Tucumán: Jaldo frenará un proyecto contra calumnias en redes - Informe Digital
La iniciativa habilita a un juez a ordenar bajas en seis horas y desató críticas por posible censura.
Un proyecto de ley para frenar calumnias e injurias en redes y medios digitales abrió una fuerte pelea política en Tucumán. La propuesta, impulsada por el legislador peronista Gerónimo Vargas Aignasse, quedó bajo fuego por el alcance de la medida y por el plazo exprés que le da a la Justicia para decidir qué contenido se elimina, se desindexa o se mantiene.
La iniciativa plantea una tutela judicial inmediata para publicaciones que, de manera manifiesta, inequívoca y acreditada, constituyan calumnias o injurias. Según el texto, un juez penal provincial deberá resolver en un máximo de seis horas, sin escuchar previamente al autor del contenido ni al medio involucrado.
El alcance es amplio: alcanza a redes sociales, plataformas digitales, portales web, diarios digitales, mensajería masiva y cualquier medio tecnológico de comunicación pública en línea. La discusión escaló después de que el proyecto obtuviera dictamen en comisión en la Legislatura tucumana.
En ese contexto, el gobernador Osvaldo Jaldo tomó distancia y anticipó que lo vetará si llega al Ejecutivo sin cambios. En diálogo con Infobae, sostuvo que se trata de una iniciativa de un legislador y remarcó que, si se aprueba tal cual está, irá camino al veto.
La reacción opositora fue inmediata. La Libertad Avanza Tucumán expresó profunda preocupación y advirtió que el proyecto puede derivar en un avance sobre la libertad de expresión. También cuestionó que el Poder Legislativo intente condicionar el accionar judicial cuando ya existen herramientas legales para denunciar publicaciones que lesionen derechos.
El principal referente del espacio en Tucumán, Lisandro Catalán, y la diputada nacional Soledad Molinuevo se sumaron a las críticas. Molinuevo sostuvo en redes que la propuesta viola garantías constitucionales y habilita abusos arbitrarios.
Desde la oposición provincial, Walter Berarducci, de Compromiso Tucumán, fue más lejos y planteó que el juez quedaría convertido en un órgano de control de contenidos. A su criterio, el mecanismo habilita una forma de censura sin debate previo.
Cambios al texto y una discusión que sigue abierta
Para avanzar, el proyecto necesita 49 votos en la Legislatura. El último dictamen reunió el aval del autor y de Sara Assan, José Macome, Christian Rodríguez y María Carolina Vargas Aignasse.
La versión revisada incorporó una exclusión clave: quedaron afuera del mecanismo los funcionarios públicos elegidos por voto popular y los integrantes de los tres poderes del Estado hasta el rango de director. También se eliminó el artículo que fijaba una vigencia inicial de diez días para la cautelar, aunque se mantiene el proceso sumarísimo.
Además, el texto suma un candado normativo para que los jueces rechacen pedidos cuando exista duda razonable sobre si el contenido denunciado es una opinión, una crítica o información de interés público.
Vargas Aignasse defendió la iniciativa en redes y negó que esté pensada para proteger a dirigentes. Aseguró que busca resguardar a ciudadanos comunes frente a campañas de difamación que se viralizan en minutos y pueden dañar reputaciones, familias y salud mental. También insistió en que el proyecto no alcanza a quienes ocupan cargos públicos.
En paralelo, desde el entorno del vicegobernador Miguel Acevedo dejaron trascender que no acompañarán ninguna propuesta que limite la libertad de prensa ni el ejercicio periodístico. Por ahora, el texto no tiene fecha de tratamiento y, según admitió el propio autor, ha generado mucho ruido.
