Desalojo en la Comunidad Diaguita-Kallchakí "Las Pailas" (Cachi, Salta) - Confirmado
El operativo policial que arrasó con la comunidad diaguita-kallchakí Las Pailas en Cachi no es un hecho aislado de violencia institucional; es la puesta en marcha de un nuevo paradigma político en el país. El desamparo legal por la caída de la ley
El operativo policial que arrasó con la comunidad diaguita-kallchakí Las Pailas en Cachi no es un hecho aislado de violencia institucional; es la puesta en marcha de un nuevo paradigma político en el país. El desamparo legal por la caída de la ley de emergencia territorial indígena y los lazos de poder de los demandantes con el peronismo salteño se combinaron para ejecutar un desalojo que desbordó por completo los límites judiciales y territoriales.
- POR AF PARA CONFIRMADO
El paraje San Gabriel se convirtió en el escenario de una demostración de fuerza desmedida que dejó a la vista el sálvese quien pueda legal que enfrentan las comunidades originarias. La Policía de Salta, con un despliegue de más de 500 efectivos que incluyó a cuerpos de Infantería, irrumpió para hacer efectiva una orden judicial que acumulaba trece años de postergación. La celeridad y el ensañamiento del operativo no responden a un repentino celo por la legalidad, sino al vencimiento de los plazos políticos y al peso de los apellidos que reclaman las tierras: los hermanos Carolina, Florencia y Oscar Wayar, sobrinos directos del ex vicegobernador Walter Wayar, junto a Sergio Guitián, familiar de una exintendenta local. Con las influencias políticas en su lugar, solo restaba que la protección nacional se desmoronara.
La caída del paraguas legal y la herencia del peronismo local
El detonante técnico de este avasallamiento ocurrió lejos de los cerros salteños, precisamente el 10 de diciembre de 2025, cuando el Ejecutivo nacional decretó el fin de la prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena. Esta normativa era el único dique de contención que impedía la ejecución de sentencias de desalojo contra posesiones ancestrales, manteniendo el caso de Las Pailas congelado desde su primera resolución en 2013. Sin el amparo de la ley nacional, la justicia salteña no tardó en reactivar el expediente para favorecer a los herederos de la corporación política provincial, demostrando que la vulnerabilidad de los pueblos originarios es absoluta ante el nuevo marco desregulador.
El operativo se planificó con una precisión quirúrgica para garantizar la indefensión de las familias. La ejecución comenzó el viernes previo a un fin de semana largo, una maniobra recurrente para dejar a los abogados defensores con las manos atadas ante tribunales cerrados. Mientras los plazos judiciales corrían en el vacío, las fuerzas de seguridad avanzaron sobre el territorio desconociendo el propio mandato del juez, que estipulaba el desalojo de apenas cuatro hectáreas y terminó convirtiéndose en una anexión de hecho de más de cuarenta y cuatro hectáreas de producción comunitaria.
Violencia en el territorio y el gobernador Saenz se lava las manos
Las denuncias penales presentadas tras el repliegue policial exponen un avasallamiento humanitario y económico. Los testimonios coinciden en el uso de la violencia física y verbal contra niños, ancianos y personas con discapacidad, sumado a la destrucción sistemática de viviendas y de cultivos listos para la cosecha que representaban el sustento del año. La confiscación de herramientas de trabajo y la dispersión intencional de los animales completaron un cuadro de tierra arrasada que busca forzar el desarraigo definitivo de la comunidad, una situación que se agravó institucionalmente cuando la fiscalía provincial optó por imputar a los damnificados por el delito de usurpación.
Ante la gravedad del conflicto y la exposición de los lazos familiares de los demandantes con el poder político, el gobernador Gustavo Sáenz apeló a la clásica estrategia de la prescindencia institucional. Al declarar públicamente que el Poder Ejecutivo no puede intervenir ante sentencias de un poder independiente, el mandatario salteño intentó desligarse del costo político de una represión que su propia policía ejecutó con exceso de atribuciones. El silencio y la inacción estatal no hacen más que convalidar un peligroso precedente donde la propiedad registral ligada al poder formal prevalece sobre la posesión histórica y los derechos humanos básicos.
