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Confirmado.ar 19/06/2026 10:27 3 min de lectura

Polémica por una intimación de ARCA a Matías Tabar: denuncian una posible represalia tras sus declaraciones sobre Adorni - Confirmado

El contratista que involucró al jefe de Gabinete en presuntos pagos no registrados recibió un requerimiento para justificar su situación patrimonial en diez días. Desde distintos sectores interpretan la medida como una respuesta a sus denuncias, mien

Polémica por una intimación de ARCA a Matías Tabar: denuncian una posible represalia tras sus declaraciones sobre Adorni - Confirmado
Foto: Confirmado.ar

El contratista que involucró al jefe de Gabinete en presuntos pagos no registrados recibió un requerimiento para justificar su situación patrimonial en diez días. Desde distintos sectores interpretan la medida como una respuesta a sus denuncias, mientras el Gobierno niega cualquier irregularidad.

- POR AF PARA CONFIRMADO

La investigación que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo cargado de controversia. Matías Tabar, el contratista que declaró públicamente y ante la Justicia sobre presuntos pagos realizados sin registración formal durante obras en propiedades vinculadas al funcionario, recibió una intimación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para que presente en un plazo de diez días una justificación de su situación patrimonial.

La notificación generó una inmediata reacción en ámbitos políticos y mediáticos, donde surgieron cuestionamientos acerca de la oportunidad de la medida y sospechas de que podría tratarse de una represalia vinculada con las denuncias formuladas por el empresario de la construcción.

Tabar quedó en el centro de la escena meses atrás luego de sostener que había realizado trabajos para Adorni y que parte de los pagos se habrían efectuado en efectivo y sin la documentación habitual. Sus declaraciones se incorporaron al expediente judicial que investiga la evolución patrimonial del jefe de Gabinete y derivaron en nuevas medidas de prueba.

Una intimación que genera sospechas

De acuerdo con la información conocida en las últimas horas, ARCA requirió al contratista que aporte documentación y explicaciones sobre su patrimonio y determinados movimientos económicos.

Si bien este tipo de procedimientos forman parte de las facultades habituales del organismo recaudador, la decisión despertó suspicacias debido a que se produjo después de que Tabar se convirtiera en uno de los principales testigos del caso que involucra al funcionario nacional.

Sectores de la oposición y referentes críticos del Gobierno interpretaron la medida como una posible señal de presión hacia quien impulsó revelaciones que complicaron la situación política y judicial de Adorni.

Por el momento, no existe evidencia pública que demuestre que la intimación haya sido ordenada como represalia, aunque la coincidencia temporal alimentó el debate político y abrió interrogantes sobre la actuación de los organismos estatales.

El caso Adorni sigue escalando

La controversia se produce en medio de una investigación que ya provocó fuertes cuestionamientos al jefe de Gabinete. En las últimas semanas, Adorni reconoció haber mantenido durante años ahorros no declarados, que luego atribuyó a inversiones en criptomonedas, herencias y fondos acumulados durante su actividad privada. Diversos medios nacionales revelaron además rectificaciones patrimoniales y presentaciones realizadas ante la Oficina Anticorrupción y ARCA para justificar la evolución de sus bienes.

En paralelo, la Justicia continúa analizando documentación, movimientos patrimoniales y el contenido de dispositivos secuestrados durante la investigación. El propio fiscal federal Gerardo Pollicita avanzó en distintas medidas vinculadas a la justificación de ingresos y patrimonio.

Un nuevo frente para el Gobierno

La intimación a Tabar amenaza con abrir un nuevo frente de conflicto para la administración de Javier Milei, que en las últimas semanas salió en defensa de Adorni frente a las acusaciones y cuestionamientos sobre su patrimonio.

Mientras tanto, el contratista deberá responder al requerimiento fiscal dentro del plazo establecido. Sin embargo, más allá de la cuestión tributaria, el episodio ya adquirió una dimensión política que promete profundizar la polémica en torno a uno de los funcionarios más cuestionados del Gobierno nacional.

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