Entidades de abogados cuestionan accionar de jueces y anticipan que darán lucha en defensa de la ley de honorarios
Diversos colegios y asociaciones de la abogacía chaqueña se pronunciaron ante la acción de inconstitucionalidad promovida por la Asociación de Magistrado
Las principales entidades que nuclean a la abogacía en la provincia del Chaco se expresaron tras la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco contra la recientemente promulgada Ley de Honorarios Profesionales (N° 4228-C).
A través de un comunicado conjunto, las instituciones señalaron que la impugnación proviene de "un sector acotado de la magistratura" y advirtieron que lo que se presenta como una "defensa de la judicatura" es, en realidad, "la insistencia de un sector que no acepta que la Legislatura provincial haya establecido mínimos arancelarios obligatorios".
Desde el sector de la abogacía, sostienen que el trasfondo del conflicto es la pérdida de la "discrecionalidad" con la que los jueces regulaban los honorarios. "Esa discrecionalidad nunca fue un atributo de la independencia judicial; fue, durante años, una herramienta para disciplinar a la abogacía", sentenciaron, subrayando que la nueva normativa busca eliminar esta práctica para garantizar el ejercicio libre de la profesión.
Ante este panorama, las entidades ratificaron su "decisión inquebrantable" de defender la Ley en todos los fueros e instancias. "Seremos parte porque tenemos derecho a serlo y porque tenemos la obligación institucional de hacerlo", afirmaron, enfatizando que no renunciarán a la "conquista que años de lucha colectiva nos han deparado".
COMUNICADO COMPLETO
"ANTE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY 4228-C
Resistencia Chaco, 19 de junio de 2026
Las entidades de la abogacía organizada del Chaco hacemos saber nuestra posición institucional ante la acción de inconstitucionalidad promovida por la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco contra la Ley N° 4228-C de Honorarios Profesionales, recientemente promulgada.
Consejo Profesional de la Abogacía de la Primera Circunscripción Judicial del Chaco - Dr. José Miguel Vigier
Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia - Dr. José René Galassi
Colegio de Abogados de Sáenz Peña | Segunda Circunscripción Judicial del Chaco - Dra. Florencia L. Ávila Arkwright
Colegio de Abogados de Villa Ángela - Dra. María Cecilia Arroyo
Colegio de Abogados de la Cuarta Circunscripción Judicial del Chaco - Dra. Ivana Yanina Balberdi
Colegio de Abogados y Procuradores de General José de San Martín, Chaco - Dr. Gastón Marcelo Navarro
Colegio de Abogados del Norte (Juan José Castelli) - Dr. Oscar E. Trojan
Asociación de Abogados de Villa Ángela - Dr. Luis María Cadaviz
No nos sorprende. Quienes fracasaron en obtener un veto que la comunidad jurídica, la representación democrática y el Poder Ejecutivo rechazaron, pretenden ahora conseguir por sentencia lo que no lograron por persuasión. Es su derecho procesal. Pero la premisa que sostiene su pretensión que la Ley 4228-C contiene normas inconstitucionales es falsa. La ley establece deberes, sanciona su incumplimiento con nulidad, crea procedimientos y órganos para hacerlos cumplir. Eso es lo que hace cualquier régimen jurídico en cualquier materia. Lo único particular es que los obligados son jueces y que la materia protegida son los honorarios de los abogados y las abogadas. Ese es el verdadero motivo de la impugnación: no la independencia judicial, sino la pretensión de que una categoría de obligados quede eximida, por su sola investidura, de cumplir la ley que regula la retribución del trabajo profesional ajeno.
La acción proviene de una asociación que agrupa a un sector acotado de la magistratura local y que fuerza una representación institucional que hegemoniza. Lo que se presenta como defensa de la judicatura es, en rigor, la reacción de los mismos aislados magistrados que impulsaron el pedido de veto, que publicaron cartas en los diarios, que emitieron comunicados en las redes sociales, y que ahora tras fracasar en cada una de esas instancias pretenden obtener por sentencia propia lo que no lograron por persuasión ajena. El círculo se cierra sobre sí mismo: los mismos que impulsan la acción son los que ya se pronunciaron individualmente en el mismo sentido desde sus juzgados. No es la voz del Poder Judicial del Chaco: es la insistencia de un sector que no acepta que la Legislatura provincial haya establecido mínimos arancelarios cuya observancia es obligatoria también para quienes regulan honorarios.
A esta altura, resulta ineludible una precisión de fondo. Lo que verdaderamente se resiste a perder este sector de la magistratura es la discrecionalidad para determinar, sin otro límite que su propia voluntad, la retribución del trabajo de los abogados y las abogadas. Esa discrecionalidad nunca fue un atributo de la independencia judicial: fue, durante años, una herramienta para disciplinar a la abogacía, para premiar o castigar a través de la regulación de honorarios, para subordinar económicamente al profesional frente al juez ante quien litiga. La Ley 4228-C les quita esa herramienta, y solo eso explica la virulencia de la reacción. Un abogado cuya retribución depende de la voluntad discrecional del juez no es un abogado libre. Y una abogacía que no es libre no puede defender con plenitud los derechos de quienes la necesitan. Por eso esta ley no nos protege solo a nosotros: protege a todo aquel que alguna vez necesite un abogado que no le tenga miedo al juez.
RATIFICAMOS nuestra decisión inquebrantable de defender la Ley 4228-C en cuanto foro o instancia debamos y podamos hacerlo. Lo haremos como parte reconocida en el proceso judicial abierto por la Asociación de Magistrados, o como parte que pedirá igualmente su intervención, porque se trata de nuestros honorarios, de la dignidad de nuestro trabajo, y porque no vamos a renunciar a la conquista que años de lucha colectiva nos han deparado. Nadie puede pretender que los abogados y las abogadas del Chaco seamos espectadores silenciosos de una acción judicial dirigida a anular la ley que regula y protege nuestra retribución. Seremos parte porque tenemos derecho a serlo y porque tenemos la obligación institucional de serlo.
Decimos además, con la autoridad que nos da el ejercicio cotidiano de la profesión, que nadie necesita más que la abogacía una magistratura independiente e imparcial. De la independencia judicial depende la recta aplicación del derecho, y de ella depende que nuestras defensas y planteos sean razonablemente resueltos. La independencia judicial es, para los abogados y las abogadas, una condición de nuestro trabajo, y por eso la hemos defendido siempre y la seguiremos defendiendo. Precisamente por eso afirmamos, con pleno conocimiento de causa, que ni la Ley 4228-C ni el Observatorio de Cumplimiento de la Ley de Aranceles que ya hemos constituido en ejercicio de las facultades que la propia ley nos confiere afectan ni afectarán esa esencial garantía de la que dependemos.
Defender la Ley 4228-C es defender la dignidad del ejercicio profesional de la abogacía chaqueña. Pero es, también, defender un sistema de justicia más justo, donde la retribución del trabajo del abogado que defiende derechos no quede librada al arbitrio sin límites de quien debe regularla. Una abogacía dignamente retribuida es una abogacía más libre, más independiente y más eficaz en la defensa de los derechos y las libertades de los chaqueños y las chaqueñas. Eso lo que está en juego. Y por eso, precisamente, no vamos a retroceder."
