El juez envía a juicio a Begoña Gómez y le prohíbe salir de España por cuatro delitos
| El juez Juan Carlos Peinado decidió la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente español...
El juez Juan Carlos Peinado decidió la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente español, Pedro Sánchez y le impuso medidas cautelares que incluyen la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y comparecencias cada 15 días.
El magistrado le atribuye la presunta comisión de cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, y aceptó las medidas reclamadas por la organización Hazte Oír, que actúa como acusación popular.
En la misma resolución, el juez acordó imponer idénticas medidas cautelares a la asesora María Cristina Álvarez Rodríguez, que deberán mantenerse durante el tiempo que dure la tramitación de esta causa y hasta que se dicte una resolución firme, detalló.
La decisión se adoptó tras la audiencia preliminar celebrada este lunes en los juzgados de Plaza de Castilla, donde las acusaciones populares reiteraron sus pedidos en materia de restricciones cautelares.
Los alcances del Caso Cátedra TSC
La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid dictó la apertura de juicio oral en el denominado Caso Cátedra TSC, en el que figuran como principales investigados Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno; el empresario Juan Carlos Barrabés Cónsul; y la asesora María Cristina Álvarez.
A los tres se les imputan delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, según consta en el auto.
De acuerdo con la resolución, tras la llegada de su esposo a la presidencia, Gómez impulsó la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) en la Universidad Complutense de Madrid. Se le atribuye haber utilizado su posición y sus contactos institucionales para captar fondos y apoyos de grandes empresas, algunas de ellas vinculadas al sector público.
Además, se investiga un presunto desvío de recursos universitarios y la apropiación de un software desarrollado en el marco de la cátedra, que habría sido incorporado a su patrimonio privado mediante el registro de marcas, dominios web y la sociedad Transforma TSC S.L.
Por su parte, la asesora Cristina Álvarez habría asistido de forma regular a Gómez en gestiones privadas del proyecto, utilizando recursos públicos y participando en negociaciones y reuniones vinculadas con la plataforma tecnológica, actuaciones que el juez considera incompatibles con su función pública.
El rol del empresario Barrabés y los planteos de las defensas
En cuanto a Juan Carlos Barrabés, el magistrado lo investiga por su relación empresarial y la presunta obtención de contratos públicos que habrían sido facilitados por la intervención de Gómez.
Las defensas solicitaron el cierre de la causa al sostener que los hechos no constituirían delito o estarían prescriptos, especialmente en lo relativo a la situación de Cristina Álvarez. También pidieron que la Universidad Complutense de Madrid quedara fuera del proceso y que la acusación popular asumiera los gastos del juicio.
Sin embargo, el juez rechazó estos planteos, resolvió que el caso sea juzgado por un jurado popular y ordenó la imposición de las medidas cautelares ahora notificadas a los investigados.
