, además de rendir cuentas sobre las gestiones realizadas para levantar el embargo de este expediente en particular.
Los firmantes aclararon que la solicitud no interfiere con la causa judicial, sino que apunta exclusivamente a auditar el desempeño administrativo de las herramientas de cobro, la designación de profesionales y los mecanismos de comunicación hacia los contribuyentes de La Criolla.
