El círculo rojo empresarial advirtió al FMI sobre riesgos de un plan económico con apertura comercial y recesión
En un encuentro entre la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y un representante del FMI, empresarios alertaron sobre los riesgos para el sector privado ante la apertura comercial en un contexto r
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) mantuvo una reunión con Max Alier, representante del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Argentina, en la que se plantearon serias preocupaciones sobre la hoja de ruta económica del Gobierno. Los empresarios advirtieron que la combinación de apertura comercial durante un ciclo recesivo y la ausencia de alivios en la carga tributaria podrían poner en riesgo la supervivencia de numerosas empresas, especialmente aquellas con menor productividad.
El encuentro, encabezado por el presidente de la CAC, Natalio Mario Grinman, tuvo como objetivo la presentación del último informe del FMI sobre el programa económico vigente en Argentina. Aunque desde la cámara existe un respaldo al ordenamiento macroeconómico y a la búsqueda de equilibrio fiscal, el clima interno refleja creciente inquietud por los efectos colaterales que la transición económica podría tener sobre el tejido productivo tradicional.
El eje central del debate fue la apertura de la economía. Los miembros del Consejo Directivo expresaron su preocupación sobre cómo podrán subsistir los sectores productivos más rezagados en productividad a medida que se eliminen las barreras al comercio exterior. Según indicaron desde la CAC, Argentina continúa siendo una de las economías más cerradas del mundo en términos de comercio exterior sobre el PBI. Sin embargo, un proceso acelerado de liberalización aplicado en medio de una fuerte caída del consumo interno genera alarma sobre una posible crisis de rentabilidad en los sectores comercial y de servicios.
Esta preocupación empresarial coincide en parte con las advertencias del propio FMI. En el Staff Report, el organismo reconoce los riesgos asociados a la apertura comercial y señala que “serán necesarios mayores esfuerzos para mitigar los costos de dislocación asegurando que las ganancias del sector primario en auge se traduzcan en beneficios de base amplia a través de sectores y provincias”. Mientras el programa económico confía en que los sectores extractivos impulsarán indirectamente el empleo en servicios, la cúpula del comercio advirtió que, en el “mientras tanto”, las empresas orientadas al mercado interno enfrentan riesgos significativos.
Otro aspecto destacado en la reunión fue la cuestión tributaria. La CAC aprovechó la oportunidad para manifestar al FMI su rechazo a la propuesta de ampliar la base de contribuyentes del Impuesto a las Ganancias y aumentar el Monotributo como parte del plan de consolidación fiscal. Según fuentes presentes en el encuentro, se transmitió que incrementar la presión fiscal sobre la clase media asalariada en un contexto recesivo dañaría aún más el consumo, que ya muestra signos de estancamiento, afectando los ingresos reales de los hogares.
Esta postura choca con la estrategia estructural del FMI, que contempla reformas para reducir gradualmente impuestos distorsivos, simplificar el sistema tributario y ampliar la base impositiva mediante la racionalización de exenciones y regímenes especiales. Sin embargo, desde la CAC sostienen que “sin un incremento de los ingresos personales, una mayor presión tributaria sobre los trabajadores en relación de dependencia solo reduciría los niveles de consumo, ahogando una recuperación de la que comienzan a observarse los primeros síntomas”.
Además, los empresarios advirtieron que un aumento significativo del Monotributo o el traslado forzado de contribuyentes al Régimen General podría generar un efecto contrario al esperado, impulsando a miles de pequeños contribuyentes hacia la informalidad estructural.
En cuanto a la presión impositiva provincial, hubo consenso entre la CAC y el FMI sobre el impacto negativo de impuestos distorsivos como Ingresos Brutos, Sellos y tasas municipales, especialmente la de Seguridad e Higiene. La elevada informalidad fiscal en el país genera que la carga tributaria recaiga sobre un reducido grupo de empresas formalizadas, lo que representa una distribución injusta y desigual del costo del Estado. Para el sector del comercio y servicios, estos impuestos subnacionales constituyen “la mayor preocupación actual”, actuando como un freno para la inversión privada.
El FMI también destacó en su análisis que provincias y municipios dependen en gran medida de estos impuestos distorsivos, que se suman a la carga fiscal general y encarecen el costo de hacer negocios en Argentina. Desde la CAC se planteó que cualquier reforma tributaria integral debe incluir a las jurisdicciones locales como actores activos del ajuste fiscal, exigiendo a gobernadores e intendentes que reformen sus estructuras impositivas, reduzcan el gasto público en términos reales y disminuyan la presión tributaria que afecta la rentabilidad empresarial.
En síntesis, el diálogo entre la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y el FMI puso en evidencia las tensiones entre la necesidad de avanzar en reformas estructurales y la urgencia de proteger a los sectores productivos más vulnerables en un contexto económico complejo, marcado por la recesión y la apertura comercial.
