El acampe wichí que desnuda el abandono y el hambre en el Chaco de Zdero - Confirmado
Cientos de familias originarias cumplen dos semanas de protesta en las puertas de Misión Nueva Pompeya ante una crisis terminal que combina desnutrición, brotes de tuberculosis y la falta total de agua potable. Mientras las comunidades denuncian un
Cientos de familias originarias cumplen dos semanas de protesta en las puertas de Misión Nueva Pompeya ante una crisis terminal que combina desnutrición, brotes de tuberculosis y la falta total de agua potable. Mientras las comunidades denuncian un genocidio silencioso en el norte provincial, la gestión del gobernador Leandro Zdero mantiene paralizada la asistencia alimentaria y subejecuta los presupuestos destinados a los pueblos indígenas.
- POR AF PARA CONFIRMADO
El norte profundo de la provincia del Chaco es escenario de un drama humanitario que el poder político local intenta invisibilizar detrás de la propaganda oficial. Bajo la consigna Basta de hambre y muertes por tuberculosis, cientos de pobladores de la etnia Wichí consolidaron un acampe permanente en el acceso a Misión Nueva Pompeya, rodeados de ollas populares vacías y un desamparo estatal absoluto. El detonante de la movilización fue el reciente fallecimiento de una mujer de la zona por causas completamente evitables, una tragedia que para los referentes comunitarios desnudó de forma obscena el colapso del sistema sanitario y aceleró la decisión de marchar desde parajes históricamente postergados como El Sauzal, Sauzalito, Comandancia Frías y Wichí El Pintado.
Emergencia sanitaria en el territorio del olvido
El pliego de reclamos comunitarios traza un diagnóstico de extrema gravedad que desmiente de manera categórica el relato de la gobernación chaqueña respecto al desarrollo de la región. El Chaco salteño y el Impenetrable sufren un brote descontrolado de tuberculosis y Chagas, patologías de la pobreza que avanzan sin freno debido a los alarmantes índices de desnutrición infantil. Este cuadro clínico se agravó drásticamente en los últimos meses tras el cierre sistemático de merenderos comunitarios y la parálisis de los comedores escolares, dejando a las infancias del norte provincial sin su principal fuente de calorías diarias.
A la crisis alimentaria se le suma la falta de infraestructura básica para la supervivencia humana. A pesar de las promesas oficiales de conectividad y redes de distribución, el agua segura es un bien inexistente en la mayoría de los parajes, obligando a las familias a consumir agua de charcos o pozos contaminados. El desabastecimiento crónico de medicamentos básicos en los puestos sanitarios rurales y la ausencia total de ambulancias operativas para traslados de emergencia hacia centros de mayor complejidad completan un esquema donde enfermarse en el norte chaqueño equivale a una condena a muerte.
Cajas vacías y el blindaje de la pauta oficial
Uno de los puntos más críticos de la denuncia apunta de manera directa contra el programa alimentario provincial Ñachec, la principal herramienta de asistencia de la gestión actual. Los manifestantes expusieron ante los organismos de derechos humanos que la ayuda oficial llega al territorio de manera ínfima apenas cada cuatro o cinco meses. Las cajas de mercadería arriban notoriamente reducidas debido a un sistema de distribución discrecional manejado por punteros políticos, quienes según denuncian los referentes locales desarman los módulos a mitad de camino, dejando a las familias en un estado de desesperación tal que la única demanda en las rutas es conseguir cualquier tipo de alimento para pasar el día.
El trasfondo presupuestario de la provincia vuelve este panorama aún más violento. Mientras el Instituto de Comunidades Aborígenes mantiene subejecutados o desviados los fondos millonarios asignados por ley para paliar las necesidades urgentes de los pueblos originarios, la administración de Leandro Zdero prioriza el blindaje mediático de su gestión con partidas multimillonarias destinadas a la publicidad oficial. Esta alarmante desconexión entre las prioridades fiscales de la Casa de Gobierno en Resistencia y la realidad de las comunidades que resisten a la intemperie expone la crueldad de un modelo político que decidió erradicar la asistencia social allí donde la vida humana depende estrictamente de ella.
